En momentos cuando el dinero en efectivo en el Departamento de Hacienda y en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) apenas suma $92 millones, la reestructuración de las obligaciones públicas -que evidentemente no se alcanzarán a pagar- podría tener el resultado de superar el tope del 15% de la deuda constitucional ante los reclamos legales de bonistas.
Ese efecto llegaría con la exigencia de acreedores de deuda garantizada contra el Fondo General, en busca de que se activen las garantías frente a un incumplimiento en los acuerdos originales de las transacciones.
Si eso ocurre, automáticamente la deuda garantizada se convertiría en constitucional, lo que significa que el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) estaría obligado a pagarla por encima de cualquier otra consideración. Es entonces cuando el tope de 15% establecido por la Constitución del ELA rompería el techo de la deuda.
Lo que está planteado es parte del complejo escenario, luego que el pasado domingo el gobernador Alejandro García Padilla conmocionó a la comunidad financiera al decirle al periódico The New York Times que la deuda del ELA “es impagable” y, por lo tanto, su plan es gestionar la reestructuración.
Las advertencias de algunos fondos de bonos, como Oppenheimer Funds, ya están hechas y aseguran que “defenderán” el pago de lo que prestaron si finalmente el gobernador encamina cambios en sus contratos. Esto conllevaría casos legales, que representarán un nuevo reto y un gasto mayor para las raquíticas finanzas de la Isla.
Del total de $73,000 millones de la deuda del ELA, unos $14,700 millones es deuda constitucional y $5,600 millones es garantizada, según consta en la Resolución Conjunta del Senado número 41 (del 12 de febrero de 2015), que se presentó para solicitar al Congreso de Estados Unidos y al presidente Barack Obama, la aprobación del proyecto que habilitaría el Capítulo 9 de la ley de quiebra federal sobre Puerto Rico. Los restantes $50,000 millones es deuda de las corporaciones públicas, municipios y los sistemas de retiro del gobierno.
A juzgar por el informe financiero y operacional del gobierno para el último trimestre del año natural 2014, el tope de la deuda constitucional estaba en 13.8%. Ese nivel sale de la relación entre el promedio de ingresos internos ajustados al Fondo General durante los dos años previos y el pago de las obligaciones garantizadas. Con la baja en los recaudos los últimos dos años y la falta de liquidez general del gobierno, el nuevo computo que se realice para estimar la deuda constitucional antes de que se active cualquier reclamación más allá de la correspondiente a los bonos de las obligaciones generales (GO´s, que son los protegidos por la Constitución), es probable que se supere el tope del 15%, según fuentes financieras consultadas.
La última emisión de GO´s fue realizada en marzo de 2014 con $3,500 millones, que alcanzó un rendimiento histórico de 8.727% ante la devaluación a nivel chatarra del crédito local. Para este nuevo año fiscal 2015-2016, hay un aumento de 53% en el servicio de la deuda, en parte, porque comienzan los pagos de intereses de esa emisión.
De acuerdo con proyecciones del gobierno en el citado informe financiero, el servicio de la deuda de los GO´s para el presente año fiscal que terminará el 30 de junio de 2016, será de $1,162 millones. Mientras, el total de la deuda pública (garantizada o no) a ser pagada será de $1,537.9 millones.
Está claro que cuando hizo las recientes expresiones al New York Times, el gobernador García Padilla conocía el impacto del nuevo informe trimestral sobre las finanzas públicas, divulgado el 30 de junio pasado, que muestra un balance de dinero en efectivo en las cuentas de Hacienda de apenas $20 millones y de $72 millones en efectivo en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
La liquidez neta del BGF es $777.8 millones y durante este año fiscal le maduran unos $876 millones en notas. A mediados de julio corresponde pagar $95 millones y en agosto otros $154 millones, relacionados a deuda municipal.
¿De dónde salió el dinero?
Con la cantidad que tienen en “cash” los principales agentes fiscales del ELA, luego de los recientes desembolsos para el pago de $640 millones en principal e intereses correspondiente a los GO´s y otros $150 millones para completar las obligaciones de los bonos en anticipación de contribuciones y pagarés (TRAN´s) del fiscal 2014-2015, la situación de las finanzas es más delicada.
De hecho, EL VOCERO intentó comunicarse con el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, para obtener una explicación sobre la procedencia de los dineros para esos pagos, toda vez que hace unas semanas el funcionario afirmó que no había dinero para prácticamente nada, ni para pagar reintegros.
Asimismo, los informes indican que esta agencia tiene $270 millones en sobregiros.
Por su parte, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que encamina su reestructuración, igual pudo pagar $417 millones a sus acreedores el 1 de julio, dinero que obtuvo de su reserva del pago de deuda ($262 millones), de su fondo de operaciones ($153 millones) y de un préstamo a corto plazo con las aseguradoras de bonos ($128 millones). Con esto, logró extender sus acuerdos de indulgencia con acreedores, mientras continúa como la agencia más cercana a la posibilidad de un impago con sus bonistas, según estimados de las casas acreditadoras y analistas del mercado.
Por el momento, mientras se organizan las gestiones para negociar con la mayor cantidad de los bonistas del ELA, el equipo fiscal liderado por la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, intensifica los planes para tratar de conseguir liquidez y evitar el impago que en días recientes las casas acreditadoras volvieron a reiterar que podría ocurrir en los próximos meses.
Las gestiones incluyen un intercambio de notas del BGF, de unos $4,000 millones, lograr la obtención de TRAN´s a través de corporaciones públicas y la banca privada, y hacer crecer los ingresos al Fondo General con la puesta en vigor del nuevo aumento en el Impuesto de Ventas y Uso (IVU), de 7% a 11.5%.
Sin embargo, la firma KPMG, que realizó recomendaciones para el abortado proyecto de reforma contributiva, sobre el cual –en parte- se fundamentó el aumento en el IVU y la eventual transformación hacia un Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya había anticipado que al llegar imposiciones mayores al consumo, habría un efecto de regresividad y los recaudos podrían sentir un golpe negativo durante un tiempo en lo que se estabiliza el comportamiento y el bolsillo de las personas.
Esto mantiene preocupación sobre el resultado del impuesto decretado en los recaudos de Hacienda para los próximos meses, que precisamente son los más críticos de los últimos años para las finanzas públicas.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
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