Cerca de una treintena de cooperativas de ahorro y crédito podrían estar cercanas a una crisis financiera si se concreta el impago en cualquiera de los 10 instrumentos del Estado Libre Asociado (ELA) en los cuales el sector invirtió sobre $1,500 millones en bonos y notas, o si les llega un recorte por renegociación de deuda.
Aunque el movimiento cooperativo ha registrado parte de sus mejores números en el último año fiscal en cuanto a capitalización, total de socios y rendimientos en préstamos, algunas cooperativas tienen una exposición tal al gobierno de Puerto Rico que existen casos donde más del 90% de sus carteras de inversiones ahora están en riesgo, señalaron fuentes del movimiento cooperativo. En general, un 65% de la cartera conjunta de las 116 cooperativas financieras tenía exposición a las inversiones del ELA al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo con documentos oficiales de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC), revisados por EL VOCERO.
En entrevista con este diario el viernes, el presidente ejecutivo de COSSEC, Daniel Rodríguez Collazo se reiteró en su posición de que se preparan para cualquier escenario, y a la pregunta de cuántas cooperativas están en una situación más difícil, admitió que ¨estamos trabajando con la situación de un escenario de impago. 80% o 90% (de las cooperativas) están bien¨.
En términos de los socios, algunos de los poco más de 950,000 que tienen las cooperativas podrían sentir un impacto directo (si se concretan impagos del gobierno o reestructuración de deuda), ya sea que no puedan recibir dividendos o que el deterioro financiero lleve a su cooperativa a un estado total de precariedad.
La caída en el valor de las inversiones ha sido tan contundente para las cooperativas, que durante los últimos dos años COSSEC decretó cambios temporales en sus reglas, para precisamente permitir el pago de dividendos a los socios, ya que bajos las condiciones existentes resultaba imposible.
En un número significativo de casos, la devaluación de esas acciones provocó que la pérdida no realizada sobrepasara el 20% del capital indivisible, y en algunas cooperativas rebasara su capital indivisible total, según una carta circular de COSSEC del 24 de abril de este año. Cuando eso ocurre, la cooperativa no está financieramente hábil para pagar dividendos.
El recién decreto temporal que cambia las reglas estará vigente hasta diciembre de este año, pero con las recientes degradaciones y la depreciación mayor de los bonos ante el colapso económico del gobierno, ya no podría ser suficiente para garantizar el pago de dividendos de algunas cooperativas el próximo año.
Aunque COSSEC ha propiciado que las cooperativas diversifiquen sus carteras, las que no gozan de números muy positivos en sus estados financieros no lo han podido hacer y siguen atadas a una pérdida contable en libros, no realizada. El regulador no recomienda que realicen esa pérdida, pero las cooperativas con mayor exposición tampoco están en las de asumirlo y enfrentar tales consecuencias.
¨La prioridad ahora cambió, antes era diversificar. Hoy nos encontramos frente a un escenario de una posible pérdida¨, reiteró Rodríguez Collazo, quien se reunió hace dos semanas con Melba Acosta Febo, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y principal oficial financiera del gobierno.
¨Ahora yo no puedo preguntarle a la presidenta del BGF cuál será la decisión porque es un proceso de negociación… Son tantos y tantos los escenarios que a mí no me gusta especular¨ agregó el funcionario.
La crisis fiscal del gobierno les representa un dolor de cabeza a las cooperativas desde que en 2009 COSSEC les promovió la compra de deuda del ELA, luego que el mercado inversor comenzó a mirar con más detenimiento a la Isla a partir del cierre del gobierno en 2006 y ante los continuos déficits presupuestarios. La inversión de las cooperativas en el gobierno subió de unos $400 millones en el 2005 a más de $1,400 millones al 2012.
Sin embargo, no fue hasta que en diciembre de 2012 la agencia Moody’s Investors Service bajó la clasificación de unos $15,000 millones en bonos de obligaciones generales (GO´s) a un nivel por encima del grado especulativo o chatarra, que se empezó a registrar una pérdida considerable para las cooperativas.
Ya para agosto de 2013, las pérdidas para el sector superaban los $60 millones, al año pasado sobrepasaban los $400 millones y con la reciente caída en el valor de los bonos tras la admisión del gobernador Alejandro García Padilla, de que la deuda es impagable y deberá ser renegociada, la pérdida ronda el 40% de las inversiones, reconoció Rodríguez Collazo. Fuentes de este diario aseguran que ese porcentaje es mayor.
Al presente, dos de las deudas cuyos pagos son los más cuestionados: el vencimiento este 1 de agosto de los primeros $57.9 millones de los $93.6 millones correspondientes a este año fiscal de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés); y los $169.6 millones de unos $1,069 millones en notas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), en gran parte, fueron compradas por las cooperativas.
Del total de la deuda con las cooperativas, un 47% pertenece a notas del BGF y un 8% al PFC. Como el dinero del PFC no fue asignado por la legislatura y no es deuda garantizada, y de otro lado, como hay dudas de que el BGF pague la totalidad de sus notas, las cooperativas con mayor exposición ya se preparan con abogados especializados para reclamar sus inversiones.
¨La mayoría tiene buena liquidez y buen capital, y también está la Corporación (COSSEC) que asegura hasta $250 mil. Hay otras cooperativas que tienen sus situaciones particulares que se agravan con esta situación y estaremos dándole la atención especial. Las cooperativas son funcionales, no se basan solamente en inversiones y tienen otros tipos de instrumentos como los préstamos de toda índole que es el mayor ingreso, declaró Rodríguez Collazo.
Como ejemplo de las pérdidas, en el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Jayuya, según sus estados financieros auditados, el costo amortizado en la inversión en los valores disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2014 incluyó un registro de pérdida no realizada en los bonos del ELA por $535,359 y su inversión en el BGF, COFINA, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), totalizó $2.3 millones.
Mientras, el costo amortizado y el valor en el mercado de las inversiones en valores retenidos hasta su vencimiento al 31 de diciembre de 2014, se contabilizó en $13.7 millones y la pérdida no realizada alcanzó los $4.7 millones. Eso incluyó inversiones en BGF, AAA, COFINA, Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Sistema de Retiro y el Fondo para el Desarrollo del Turismo. No obstante, esta cooperativa de Jayuya tenía un exceso de liquidez disponible sobre lo requerido, lo cual le permite afrontar un evento significativo en su exposición al gobierno, lo cual no ocurre con otras.
Hasta ahora, técnicamente el gobierno del ELA no ha incumplido con sus acreedores y aunque el dinero del PFC no se separó, no será hasta el 1 de agosto que se sabrá si hay un impago. En el caso de las notas del BGF, de las cuales su presidenta Acosta Febo sostiene que buscarán recomprar unos $4,000 millones; fuentes financieras indicaron que es altamente probable que el vencimiento de agosto se pague.
EL VOCERO intento comunicarse con varios directores de cooperativas, pero el hermetismo fue mayor que en otras ocasiones. Por lo general, los presidentes de cooperativas evaden atender peticiones de la prensa sobre asuntos que involucren dificultades con el sector.
¨Hay una incertidumbre y una ansiedad de las inversiones de las cooperativas en los bonos de Puerto Rico¨, opinó Rodríguez Collazo, quien espera el 4 de agosto se produzca el borrador de una junta conjunta organizada para tomar medidas que atiendan los problemas de liquidez. Eso podría incluir recomendar un aumento en las reservas de las cooperativas, amortizar una posible pérdida y crear un centro de liquidez como existe en Estados Unidos, entre otras opciones.
En mayo pasado, Rodríguez Collazo dijo públicamente que si el gobierno no alcanzaba la aprobación en medidas de recaudo (aumento del IVU, entre otros) y si finalmente incurría en la renegociación de deuda, eso representaría otro golpe de $300 millones para las cooperativas.
Además del 47% de sus inversiones en notas del BGF, las cooperativas tienen 13% en GO´s, 8% en COFINA, 8% en PFC, 7% en AEE, 7% en AAA, 5% en AEP, 2% en Bonos de Obligaciones de Pensiones, 2% en Fomento Industrial y 1% en la Autoridad de Carreteras y Transportación, según información suministrada por COSSEC.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Inamovibles en su decisión
Mientras las cooperativas de ahorro y crédito-que tienen cientos de millones de dólares invertidos en bonos de Puerto Rico- buscan asesoría para proteger sus inversiones y el comisionado residente Pedro Pierluisi advirtió sobre una posible estrategia, por parte de los asesores del gobierno, para provocar el impago y entonces tratar de reestructurar la totalidad de la deuda pública en circunstancias que ellos entienden serían más desventajosas para los bonistas, la administración de Alejandro García Padilla insiste en que la deuda, según ha sido estructurada y con el crecimiento económico actual, no se puede pagar.
Cuando EL VOCERO preguntó por qué el gobernador García Padilla no ha convocado una sesión extraordinaria para que la Asamblea Legislativa asigne el pago de $94 millones para la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, en inglés), a pesar de que el dinero está separado en el Fondo de $275 millones para el Desarrollo Económico y Pago de Obligaciones, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, reveló que el Gobierno decidió no pagar esta deuda previendo posibles problemas de liquidez en el futuro.
“Ante una situación de estrechez y un gran reto de liquidez- y que no puedes decir que el banco me va a prestar- tenemos que ser entonces mucho más cautelosos”, sentenció Cruz Batista.
“Tal vez tienes el dinero hoy, y desembolsas ese dólar hoy. Pero, ¿qué pasa si en septiembre te hace falta ese dólar para ofrecer servicios?”, agregó el funcionario.
Cruz Batista insistió en que en términos técnicos y legales no constituye un impago dejar de pagar la deuda con el PFC por el tipo de deuda que es. “(La deuda del PFC) no está garantizada por la Constitución como los GO’s (Obligaciones Generales) y no tiene una asignación en particular como lo son deudas que se emiten contra COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante).En este caso, (el de la deuda del PFC) no está garantizada, ni tiene una asignación específica para ese pago”, sostuvo.
Sobre el pago de la Obligaciones Generales (GO’s), Cruz Batista insistió en que el Gobierno tendrá que hacer un balance entre el compromiso constitucional que tiene el país con esta deuda y la responsabilidad que tiene el Estado de prestar los servicios de seguridad, salud y educación a la ciudadanía.
“Reconocemos la prioridad de los GO’s sobre otras deudas y la diferencia con otras deudas, pero también hay que reconocer que hay un deber del Estado de mantener unos servicios de salud, unos servicios de educación y seguridad a nuestro pueblo, esos elementos hay que mirarlos. Así que es parte del proceso en una negociación, que ambas partes acuerden modificar unos términos y condiciones de unos pagos que hoy se hacen sumamente difíciles”, sentenció.
¿Y si los tenedores de los GO’s no aceptan renegociar los términos de pago? ¿Cómo garantizar ahora que los servicios de salud, seguridad y educación no se van a afectar si la decisión de renegociar no cae solo en el Gobierno de Puerto Rico? ¿Por qué mejor no preparar a la gente sobre lo que puede pasar?, preguntó EL VOCERO.
“Te entiendo. Esto va ser un proceso la mar de interesante y va ser un proceso difícil, en el sentido de que hay ‘issues’ legales y sociales. Es un ‘issue’ del Estado cumpliendo con lo que tiene que hacer desde el punto de vista legal, moral y social. Esa va ser la ecuación que tendremos que balancear en los próximos meses. Ese es el gran reto. Por esos decimos que hay que mirar esto como un gran todo”, respondió.
“Hay que llevar un mensaje de que el Gobierno tiene que seguir operando, de que hay unos servicios que dar y que tienes que buscar la forma de que esta negociación entre los bonistas y Puerto Rico, al final del día sea positivo. También tenemos que de alguna forma lograr que ese dólar se invierta para que la economía se siga desarrollando”, apuntó.
El director de OGP aseguró que el dinero de los GO’s está asignado en el presupuesto que recién entró en vigor a principio de este mes. Sin embargo, al igual que con la deuda del PFC, su pago dependerá de la liquidez.
“Los $1,011 millones para el pago de las Obligaciones Generales están en el presupuesto aprobado, pero otra cosa es el asunto de liquidez, que tengas el dinero. Y voy a pagar, quiero pagar esta cantidad, tengo una autorización para pagar esta cantidad, y otra cosa es que el secretario de Hacienda, cuando toquen a la puerta para pedirle el cheque haya dinero”, advirtió.
Pero se supone que el Gobierno hiciera proyecciones de recaudo y estimados antes de aprobar el presupuesto, y en el caso de los GO’s el dinero sí fue asignado, cuestionó EL VOCERO.
“El presupuesto está balanceado. Tenemos unos retos de liquidez, la Constitución establece un orden de prioridad y el pago de los GO’s en un momento histórico se discutió y los padres de la Constitución dijeron que se paga primero la deuda. Claro está, cuando decimos que se está viendo todo, es que se está iniciando un proceso para un momento dado negociar”, destacó el director de OGP.
“Claro, esto tendría que ser una negociación de las partes, que todo el mundo salga ganando, porque a ti te conviene cobrar y en la medida- más allá del asunto legal- que Puerto Rico tenga condiciones de pagar, aunque en este momento los términos y condiciones haya que modificarlos sentándonos a la mesa, nos conviene que se pague”, agregó.
Cruz Batista reconoció que está por verse si las proyecciones de recaudo del Departamento de Hacienda se cumplen por “toda la incertidumbre que estos procesos traen”.
Los problemas del Departamento de Hacienda trabajando sus proyecciones de recaudo son notables administración tras administración, según datos presentados, desde el 2000 hasta 2014, por el propio director de OGP.
Precisamente, el titular de Hacienda, Juan Zaragoza, informó el viernes que los ingresos al Fondo General del pasado año fiscal fueron de $600 millones menos de lo que proyectaron.
El director de OGP reconoció el fallo y aseguró que para atender el problema de proyección su agencia aprobó una reserva presupuestaria de $150 millones para atender el problema que puede representar el que los recaudos se queden por debajo de lo proyectado.
Cruz Batista destacó que las pasadas administraciones resolvían el problema en las proyecciones de recaudos con préstamos, pero “eso ya no es parte del juego” para esta administración.
El funcionario rechazó además la existencia de una estrategia-tal y como denunció Pierluisi- para llevar a Puerto Rico al impago y aseguró que la mejor muestra es el Informe Krueger. “Los mercados conocen la situación de Puerto Rico muy bien y el informe Krueger lo confirma, así que no hay nada de eso”, concluyó.
Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con nueve años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
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