EL VOCERO/Archivo

Más de 4.3 millones de dólares podrían perder el Programa de Protección y Defensa de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI) y el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo (CEDD) si la Cámara de Representantes no aprueba el Proyecto del Senado 1067.

Así lo advirtió Carlos Molina Román, presidente del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, quien indicó que estos fondos federales “buscan proteger los derechos de las personas con impedimentos y el desarrollo de proyectos innovadores para esta población”.

Luego de una notificación publicada en el Fedeal Register, anunciando una vista administrativa para la terminación definitiva de los fondos, el gobierno de Puerto Rico se comprometió con la Administration on Intellectual Developmental Disabilities (AIDD) y la Administration on Community Living (ACL) a tener aprobado el proyecto antes del 30 de junio de 2015.

Los fondos habían sido suspendidos desde octubre de 2014.

El próximo lunes, el gobierno tiene que notificar a estas agencias federales la aprobación del proyecto, y de esto no ocurrir quedaría en manos de las autoridades pertinentes otorgar una prórroga o no para corregir la monitoria que se notificó en 2012.

Varias personas con impedimentos se dieron a la tarea de orientar a los representes sobre la importancia y la urgencia de la aprobación de este proyecto y solicitaron una sesión extraordinaria al gobernador para que se apruebe a la mayor brevedad posible.