Aponte cuestiona contratos en Turismo y otras agencias estatales

Aponte cuestiona contratos en Turismo y otras agencias estatales

Por Francisco Rodríguez-Burns / frodriguez@primerahora.com07/29/2015 |03:43 p.m.
(Archivo) 

El legislador estimó que el costo de las nuevas contrataciones durante los pasados meses podría ascender a más de $30 millones.

Mostrando algunas convocatorias publicadas por el gobierno para ofrecer nuevas contrataciones, el representante novoprogresista José Aponte aseguró que la actual administración gubernamental ha creado puestos para “atornillar” empleados de confianza en varias agencias y corporaciones públicas.

Aponte estimó que el costo de las nuevas contrataciones durante los pasados meses podría ascender a más de $30 millones en varias dependencias como las compañías de Turismo y de Fomento, así como en el Cuerpo de Bomberos y en los departamentos de Hacienda y Agricultura, e incluso en la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Sin embargo, el legislador no pudo ofrecer datos concretos que sustenten su cálculo durante una conferencia de prensa celebrada en la sede del Partido Nuevo Progresista (PNP), en Hato Rey. Este medio recibió copia de algunas convocatorias para puestos en la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), pero no se pudo confirmar de inmediato estimados ofrecidos por el legislador.

“En momentos de crisis, cuando se habla de no tener dinero, en momentos que se dice que no se puede cumplir con los compromisos, se sigue reclutando en diferentes agencias”, dijo el también secretario general del PNP, quien aseguró que el reclutamiento de las posiciones permanentes viola la propia ley de sostenibilidad fiscal aprobada por la mayoría popular para generar economías en el gasto público.

Según un listado ofrecido por el expresidente de la Cámara, la Compañía de Turismo está en proceso de reclutar más de una decena de empleados que podrían estar devengando en conjunto más de $600,000 al año.

La directora ejecutiva de Turismo, Ingrid Rivera, por su parte, indicó que la CTPR está en el proceso de llenar unos 12 puestos vacantes que son necesarios para el funcionamiento de la agencia y subrayó que los salarios de los nuevos empleados dependerán de su experiencia y sus conocimientos para cumplir con los requisitos de las posiciones.

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Rivera indicó a este medio que la corporación debería estar pagándole a los nuevos empleados una cantidad significativamente menor que la ofrecida por Aponte. Sostuvo, además, que la CTPR ha excedido los parámetros de ahorros impuestos por la ley de sostenibilidad fiscal en cuanto la otorgación de contratos y los salarios otorgados a empleados de confianza.

“Estas son posiciones vacantes y es importante que llenar los puestos”, argumentó Rivera, quien subrayó que las operaciones de la corporación no tienen un impacto sobre el fondo genera del Gobierno central.

En el caso de la UPR, Aponte destacó que a finales de 2014, el presidente del centro docente, Uroyoán Walker, autorizó aumentos salariales en la administración central por sobre $211,000. Con la acción, según el representante, se subió la nómina anual a más de $1.1 millones.

“Pero esto no es todo, porque desde finales de 2013 se han creado sobre 65 puestos de confianza lo cual representa un aumento adicional de cerca de $6 millones en nómina en el sistema completo”, puntualizó.

“Mientras el Gobernador ‘evalúa’ la posibilidad de recortar la jornada de trabajo a los servidores públicos, eliminando beneficios adquiridos como el de los días por vacaciones, autoriza el derroche de millones de dólares en estas nuevas contrataciones”, insistió.

Gobierno no pagará en agosto deuda de la Corporación para el Financiamiento Público

Por Antonio R. Gómez07/29/2015 |06:18 p.m.
(Archivo) 

Sin embargo, sí lo hará con los pagos de las deudas que vencen a principios de agosto.

El gobierno de Puerto Rico se propone cumplir con todos los pagos de las deudas que vencen a principios del próximo mes de agosto con la excepción de la que corresponde a la Corporación para el Financiamiento Público (PFC en inglés), aseguró este miércoles el secretario de la gobernación, Víctor Suárez

“La del (Sistema de) Retiro ya se hicieron las debidas reservas, la de Cofina (Corporación del Fondo de Interés Apremiante) ya se hicieron las reservas que eran las dos de agosto. La de los municipios, eso se hizo también. Las más difíciles de hacer son las del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y PFC.”, sostuvo Suárez en conferencia de prensa que ofreció tras concluir la reunión de hoy del Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica.

Se expresó optimista, sin embargo, que las gestiones que realiza el BGF para obtener liquidez le permitirán hacer el pago correspondiente de su deuda.

“Estamos haciendo todo lo posible para que los pagos del BGF se puedan dar y buscando alternativas de liquidez para el Banco Gubernamental. Con relación a PFC, lo que hemos mencionado es que el Gobierno tiene un problema de flujo de efectivo, que hasta ahora no ha habido ninguna medida que cambie ese panorama”, agregó.

Sobre posibles medidas para cubrir ese pago, que asciende a $94 millones, señaló que “simplemente estamos monitoreando recaudos de Hacienda y el gasto del Gobierno para ver cómo se comportan”.

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Suárez aclaró, por otra parte, la transacción que se propone realizar el Gobierno utilizando los recaudos de la llamada “crudita” como fuente de repago.

“Lo que se está buscando es utilizar el mecanismo de la ‘crudita’ para buscar liquidez a corto plazo. Puede ser a través del Banco Gubernamental y con un intercambio de notas entre Carreteras y el Banco Gubernamental, refinanciar la deuda de (la Autoridad de) Carreteras con el BGF y entonces el Banco Gubernamental ofrecerle liquidez al gobierno central a corto plazo”, explicó.

“Hay un intercambio de notas, se refinancia la deuda que tiene Carreteras con el BGF a través de una emisión de bonos. Esa liquidez adicional que se le dé al BGF, pues que el BGF la utilice para darle liquidez al gobierno central”, abundó. “Lo que estamos buscando es traer dinero nuevo por $500 o $600 millones adicionales”, sostuvo.

Suárez reiteró, por otra parte, que la emisión de $3,000 millones que se haría utilizando los recaudos de la “crudita” como fuente de repago, está prácticamente descartada.

“Lo que hemos dicho es que no hemos adelantado mucho en la emisión de $3,000 millones porque las condiciones que nos han impuesto son onerosas. Si esas condiciones cambiaran… pero las que tenemos no son aceptables”, recalcó.

Analizan poderes se darían a Junta

La amplitud de poderes que podría tener la propuesta Junta de Control Fiscal fue el tema discutido hoy en la reunión del grupo de trabajo que designó el gobernador, Alejandro García Padilla, y que está actualmente evaluando los aspectos legales de esa propuesta.

“Las reuniones periódicas son los viernes. La de hoy era para simplemente ver un borrador sobre Junta de Control Fiscal, un documento de análisis legal que se pidió y ese fue el único tema que se tocó”, informó Suárez.

“Lo que se está mirando es que Puerto Rico es distinto a las ciudades en que se han establecido las juntas de control fiscal y es distinto a un país soberano, en términos de cómo se aprueba el presupuesto y las facultades que pueda tener esa junta de control fiscal, pues hay una delegación de poderes del Legislativo y el Ejecutivo y se están haciendo los análisis legales para ver hasta donde se puede llegar con esa delegación de poderes y qué es constitucional y qué no es, dado el caso de Puerto Rico”, explicó.

Suárez informó que hay además otros grupos de trabajo laborando sobre las distintas áreas que estará atendiendo este comité.

“Hay otros grupos de trabajo, yo pasé por otras reuniones que están trabajando los grupos técnicos. Están trabajando en el área de reforma de welfare, el área de transportación terrestre y continúa trabajándose el área de permisos con la participación del sector privado, para reformar el área de permisos”, dijo.

Dichas reuniones, indicó, se están dando todas en distintos salones del Banco Gubernamental.

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