EL VOCERO/Archivo

Los representantes José Aponte Hernández y Gabriel Rodríguez Aguiló, del Partido Nuevo Progresista (PNP), se querellaron contra el secretario de Justicia, César Miranda, ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y a la Oficina del Panel del Fiscal Independiente (FEI), por presuntamente haber participado en eventos político partidista en violación de la ley 1-2012 y 178-2001.

Aponte Hernández explicó que Miranda participó de manera activa de la Conferencia Legislativa del Partido Popular Democrático (PPD), convocada en el Centro de Convenciones por su presidente, el gobernador Alejandro García Padilla, el pasado 14 de mayo, donde se discutieron asuntos en relación al el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y luego la idea de agrandar el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU).

Expresó que también incurrió en violación a la ley al participar en la reciente audiencia en Washington de la Subcomisión de Asuntos Indígenas, Insulares y Nativos de Alaska de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para examinar los procedimientos relativos a la condición política de Puerto Rico y sus perspectivas económicas.

“Durante el turno de preguntas a los deponentes, se reiteró que la invitación a participar de la vista era a los presidentes de los tres partidos políticos inscritos (en Puerto Rico), no al Secretario de Justicia”, indicó Aponte Hernández.

De acuerdo con el representante del PNP, Miranda pudo haber quebrantado la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, así como la ley 178-2001.

Detalló que la ley 1-2012, de Ética Gubernamental, prohíbe la participación en actividades políticas y su promoción por parte de servidores públicos mientras se encuentran en sus funciones de trabajo.

La ley 178-2001, en tanto, veda la participación a ciertos secretarios del Gobierno de Puerto Rico, incluido el de Justicia, en actividades político partidista en Puerto Rico y Estados Unidos.

“El sistema Educativo, el sistema de Justicia, el cuerpo de la Policía y el Departamento de Hacienda son áreas sensitivas del servicio público, donde la independencia de criterio es indispensable para una sana administración pública”, especificó Aponte Hernández

Mencionó que los servidores públicos que dirijan estas áreas deben representar, con su ejemplo, la política pública del gobierno.

El representante Rodríguez Aguiló señaló, por su parte, que hay que poner en duda el “juicio imparcial” que tendrá el secretario de Justicia al ejercer su función pública.

“Es muy preocupante que el Secretario participe activamente y sin ninguna aparente restricción, de eventos de naturaleza político-partidista, tenemos que cuestionarnos entonces si ese entrometimiento, ilegal, en el sector político impedirá que Justicia realice las investigaciones que ahora están pendientes contra funcionarios de la actual administración”, puntualizó.

Rodríguez Aguiló advirtió que los fiscales y agentes del propio Departamento de Justicia no pueden participar de ninguna actividad política, mas su jefe obvia esa advertencia.