En menos de 24 horas el gobierno de Puerto Rico sufrió un nuevo revés, luego de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito con sede en Boston, al dejar sin efecto esta tarde la paralización de la orden de embargo de las cuentas del Departamento de Salud para el pago de deuda de los centros de salud 330 por concepto de Medicaid.
El pasado 19 de junio el juez federal Gustavo Gelpí, ordenó el embargo de $9,389,743.00 de las cuenta del Departamento de Salud en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), para el pago de la deuda a los Centros 330. La deuda corresponde al primer trimestre del año.
El 23 de junio el Tribunal de Apelaciones ordenó la paralización del embargo de las cuentas de Hacienda, para poder considerar los méritos de la moción de paralización.
Aunque reconocieron la crisis fiscal por la que atraviesa el gobierno de Puerto Rico, el panel de jueces compuesto por Sandra Lynch, William Kayatta y O. Rogeriee Thompson, afirmó que no se justifica incumplir la orden de Gelpí “especialmente donde la corte de distrito ha sido sumamente paciente para hacer cumplir su orden”.
“Disolvemos la paralización temporera de la orden de la corte de distrito que emitimos el 23 de junio del 2015 y denegamos la moción para paralizar la orden (de embargo), pendiente de la resolución de cualquier apelación”, expresa la orden del panel.
Gelpí afirmó en una orden previa que “a pesar de la falta de organización sobre sus estados financieros, el Estado Libre Asociado (ELA), debe cumplir con la ley federal cuando recibe beneficios del programa federal de Medicaid. La decisión de la corte durante el día de hoy fue hecha considerando los intereses de justicia y no fueron tomados a la ligera por el que suscribe.
El juez expuso que el ELA no puede decidir la cantidad a depositar.
Gelpí afirmó que el este caso ha sido litigado por más de una década.
Apuntó que los todos oficiales del gobierno de Puerto Rico juraron defender las constituciones de Estados Unidos y de Puerto Rico y que sin embargo, han actuado con dejadez.
Estos centros ofrecen cuidado preventivo y primarios en áreas de alta necesidad de servicios designadas, como tal por el gobierno federal.
Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.
Sin paga especialistas de educación especial
Un grupo de terapistas, sicólogos y otros profesionales que atienden a estudiantes de Educación Especial llegaron al Capitolio para quejarse de que el Departamento de Educación no les ha pagado por estos servicios, en muchos casos desde febrero.
Educación Especial, en tanto, no pudo precisar cuándo se harán los pagos que rondan los $20 millones.
Josué Pérez, terapista del habla, dijo que los problemas de pago comenzaron desde principios de año. Pérez indicó que se ofrecen entre 200 y 300 terapias mensuales que pueden significar una factura de entre $9 y $11 por terapia, dependiendo si es grupal o individual.
“El Departamento de Educación dice que emitió los cheques y que están en Hacienda, pero cuando llamamos a Hacienda no saben nada” dijo. “Nos dicen que es el ‘cash flow’, pero para pagarle a (la oficial de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, Lisa) Donahue y para pagar las escoltas hay dinero”.
Advirtió que muchos terapistas no ofrecerán los servicios en agosto si no se cumple con estos pagos.
El secretario asociado de educación especial, Carlos Rodríguez Beltrán, dijo desconocer por qué no se han hecho estos pagos y tampoco pudo precisar para cuándo se pagará. El estimado de pagos que no se han hecho, dijo, ronda los $20 millones.
“Yo no tengo la respuesta”, dijo cuando se le preguntó sobre estos pagos. Puso el asunto en manos del Departamento de Hacienda.
“El Departamento de Educación es una agencia pública que depende del dinero presupuestado que se asigna. El Tesoro del Estado es Hacienda y es Hacienda quien debe dar el ‘go ahead’ que emite el cheque”, dijo Rodríguez Beltrán. “No es que Hacienda esté reteniendo el dinero, pero es responsabilidad de ellos liberar los cheques”..
Rodríguez Beltrán dijo que está “en constante comunicación” con Hacienda, pero no pudo precisar cuándo se harán estos pagos. Descartó que esta situación afecte los servicios que comenzarán nuevamente en agosto.
“Yo hace unos días estuve con varias de las corporaciones que ofrecen servicios y ninguno de ellos indicó que no ofrecería servicios. Se mostraron entusiastas con los cambios que van a agilizar lso servicios entre nosotros y ellos”, dijo.
Estos terapistas son contratados por el Departamento de Educación para dar servicio a los estudiantes de Educación Especial. Este servicio es diferente al conocido como remedio provisional, que paga las terapias privadas luego de que los menores no han conseguido las terapias a través de Educación. Hace unas semanas, Educación advirtió que reduciría los contratos por remedio provisional por entender que era más económico dar el servicio a través de la agencia.
“El gobernador dice que la clase trabajadora tiene que echar adelante, pero si nos siguen aplastando y no nos pagan, nosotros no vamos a poder pagar nuestras responsabilidades”, dijo Pérez.
Junto a los terapistas estaba la senadora independentista María de Lourdes Santiago.
“Un niño que a los 10 años no recibe el servicio que necesita es un niño que a los 15 años tiene problema de aprendizaje y deja la escuela”, dijo Santiago. “Los diagnósticos los hacen las compañías a las que ellos contratan y a las que ellos les pagan. Pueden decir que el diagnóstico es incorrecto, pero de que no aprenden, no aprenden”.
Rodríguez Beltrán aseguró que para este año fiscal el presupuesto de su agencia no será reducido.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Más de 15 años de experiencia. Asignada a cubrir temas legislativos.
Hillary Clinton a favor del Capítulo 9 para Puerto Rico
La candidata presidencial por el partido demócrata Hillary Clinton, aseguró que Puerto Rico debería tener acceso al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras, al afirmar que el País merece “una oportunidad justa al éxito”.
“El desafío es multifacético, y en última instancia, requerirá que Puerto Rico encuentre una manera de pagar a sus deudores de una manera ordenada. Como primer paso, el Congreso debería proporcionar a Puerto Rico la misma autoridad que ya establece que permitiría a las entidades gubernamentales en muy malas condiciones, incluidos los municipios y corporaciones públicas, a reestructurar sus deudas bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras “, dijo Clinton en un comunicado.
“No estamos hablando de un rescate, estamos hablando de una oportunidad justa de éxito”, agregó.
Las declaraciones de Clinton se dan luego de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito de Boston, reiteró la inconstitucionalidad de la Ley 71, mejor conocida como la Ley de Quiebra Criolla, aprobada ante la falta de mecanismos para que el país pueda acogerse a una quiebra, por la exclusión del Capítulo 9.
Además, se da en el marco de las expresiones del gobernador Alejandro García Padilla, de los más de $72 mil millones en deuda eran impagables y las del portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, quien dijo que la administración Barack Obama no está contemplando un rescate federal para Puerto Rico . No obstante, Earnest dijo que el Congreso debe “echar un vistazo” a si se debe permitir la isla protección bajo el Capítulo 9.
De otra parte, Martin O’ Malley, su rival demócrata, dijo que Puerto Rico debe ser capaz de negociar con los acreedores al igual que los estados pueden bajo la ley de bancarrota de Estados Unidos. En declaraciones escritas enviadas a EL VOCERO, la directora de asuntos públicos, Gabi Domenzain, indicó que el gobernador O’Malley no ha tenido miedo de pronunciarse sobre la crisis económica por la que está pasando Puerto Rico.
“Fue el primero en proponer una serie de políticas específicas basadas en sus principios progresistas, en vez de en las encuestas de opinión pública”, manifestó.
Igualmente, recordó que el mes pasado el gobernador instó al Congreso y al presidente Obama a que tomaran medidas para que Puerto Rico pudiera negociar con sus acreedores, al igual que los estados pueden hacerlo bajo la Ley de Quiebras de los Estados Unidos.
Asimismo, Jeb Bush, el principal candidato en la carrera republicana hacia la Casa Blanca, también ha expresado su apoyo a Puerto Rico durante su visita en abril, donde fue el primero en anunciar que está a favor de que el país se acoja al Capítulo 9.
Clinton mira la economía local
Además, Clinton reconoció los problemas económicos que enfrenta el País.
En ese sentido, recomendó al Congreso y a la administración de Obama a asociarse con Puerto Rico “mediante el apoyo real y herramientas para que Puerto Rico puede hacer el trabajo duro que se necesita para conseguir en el camino hacia la estabilidad y la prosperidad”.
De otro lado, Clinton hizo un llamado a la reflexión sobre las causas que ocasionaron que Puerto Rico llegara a este déficit. “Puerto Rico necesita un plan a largo plazo para hacer frente a una población en declive, con la base de empleo erosionanda, las altas tarifas de los servicios y el impacto de las inversiones federales desiguales. Tomará decisiones difíciles y reformas económicas reales”, puntualizó.
En la declaración, Clinton indicó además que en Puerto Rico hay desigualdad en las leyes y programas federales y que esto ha contribuido sustancialmente al declive de la economía.
“Un ejemplo preocupante de este tratamiento es la falta de equidad en la financiación federal para Puerto Rico bajo Medicaid y Medicare”, aseveró, al indicar que desde el 2008 aboga por terminar con la inequidad en los programas de salud federal.
“Hoy, renuevo ese llamado, y me comprometo a ayudar a los puertorriqueños en el camino hacia la igualdad de trato bajo Medicaid y Medicare y otros programas federales. Detrás de todo esto está la cuestión fundamental del futuro último de Puerto Rico. Esa pregunta debe resolverse de acuerdo con la voluntad expresada de nuestros conciudadanos, el pueblo de Puerto Rico”, puntualizó.
De otro lado, O’Malley propuso que al Departamento de Salud y Servicios Humanos a ponerle fin al trato injusto de Puerto Rico bajo Medicare y Medicaid.
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