Históricamente la acumulación de riquezas para la población futura era el norte de la inmensa mayoría de las familias puertorriqueñas, hoy escasamente esas tenencias les permiten llevar una vejez digna, teniendo que recurrir a innumerables estrategias para poder sobrevivir de cara a que cada día el dinero y los valores se esfuman a un ritmo acelerado, que en la pasada década representó la pérdida de $85,000 millones.
Economistas y analistas financieros coinciden en que la situación económica actual de la Isla, la alta emigración y la continuidad de aprobación de medidas encaminadas a elevar el costo de vida en la Isla agravan la tendencia alcista en la pérdida de riquezas, situación que aunque afecta a todos los puertorriqueños, en este momento, el sector más perjudicado es el de los ancianos. Esto porque no tienen los métodos para poder aumentar sus riquezas y aquellas riquezas acumuladas ya han reducido marcadamente su valor, perdiendo inclusive en muchas de ellas hasta su garantía de seguridad económica.
El economista Gustavo Vélez, tras un análisis realizado pudo demostrar que durante la pasada década, la Isla ha visto reducir sus riquezas en unos $85,000 millones, cifra que si se divide por 10 años, casi representa el presupuesto operacional del país anualmente.
Según el economista, la Isla ha perdido en el valor bursátil de las acciones bancarias alrededor de $15,000 millones. Por la merma de un 30% en los bienes raíces, unos $30,000 millones adicionales. A ello se suman $10,000 millones en las pérdidas de bonos y fondos mutuos y por concepto de pérdida de ingresos, con unas 200,000 personas menos en la fuerza laboral con ingresos promedios de $30,000, alcanzan $30,000 millones adicionales.
De cara a que la economía no acaba de repuntar, ni se contemplan una pronta recuperación, ese deterioro en las riquezas seguirá en alzada. Ejemplo de ello fue la reciente caída en el valor bursátil de la banca y los bonos puertorriqueños, cuyo efecto en un año pudiese representar otro duro golpe a las riquezas de unos $3,000 millones, cifra que no contempla la continua caída en el valor de las propiedades, hoy uno de los principales activos de las familias puertorriqueñas y la garantía de su primordial riqueza.
Para el economista Carlos Colón De Armas, quien coincide con el monto de la pérdida, la solución a esta realidad estriba en incentivar la inversión, en vez de discutir el gasto. “En vista a que la inversión privada no está llegando, al gobierno le corresponde liberar recursos para esos fines. El gobierno ha tomado el rumbo equivocado y ha logrado que los mercados pierdan la confianza en la Isla, lo que no permite que llegue la inversión y con ello se detiene el crecimiento económico”.
En tanto, el economista Argeo Quiñones coincide en que la pérdida masiva de riquezas es una tendencia que va a continuar producto de las medidas económicas que el gobierno sigue aprobando, la merma poblacional y la precaria situación económica. Enfatizó que el segmento del valor de las viviendas será uno altamente afectado, ya que ante la pérdida de población así como el alto número de propiedades reposeídas, se aumenta la oferta de residencias no así la demanda, lo que sigue devaluando el valor. “El ciudadano de a pie todavía no se ha dado cuenta de lo que ha perdido de sus riquezas. Todo beneficio dejado de devengar como bono o ajustes en vacaciones o días por enfermedad, aportación al retiro, entre otros es una pérdida de riqueza. La depreciación de las casas es otro ejemplo”.
Sostuvo, además, que si una familia de clase media trabajadora necesitara convertir en líquido sus riquezas se daría cuenta que en dos años sus pérdidas superan los $75,000 de manera conservadora. Si se trata de una persona cuyos ahorros fueron apostados en los bonos de Puerto Rico, sus riquezas hoy se han reducido en muchos más de $125,000.
Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO
Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.
“Informe Krueger es para no pagar”
El economista Carlos Colón de Armas criticó fuertemente el Informe Krueger y, a su vez, reveló que mientras el Gobernador lo ensalzaba, descartó la hoja de ruta que recomienda, pues solo se usa para no pagar a los bonistas.
El Dr. Colón de Armas destacó que los “disclaimers” (descargos de responsabilidad) del informe indican que los economistas del Informe no verificaron los datos que les dieron, no los confirmaron con fuentes independientes y no garantizan que sean correctos. “Ni siquiera pueden garantizar que los datos que miraron son los que justifican las propuestas que hicieron”, indicó.
Agregó que el mismo informe señala que “hay buenas razones para que algunas de sus recomendaciones no se implanten e incluso en una parte se indica que algunas de las propuestas no son prácticas”.
Por otro lado, dijo que cometen un error al analizar la economía solo a partir del año 2000 y no desde la década del 70. “Si analizas desde el 2000 para acá, piensas que fue una economía (la de Puerto Rico) que se debilitó. Cuando analizas desde los ‘70 para acá, la economía se está debilitando desde esa época. De hecho, y lo he dicho continuamente, el debilitamiento en la economía, comenzó cuando iniciaron las (empresas acogidas a la sección del Código de Rentas Internas federal) 936, no cuando acabó”.
“Pero dentro de esa economía que se viene debilitando desde los ‘70, hasta el 2005 la deuda era robusta, bien clasificada y bien cotizada. El problema fue que a partir del 2000 empezaron a oficializar el uso de préstamos para gastos, no para inversión”, aseguró.
Colón de Armas discrepó, como plantea el Informe Krueger y han respaldado economistas como Vicente Feliciano y Sergio Marxuach, que la deuda es muy grande al compararla con la economía del país. Por sí misma, dijeron Feliciano y Marxuach el pasado lunes a EL VOCERO, no es demasiado elevada comparada con otros países.
Este año fiscal que comenzó el 1 de julio, señaló, el servicio de la deuda es de $4.8 billones, alrededor del 17% de presupuesto consolidado de $28 billones.
“¿Desde cuándo acá, el 17% del ingreso es una cosa que no se puede pagar?”, se preguntó. “Eso no tiene nada que ver con la economía. El problema es que no se tiene “cash” porque se quiere pagar la deuda y pagar todas las demás cosas politiqueras que hay en el gobierno”, cuando la prioridad debe ser cumplir los compromisos.
“Este gobierno quiere salvaguardar sus gastos y sacrificar la deuda. Eso es irresponsable para el futuro, nos van a cerrar los mercados financieros por años. Y cuando vayamos a hacer las inversiones que se requiere, de mejorar las infraestructuras de agua, de energía, de transportación no vamos a tener financiamiento. Si este gobierno dejara de hablar de reestructurar deuda y hablara de reestructurar sus operaciones se acababa el problema”.
Este indicó que la hoja de ruta basada en austeridad que recomienda el Informe es negado por el presupuesto aprobado por el Gobernador. “Acaban de aprobar un presupuesto de $9.8 billones que viola el espíritu y la letra del propio Informe Krueger. El mismo día que divulgaron el Informe Krueger, aprobaron ese presupuesto”. Afirmó que este presupuesto “no sigue las directrices del Informe Krueger. Entonces, ¿Para qué es el Informe, para no pagarle a los bonistas?”.
El gobernador, en su mensaje del pasado lunes al país, alabó reiteradamente este Informe, y llegó a decir que jamás se había hecho uno similar. “Que se lea el Informe Tobin para que vea lo que nos dijeron hace 40 años con mucha más profundidad”, reaccionó Colón de Armas. “La pregunta (retórica) es, si no va a hacer ningún tipo de cambio en el presupuesto que recomendó, para qué era el Informe Krueger, ¿Para usarlo de excusa para no pagarle a los bonistas?”, se cuestionó.
El informe fue sometido en evidencia en la Corte de Apelaciones del distrito de Boston, donde el gobierno pide que se revise la decisión de la corte federal del distrito de Puerto Rico que declaró inconstitucional la Ley para el Cumplimiento de la Deuda y la Recuperación de Corporaciones Públicas o ley de quiebras criolla.
El gobierno sostiene que ese Informe revela la necesidad del gobierno de tener una salida a las deudas que le aquejan. Esta ley busca que las corporaciones públicas puedan reestructurar su deuda. La ley de quiebras criolla fue impugnada por las empresas de manejo de capital Oppenheimer Funds, Franklin Templeton y Blue Mountain Capital, que tienen cuantiosas inversiones en los bonos que emiten las corporaciones, particularmente la AEE.
“Si se saca el informe el lunes, y dice que eso hay que seguirlo ahora, lo primero que tiene que hacer es cambiar su presupuesto. ¿Cuándo es que va a hacer los recortes?” El Informe Krueger también fue impugnado porque reproduce la perspectiva del Fondo Monetario Internacional de hacer fuertes ajustes fiscales en los gobiernos, pero crean demasiada presión sobre los sectores sociales desventajados. Anne Krueger, que encabezó el Informe, fue jefa economista del FMI, así como trabajaron en el FMI los economistas que participaron en el análisis, Andrew Wolfe y Ranjit S. Teja. “Creo que el FMI se ha equivocado en muchas de esas políticas. Creo que hablar de austeridad versus la otra alternativa de mucho gasto es la dicotomía incorrecta. La dicotomía tiene que ser gasto versus inversión”, señaló. Este es el mismo error que comete Krueger, aseveró.
“Ella no distingue entre gasto e inversión. Ellos enyuntan todos los desembolsos como una misma cosa. Y al no hacer esa distinción, cometen un error craso en economía, porque Puerto Rico no necesita más gasto, pero Puerto Rico está ávido de inversión. Y cuando la inversión público y privada se ha caído lo mejor que puede hacer el gobierno es hacer inversión pública, para que promueva la economía”, explicó. Colón de Armas tildó de “filfa” la propuesta considerada por el gobernador Alejandro García Padilla de crear un fondo de inversión voluntario de las empresas foráneas, en vez de aumentarle el porcentaje de contribuciones y extenderlo por más años. Actualmente pagan 4% de contribuciones y sólo hasta el 2017.
“El gobierno no es el que va a decidir las inversiones del sector privado”, aseguró. Este descartó el “micromanagement” de la economía. “Eso no es el manejo correcto de la economía. El gobierno tiene que invertir en lo que le toca, mejor distribución y almacenamiento de agua, plantas modernas de generación de energía, transportación. Y que el sector privado decida en qué va a invertir”. Este afirmó que “hay que reducir gastos. Si tú mejoras la economía y le das más chavos al gobierno no resolviste nada porque lo van a botar”.
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