Si la reestructuración de la deuda pública del Estado Libre Asociado (ELA) arrastrara hasta la insolvencia a algunas de las cooperativas en mayor riesgo, la capacidad de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC) podría quedarse corta ya que apenas cuenta con $260 millones para atender el asunto, según estimaron analistas consultados.
La situación es más complicada, debido a que el número de cooperativas con alta exposición y que entrarían en dificultades de liquidez no son cerca de 30 como informó este diario el lunes, sino que llegarían al doble de esa cantidad, de acuerdo con dos fuentes de la industria cooperativa. Estas insistieron que la preocupación es cada vez mayor porque las decisiones que tome el Gobierno con su deuda podrían definir el futuro de algunas de las mencionadas entidades de ahorro y crédito.
Aunque un 65% de la cartera conjunta de las cooperativas tenía exposición a los bonos del Gobierno a diciembre pasado, en ciertos casos tales inversiones suponen el 10% de los activos totales de algunas cooperativas, lo cual hasta ahora les hacía reflejar números positivos de liquidez que han comenzado a menguar de manera considerable.
Sea el impago o la reestructuración, las cooperativas de todas maneras se verán precisadas a realizar la pérdida que hasta ahora habían evitado para no tener que reportarla en sus libros. En el mejor de los escenarios –a partir de lo que ha planteado el Gobierno y su equipo fiscal por el momento- las cooperativas tendrán que renegociar, y como ya han perdido alrededor de un 40% del valor de sus inversiones, eso de entrada significa unos $600 millones de pérdida conjunta que muchas no podrán amortizar.
Contrario a lo que se podría pensar que las más impactadas adversamente serán las cooperativas de menor tamaño, eso no necesariamente es así, porque algunas cooperativas grandes tienen una exposición considerable a la deuda “y su registro de pérdida les haría un hueco”, indicó una de las fuentes.
Daniel Rodríguez Collazo, presidente ejecutivo de COSSEC, confirmó anoche a EL VOCERO que el seguro para atender eventos extremos es de $260 millones, pero dijo que podrían manejar cualquier eventualidad, aunque está confiado en que no se llegue a una emergencia.
Para que se active COSSEC como asegurador, debe ocurrir una insolvencia que requiera la liquidación de una cooperativa. “El problema es que COSSEC no tiene en este momento la capacidad de liquidez para enfrentar retos como los que se pueden considerar”, señaló una de las fuentes.
A ese planteamiento, Rodríguez Collazo opinó que “están especulando, porque existen 116 cooperativas y de activarse –el seguro–es porque habría que liquidar y responder a los socios”, lo cual está muy lejos, indicó. Agregó que “las cooperativas a su vez tienen que tener unas reservas y su provisión. El seguro de COSSEC se hace con una proyección, los socios pueden estar tranquilos”. Por ley, cada cooperativa debe tener reservas. Además, COSSEC asegura las cuentas en las cooperativas hasta $250,000, tal y como ocurre con el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) en las cuentas bancarias.
En la eventualidad de tener que activar su fondo de seguro y no poseer la capacidad suficiente, COSSEC tendría que pedir el auxilio de la Asamblea Legislativa para evitar un efecto en cadena. No obstante, la posibilidad de ayuda parece inexistente.
“Me siento un poco intranquila porque el golpe a las cooperativas va a ser bien fuerte”, dijo Sonia Pacheco Irigoyen, presidenta de la Comi sión de Cooperativas y Organizaciones Sin Fines de Lucro de la Cámara de Representantes, con lo cual coincidieron ayer políticos, representantes del Gobierno y cooperativistas.
La legisladora anticipó que “visualiza” evaluar a COSSEC ante esta situación porque se deben establecer medidas que no lesionen más al sector bajo las condiciones económicas actuales “y los gastos de COSSEC también se han incrementado y eso hay que verlo”. Mencionó que decidirá en los próximos días si se reúne con el gobernador Alejandro García Padilla o activa la Comisión para “ver el asunto”.
Sobre los casos de insolvencia, Pacheco Irigoyen dijo estar clara que hay cooperativas con sus dificultades que se agravan con la caída en el valor de sus inversiones, y aún cuando “alguna pueda caer en sindicatura” entiende que un resultado “tan dramático como liquidación no debe ocurrir”.
Al presente, unas cinco cooperativas están en sindicatura, por situaciones financieras no necesariamente relacionadas al tema de las inversiones, confirmó Rodríguez Collazo.
Debilita las finanzas el pago de dividendos
El decreto de reglas especiales para liberalizar las condiciones bajo las cuales las cooperativas pueden repartir dividendos, ya que el estado en el que se encuentran desde hace dos años no se los hubiera permitido, también ha tenido el efecto indirecto de recrudecer sus finanzas.
Fuentes consultadas dijeron que en lugar de repartir dividendos entre los socios, se debió separar más dinero para atender situaciones de emergencia como la actual y no haber cambiado las reglas como se hizo.
De hecho, EL VOCERO tuvo acceso a una carta en la cual uno de los miembros de la junta de COSSEC, el comisionado de Instituciones Financieras, Rafael Blanco, alertó precisamente sobre este particular una vez se aprobaron las concesiones. Anoche, las gestiones para obtener una reacción de Blanco resultaron infructuosas.
En una carta que habría enviado Blanco el pasado 8 de mayo, explica que COSSEC “ha considerado que es muy prematuro el considerar un deterioro de las inversiones en valores negociables del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus agencias. Por consiguiente, no se considerará deterioro temporal o no temporal de las inversiones clasificadas como Disponibles para la Venta o Retenidas al Vencimiento en valores negociables del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus agencias para los periodos contables terminados dentro del periodo comprendido por esta carta circular”.
La referencia es la carta circular del 24 de abril, que estableció la regla temporal de este año para la distribución de dividendos a los socios, ya que en muchas cooperativas la pérdida no realizada sobrepasó el 20% del capital indivisible. En esta misiva Blanco cuestionó que la carta podría propiciar “que las cooperativas supervisadas y aseguradas por COSSEC se abstengan de hacer todas las reservas necesarias para proveer para el drástico descenso en el valor en el mercado de las inversiones…”. Va más allá y sugiere que esa decisión podría “contravenir” el reglamento sobre las normas de contabilidad para las cooperativas financieras.
Sobre la situación general de las cooperativas y su exposición a la deuda pública, EL VOCERO también consultó al expresidente de COSSEC bajo la anterior administración, José González Torres, y este se limitó a decir que “esto que vemos es una situación que nadie imaginó podría suceder y por eso es bien importante que el Gobierno provea un plan porque esto nos está matando el sector”.
González Torres, a quien le fue retirada la confianza y destituido de su posición en el pasado al no estar de acuerdo con parte de la política pública de entonces, dijo que “lo importante es que una pérdida realizada de las cooperativas es dinero de los socios, levantado peseta a peseta y que deja de circular en Puerto Rico”.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Analiza impacto del impago en las cooperativas
AGP es retórica hueca enajenado de la realidad. Sólo Sabe Echar Culpas a Otros, Nunca Acepta sus Contínuos Errores, por eso Nunca Mejora, y Siempre Empeora.
Por: Maricarmen Rivera Sánchez y Obed Betancourt / EL VOCERO
Aunque no dijo cómo atenderá el asunto, el gobernador Alejandro García Padilla, dijo que toma como asunto “muy serio” el impacto que tendrá en las cooperativas el que el Gobierno no pague sus deudas.
García Padilla viajó anoche a Washington D.C. para discutir la posibilidad de que se incluya a Puerto Rico en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal. Luego participará en la Conferencia de verano de la Asociación de Gobernadores Demócratas en Colorado y después tomará vacaciones del 2 al 6 de agosto con su familia.
“Es algo que se está analizando también. Es un reclamo muy serio y para mí de los más importantes. Lo estamos analizando porque, como saben, hemos sido defensores del movimiento cooperativista y es fundamental para el desarrollo del país”, dijo. “Ese análisis hay que concluirlo”, sostuvo antes de partir a la capital federal.
AGP es la Personificación de las Mentiras, Falsedades y Engaños
Por su parte, el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, aceptó que con el impago de las deudas, el cooperativismo saldrá lastimado.
En este momento, dijo Suárez, el equipo fiscal y asesores del Gobierno “han estado en conversaciones con el sector cooperativista del país de forma que se pueda estructurar una transacción o intercambio de notas que sea lo mejor para todas las partes” para, dijo claramente, “que este sector se vea lo menos afectado posible”.
Durante la rutinaria conferencia de prensa que mantiene los lunes con los periodistas, el secretario de la Gobernación insistió en que ahora le toca el turno a los bonistas de aportar al sacrificio.
“Ahora le corresponde a las otras partes también ser parte de ese sacrificio para que Puerto Rico pueda crecer económicamente en el futuro”, dijo cuando criticaba el informe Ad Hoc, que sostiene que la deuda es pagable.
En tanto, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, dijo por su parte que lo que pretende el Gobierno es renegociar la deuda y no dejar de pagar. Bhatia es parte del comité designado por el gobernador para negociar con los bonistas.
“En esta coyuntura fiscal reconozco el rol y el liderato que ha tenido el movimiento cooperativista de Puerto Rico. Como dato comprobable, las cooperativas han servido de sostén para nuestra economía y son el motor para desarrollar al país”, sentenció Bhatia en declaraciones escritas. “Con eso presente y con la estabilidad de Puerto Rico como único norte, estamos trabajando para renegociar la deuda, no para que haya un impago”.
Por su parte, la portavoz de la delegación novoprogresista en la Cámara, Jenniffer González, opinó que un impago de la deuda pública significará que muchos puertorriqueños que compraron instrumentos de ahorro e inversión en las cooperativas, no vean sus dividendos al final del año.
“Es otra muestra de que no es cierto lo que decía el gobernador de que los bonistas son los que están afuera. Esto va a afectar a las cooperativas que compraron esto para su cartera de socios. Se afectan las personas que esperan recibir a fin de año parte de ese dinero y no lo van a tener”, dijo González al recordar que la minoría azul advirtió de esta consecuencia. “Esto va a afectar a los que invirtieron en IRA, en 401 K. Las empresas que cotizan en la bolsa van a ver impactado lo que tiene que ver con sus acciones. Se impacta la economía local cuando dices que no vas a pagar”.
González cuestionó que el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, diga que el Gobierno tiene dinero, pero que buscarán pagar unas deudas sí y otras no.
“Eso le resta credibilidad al Gobierno. Decir que hay una deuda constitucional y otra que no es constitucional lo que dice es que, aunque el Gobierno tenga leyes, no las vas a cumplir y eso arroja mayor duda”, manifestó González, expresidenta cameral. “La gente va a empezar a sentir esto localmente. Hay gente que vive de los intereses que generan sus bonos. Hay gente que se planificó, compró bonos y viven de los intereses. Ahora nadie va a recibir su crédito por bono, lo que afecta directamente la vida de los puertorriqueños”.
Mientras, el potencial aspirante primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló, dijo que es el Gobierno y no el sector privado quien debe ahora ajustar su cinturón.
“El sector privado ha estado mermando y colapsando en los últimos años y el único que no hace ajustes es el Gobierno. Yo invito a reconceptualizar y buscar maneras más eficientes y de esto estaré hablando, de hacer un Gobierno más efectivo, eficiente e innovador”, dijo Rosselló durante una actividad por el natalicio de José Celso Barbosa. “Hay que buscar reducir el gasto que nos permita pagar eso y no comprometer el futuro. No pagar la deuda no es solo una solución inmediata, sino que la próxima generación, la de mi hija, tendrá que pagar por estas malas decisiones”.
Por su parte, el vicepresidente del PNP y alcalde de Yauco, Abel Nazario, dijo que el tema de las cooperativas es uno que debe atenderse con más premura.
“Soy un cooperativista natural y me apena esto. Ahí están mis acciones, las pocas que tengo, las que he podido ahorrar. Creo que es desastroso para el pueblo”, sostuvo.
Sin fecha reunión Junta PPD
Sobre el motín a bordo que se cuaja en el seno del Partido Popular Democrático (PPD) por el tema del estatus, el gobernador Alejandro García Padilla, dijo que no ha decidido cuándo reunirá a la Junta de Gobierno, organismo rector de esta colectividad. Justificó la ausencia de propuestas específicas para atender el estatus en su discurso del 25 de julio, cuando se conmemora la creación del Estado Libre Asociado.
“La determinación de la fecha para reunir a la Junta no la he tomado. En cuanto a los detalles de las propuestas, eso no se da en un discurso, se plantea luego. Es un planteamiento correcto que se pida especificidad, pero eso no se hace en un discurso bajo el sol hermoso que había el sábado”, sentenció.
“No es en un discurso donde se debe dar ese detalle. Ese proceso continua y ha sido iniciado por un proceso que estableció la Junta de Gobierno con los expresidentes del Partido Popular”, dijo García Padilla. “El informe está evaluándose con parámetros que pidieron los propios expresidentes”
El gobernador participó ayer en una actividad del Taller de Fotoperiodismo en Puerta de Tierra-evento que no fue anunciado en el calendario oficial del primer ejecutivo- donde contestó preguntas de jóvenes de residenciales de Cataño y Bayamón. Allí, uno de los jóvenes le preguntó qué pasará con el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), a lo que el gobernador contestó que “si le hago caso a los bonistas, tendría que subirlo”.
“El informe (comisionado por un grupo de bonistas), cuando se lee, reconoce que hay que reestructurar. Ellos dicen que la recomendación de ellos es que yo vote gente y aumente $1,000 millones en las contribuciones y la respuesta es que no”, dijo el gobernador sobre la propuesta hecha por los mismos bonistas con los que está tratando de negociar.
Insistió en que este informe también reconoce la necesidad de reestructurar “lo que dicen es que, además de reestructurar la deuda, ellos entienden que debo aumentar mil millones en impuestos y cortar dos mil millones en gastos”.
“Eso es una reducción de servicios básicos del país, reducir el presupuesto de la Policía, de la Universidad. Eso conllevaría despidos. Parece que piensan que el Gobierno de los despidos está todavía en La Fortaleza, pero el Gobierno de los despidos ya salió”, conluyó.
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