Por Oreste Ramos/ Columnista 

La mejor que nos puede pasar es que se legisle para permitirle al gobierno de Puerto Rico y a sus muchas corporaciones públicas (como la AEE, la AAA, la AC, etc.) declararse en quiebra, según le ha pedido al Congreso la administración del Presidente Obama.

La Ley de quiebras es un amparo para que los acreedores las personas privadas, corporaciones públicas o gobiernos municipales y estatales no estén sujetas a que los acreedores se lo quiten todo sino que cuenten con un proceso ordenado, dirigido por el Tribunal Federal, que le permita a los deudores pagar sus deudas y, si son necesarias, reestructurarse. Como Detroit.

En nuestro caso, el Tribunal podría nombrar síndicos para administrar nuestras corporaciones y agencias públicas, y diseñar un método para ir pagando lo que se debe sin que los ciudadanos se queden sin servicios esenciales. Los síndicos que nombren los Tribunales podrían ir eliminando, re-organizando o privatizando muchas de éstas aliviándole la deuda al gobierno y la vida a la gente. Y, si fuera necesario, tomar
posesión de Hacienda y del Banco Gubernamental.

Nuestra Constitución local le asigna ciertos poderes a la Legislatura y al Gobernador. Pero recuerden que la Constitución de P.R. es una Ley Federal aprobada en 1952 mediante la R.C. 447. Y que el poder sobre los territorios se lo reserva el Congreso bajo el Act. 4, Secc. 3: Parr. 2 de la Constitución Federal: La Clausula Territorial.

Claro, la administración Obama al pedirle al Congreso que nos extienda la Ley de Quiebras debe haber considerado que los acreedores (bonistas) podrían demandar al Gobierno Federal para cobrar nuestras deudas a base de que somos una dependencia Federal con menos soberanía que los Municipios o las corporaciones públicas de los Estados, que la soberanía sobre un territorio la tiene el Gobierno Federal y que, por lo tanto, éste es responsable por la deuda de una dependencia suya. En fin, que el Departamento del Tesoro puede terminar
co-demandado en un pleito de cobro radicado por los bonistas, no en el Tribunal de Quiebras sino en el Tribunal del Distrito Federal de Nueva York a cuya jurisdicción nos sometimos mediante los contratos de préstamos.

Ahora entendemos por qué el Secretario del Tesoro Federal (según trascendió en la prensa) llamaba con tanta frecuencia a nuestro gobernador. ¿Sería para pedirle que se uniera a la petición de varios Congresistas y del Comisionado Residente para que se nos incluyera en la Ley de Quiebras? Pero el Gobernador prefirió sacar pecho y adoptar la posición desafiante de la Sra. Kirchner. Probablemente para tratar de obtener el respaldo “patriótico” de los electores frente a la amenaza de un “enemigo exterior”. Ya hasta su Secretario de la Gobernación comenzó a hablar de “fondos buitres”. Igualito que la Sra. Kirchner. Es una vieja táctica de los gobernantes asediados desde adentro: decir que los asedian desde afuera. Se  trata de un Gobernador en peligro inminente de muerte política cuyo liderato
está cuestionado hasta por alcaldes y legisladores de su partido.

Sí. Lo mejor que nos podría pasar sería que un Tribunal de Quiebras, mediante síndicos, se ponga a regir racionalmente gran parte de nuestro Gobierno. Desde el Departamento de Hacienda, y el Banco Gubernamental de Fomento, hasta la Autoridad de Energía Eléctrica y toda la burocracia que nos asfixia, nos estrangula y nos impide pagar nuestras deudas.

Para sacudirnos de esta crisis que se pone peor cada día, hace falta un exorcismo por los que tienen el verdadero poder para hacerlo: el Congreso y el Tribunal de Quiebras.

Columnistas, EL VOCERO