EL VOCERO

Lo que parece una deuda insignificante en comparación con otras obligaciones más cuantiosas, podría convertirse en el primer detonante de un impago para el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA), si al próximo 15 de julio no se identifican $94 millones de principal e intereses en notas de la Corporación para el Financiamiento Público (FPC, por sus siglas en inglés).

Muy cerca están en agenda otros $36.5 millones del primer pago de los bonos de 2012 Serie A del  FPC, para ser pagados el primero de agosto y cuya emisión fue por $410.6 millones.

Ninguna de las emisiones del PFC, algunas de las cuales se hicieron para financiar déficits en el pasado, cuentan con garantías del gobierno y solo dependen de asignaciones legislativas, pero en el nuevo presupuesto no fue consignada ninguna partida para sus repagos.

Aunque luce como una cantidad mínima frente a los $876 millones en notas que deberá honrar este año el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y para lo cual tampoco tiene asignación de fondos, los vencimientos del FPC están lejos de pagarse porque los recientes desembolsos por $790 millones de las obligaciones generales (GO´s) y de los pagarés en anticipación e ingresos de 2014 (TRAN´s), secaron más la cajas de Hacienda y el BGF.

Según el informe trimestral de las finanzas públicas del ELA, publicado la semana pasada, el balance en efectivo (sin contar la liquidez neta, que incluye otros activos) era de $20 millones en Hacienda y $72 millones en el BGF. Además, hay otros vencimientos de deudas y están los gastos ordinarios del gobierno, sobre todo la cuantiosa nómina de empleados públicos.

Fuentes financieras consultadas por EL VOCERO, aseguraron que además de la situación con la deuda de $9,000 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en el radar inmediato de la comunidad inversora y de los acreedores del ELA, están los pagos por realizar del FPC, debido al ¨timing¨ en que vencen y a la situación en el flujo de caja.

De hecho, cuando el domingo 28 de junio The New York Times sorprendió al mundo al citar al gobernador Alejandro García Padilla, quien admitió que la deuda de $73,000 millones de Puerto Rico era impagable a los términos originales de los acuerdos, la única deuda citada y que podría enfrentar dificultades (además de la AEE), fue precisamente la del FPC.

A preguntas de EL VOCERO, el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, Rafael ¨Tatito¨ Hernández Montañez, dijo que el dinero del FPC no se  presupuestó por la situación económica actual, pero reiteró que ¨al gobierno y al BGF se le han dado las herramientas necesarias para manejar estos asuntos y decidir lo que pueden hacer¨.

¨Nosotros estamos más que liberados y ese ha sido el mensaje desde el primer día. Las herramientas están ahí para ejecutarlas, pero si ese pago (del FPC) que es el que menos garantías tiene y no lo logran negociar, no podrán negociar ninguna otra deuda. Todo el mundo está mirando ahí¨, expresó Hernández Montañez.

Fuentes de EL VOCERO, aseguraron que esta situación de obligaciones sin presupuestar y que podría iniciar un efecto dominó al ocurrir un primer impago de deuda pública, fue lo que aceleró la renuncia hace unas semanas del entonces presidente de la junta del BGF, el banquero David Chafey.

¨En este momento la deuda más riesgosa es esa de la Corporación para el Financiamiento Público¨, sentenció Hernández Montañez, y dijo que ¨con esa deuda tienen que sentarse a negociar desde ya con los bonistas¨.

Al cierre de la edición no fue posible lograr comunicación con el BGF.

Al examinar algunos documentos de las emisiones del FPC, además de hacer claro que no cuentan con garantías como es el caso de las obligaciones generales y otra deuda garantizada contra el Fondo General, se establece también que ¨los bonos (del FPC) no están sujetos a mecanismos de aceleración una vez ocurriera un evento de impago¨. Eso significa que sus tenedores no poseen acuerdos para recobrar la totalidad de lo prestado en caso de incumplimiento, aunque está el derecho de levantar casos legales.

El peligro es que de todas formas sería un impago y por ende acabaría de sepultar el crédito del ELA al arrastrar otras deudas por efecto indirecto y llegarían reclamaciones.

Cabe recordar que el pasado 21 de mayo Moody´s Investor Service degradó notas del BGF y de otros créditos del gobierno, que involucró deuda por $54.8 mil millones, y adelantó que ¨según recientes revelaciones, recursos en efectivo en el BGF pueden quedar totalmente agotados a finales de agosto, en ausencia de medidas de acceso al mercado o de emergencia para conservar efectivo¨. Indicó que el BGF enfrenta un aumento de 53% en el servicio de la deuda para este año fiscal que empezó el 1 de julio y los retiros de depósitos por la AEE y la Administración de Vivienda en las próximas semanas ¨acelerarán la erosión de liquidez del BGF¨.

Como consecuencia, Moody´s dijo que el banco estará ¨obligado a tomar medidas de conservación de efectivo para tratar de aplazar el reembolso del principal a los tenedores de bonos que no están protegidos por las promesas de ingresos más fuertes o disposiciones constitucionales, como serían las notas del BGF y la deuda del gobierno sujeta a apropiación¨. Ahí se cuentan los $876 millones que le maduran en notas al BGF y para lo cual buscará realizar un intercambio de notas para alargar vencimientos y la deuda del FPC.

Por orden ejecutiva, el gobernador creó la semana pasada el Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico, que deberá ¨lograr una moratoria negociada con los bonistas para posponer por un número de años los pagos de la deuda¨.

Sin embargo, el Grupo de Trabajo tendrá hasta el 30 de agosto para desarrollar el plan que impulse reformas económicas y fiscales para atacar la insolvencia, y el mismo no será considerado hasta el inicio de la sesión legislativa que comienza a mediados de agosto. Esto sugiere un tiempo extra que podría ser contraproducente para las negociaciones que se realicen con la deuda del FPC.

Cuando en junio de 2012 se colocó la emisión de bonos Serie A del FPC, casi la totalidad se vendió a nivel local, lo cual significa que entre sus compradores la mayoría son puertorriqueños, fondos mutuos y cooperativas de ahorro y crédito.

Con las continuas degradaciones del ELA, la calidad crediticia se hunde cada vez más en el terreno especulativo y los tenedores de bonos han sentido el golpe con la pérdida de valores y son muchos los puertorriqueños quienes han perdido bastante. Igual ocurre con las cooperativas que en el pasado cercano invirtieron –por invitación del estado- unos $1,000 millones en bonos del gobierno.

El FPC, que se creó en 1984, le provee a las agencias públicas un método alterno para satisfacer sus necesidades de financiamiento. Constituye una instrumentalidad gubernamental del ELA, independiente y separada del BGF, aunque es una subsidiaria del banco. Al 30 de junio de 2013, la FPC tenía aproximadamente $1,090 millones en bonos pendientes de pago, y esta deuda es parte de las denominadas obligaciones de apropiaciones del ELA, que en total suman $4,038 millones y podrían correr igual suerte en su cumplimiento.

La primera emisión que realizó el FPC fue para el refinanciamiento de la deuda de la Corporación Azucarera en 1985 y más adelante, en 1995 y tras la venta de la Autoridad de las Navieras, la deuda que asumió el gobierno central se colocó en el mercado de bonos a través de este instrumento financiero. Le siguieron otras transacciones y la última fue la de 2012.

¨Los próximos días serán cruciales¨, puntualizó el legislador Hernández Montañez.