Las particularidades legales de Puerto Rico plantean un escenario novedoso en el caso del impago de la deuda pública en el que los bonistas no serán los únicos económicamente lastimados por el proceso.

En teoría, las consecuencias de un impago pueden ser extensas o hasta “sistémicas”. Es decir, todo el andamiaje o sistema fiscal y financiero del gobierno podría verse trastocado y, dependiendo de las decisiones que tome el Estado, el sector privado también podría tener su buen cantazo en una economía que ya está en su noveno año de depresión. Se estima que el gobierno podría incurrir en un impago el 1 de agosto, fecha en que vence una deuda de más de $90 millones.

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“Aquí hay mucha gente que todavía no entiende las implicaciones de un impago y no se preguntan qué va a pasar si los acreedores no reciben su pago”, lamentó el catedrático jubilado de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Mario Negrón Portillo.

En una situación de impago, los primeros que se ven afectados son los bonistas, las firmas aseguradoras de la deuda y las instituciones que le han prestado dinero al gobierno. Entre los bonistas se encuentran individuos, muchos de ellos puertorriqueños, que invirtieron sus ahorros en valores de Puerto Rico. Entre estas instituciones están los bancos comerciales y las cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico. Obviamente, el daño principal es porque estos grupos no recibirían el dinero que se les debe por lo que tendrían que pelear en los tribunales el recobro.

El otro efecto casi inmediato es sobre el crédito del Gobierno de Puerto Rico que podría llegar por debajo de los niveles de inversión especulativa o chatarra. Esto limitaría, por ejemplo, la posibilidad de que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) pueda pedir prestado los $750 millones que necesita para hacer las mejoras en su infraestructura que le permitiría estar en cumplimiento con varias disposiciones ambientales, explicó el economista Antonio Fernós Sagebien.  Del mismo modo, el acceso del gobierno a los mercados para financiamientos rutinarios y a corto plazo, como las Notas de Anticipación de Impuestos (Trans) podrían quedar completamente cerrados. Sin este financiamiento el Gobierno tendría que acostumbrarse a hacer malabares  al inicio de cada año fiscal para no quedarse sin dinero, pagarles a los suplidores y empleados, y hasta mantener sus oficinas abiertas.

Distintos remedios

El resto de los problemas vendrán dependiendo del tipo de deuda que entre en impago. El experto en derecho constitucional, Carlos E. Ramos González, explicó que si la deuda que deja de pagarse es de una corporación pública con ingresos propios, pues los acreedores tienen el derecho de reclamar remedios a los tribunales por incumplimiento de contrato.

Entre los remedios podría estar subir las tarifas de los servicios como agua y luz. Si el impago es de una deuda del gobierno central, la posibilidad de que los tribunales respalden que se les pague a los bonistas es aún mayor debido a la cláusula constitucional que da prioridad al repago de la deuda sobre los demás desembolsos ordinarios del Gobierno.  “Y en esa batalla legal los que tiene acceso a una buena defensa serán los que mejor salgan. Siempre el más débil es el que sale peor”, resaltó Ramos.

Fernós Sagebien indicó, entretanto, que el tribunal podría embargarle las cuentas al Estado para obligar el repago a los acreedores. Y como se trata de sumas enormes de dinero, esto podría hasta dejar inoperante el gobierno, causar reducciones en beneficios de los empleados, despidos, recortes en pensiones, alzas en impuestos, entre muchos otros escenarios que empeorarían la maltrecha economía de Puerto Rico.

El secretario de la Gobernación Víctor Suárez confirmó esta tarde que la Corporación para el Financiamiento Público (PFC) no podrá cumplir con el pago a los bonistas de $57.9 millones que tiene pendiente para el 1 de agosto.

Por el otro lado, el funcionario indicó que el gobierno está haciendo una serie de ajustes para inyectarle un poco de liquidez al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), de modo que pueda cumplir con el pago a los bonistas de más de $100 millones que también están pendientes para inicios del próximo mes.

“El flujo de efectivo está delicado por lo que estamos estableciendo las prioridades operacionales y no vemos que haya el dinero disponible para el pago”, dijo Suárez.

Al preguntársele si ya se le informó a los bonistas sobre la determinación del gobierno, el secretario dijo “no sé si ya se ha dado el proceso”.

El panorama plantea un incumplimiento el repago de la deuda del PFC y un posible cumplimiento en el repago de la deuda del BGF. La diferencia, según explicó Suárez, es que el BGF paga la deuda con la liquidez que posee mientras que el repago del PFC depende de los fondos del gobierno central, los cuales están limitados después de la deficiencia en caja de más de $600 millones y el cierre de los mercados de capital que impide que el gobierno tome prestado las Notas de Anticipación de Impuestos (TRANs, en inglés).