El hecho sin precedentes del vencimiento el plazo del pago de $57.9 millones a los bonistas de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés), tiene serias repercusiones en los ciudadanos, más allá de las implicaciones que tendrá en términos gubernamentales.
Así lo aseguraron economistas consultados por EL VOCERO, en la víspera de un impago que cobra efectividad el 3 de agosto, ya que hoy, 1ro de agosto es sábado. Ya el gobierno, a través del secretario de la gobernación, Víctor Suárez, adelantó que este pago no se haría porque no hay flujo de dinero al priorizar los servicios como la seguridad, la salud y la educación y otros pagos con garantía constitucional, como el que se emitió ayer de $169 millones al servicio de la deuda.
Tanto los economistas Elías Gutiérrez, como Santos Negrón mencionaron a los ciudadanos como a los más afectados al final del camino.
“Si coges como ejemplo mi caso, que soy profesor por 48 años, para complementar la pensión, yo invertí en valores del gobierno, tomando la palabra del gobierno como buena. Yo voy a perder porque mis acciones están en la PFC”, mencionó Gutiérrez. Según el economista, esta pérdida, que se suma a otros factores, redunda en la pérdida del 50 por ciento de las riquezas financieras de las familias de clase media, y la clase alta baja.
“El PFC va a resultar en las pérdidas de las acciones de mil millones de dólares a los compraron originalmente los bonos, de manera de que esto es un cataclismo, aunque es una cantidad relativamente pequeña, simbólicamente mandas el mensaje al mercado de que Puerto Rico está quebrado, en default”, agregó.
Aunque dijo que era difícil conocer cuántos puertorriqueños invirtieron en bonos del gobierno, el profesor aseguró que se trata de miles de personas, y que podría impactar hasta a 40 por ciento de la población, considerando que los bonos no afectan solo a la persona que los adquiere, sino al núcleo familiar que lo consideró una buena inversión.
En ese sentido, el economista y exfuncionario del Banco Gubernamental de Fomento, dijo que afectaría a los ciudadanos, específicamente los socios, al afectarse las cooperativas. Cerca de una treintena de cooperativas de ahorro y crédito podrían estar cercanas a una crisis financiera en cualquiera de los 10 instrumentos del Estado Libre Asociado (ELA) en los cuales el sector invirtió sobre $1,500 millones en bonos y notas, o si les llega un recorte por renegociación de deuda.
“Ya está viéndose la dificultad en el sector de las cooperativas que no reciben este pago. Van a tener que introducir medidas de austeridad y ahorro más fuertes”, dijo, al asegurar que al final estos redundarían en los socios. A esto añadió que las cooperativas tendrían que incurrir en gastos de representación legal para reclamar su pago, otro cargo a la postre se verá reflejado en el consumidor.
“Están conservando dinero, pero le están causando daño a la comunidad financiera, a las cooperativas, a los socios que ven reducidos sus valores y a los propios acreedores a nivel local”, repudió Negrón.
Otra pérdida a consecuencia del impago, según Gutiérrez, es el “buen nombre de Puerto Rico, como un lugar para invertir y hacer negocios”.
“Crea una situación de desconfianza en pagos futuros, expectativas negativas a las casas acreditadoras, y dificulta el acceso de Puerto Rico al crédito como el Trans, donde hay expectativa de que pueda colocar deuda”, anticipó Negrón.
Condenó además que el gobierno llame este tipo de deuda como una “moral”, “de la que no hay obligación de pagarlas”. “Eso es un argumento trivial porque la deuda se paga responsablemente”, puntualizó, al asegurar que además este impago ocasiona una incertidumbre generalizada que se refleja en el ahorro y estancamiento de la economía.
“Es una situación de riesgo para el gobierno, la forma en que se instrumentó”, criticó.
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