El secretario de Justicia de Puerto Rico, Cesar Miranda, se expresó sorprendido por la determinación del Departamento de Justicia federal de congelar el envío de fondos para su agencia y otras dependencias del gobierno de la Isla.

Sin embargo, Miranda aseguró sentirse optimista de que el asunto se resolverá favorablemente, tras conversar hoy con oficiales federales, incluyendo personal de Casa Blanca.

Miranda aseveró que, en lo que respecta a su agencia, no hay justificación para ese tipo de acción ya que tan reciente como el pasado 10 de agosto se envió la respuesta a la auditoría que realizaron las autoridades federales y hasta el momento no hubo reacción adversa alguna a la misma.

Explicó que la auditoría cubrió las asignaciones entre el 2008 al 2012, y en algunas áreas cubrió parte del 2013. Indicó que en su respuesta se explicaron cada una de las áreas señaladas e incluso se les hizo una proyección de gastos y de los programas que se pagarían con estos.

“Nos ha sorprendido que se nos haya incluido en este tipo de catalogación como que somos de alto riesgo. La determinación que se adopta es mala porque tiene el efecto de mantener los programas, pero financiándolos nosotros y requiriendo reembolso”, expresó Miranda tras participar de una reunión con el gobernador Alejandro García Padilla.

En improvisada rueda de prensa en La Fortaleza, Miranda informó que sostuvo una conferencia telefónica con oficiales federales en la que explicó el impacto de la medida y lo sorpresivo de la misma.

“Les he dicho hoy en una conferencia que he sostenido con representantes de Departamento federal que nosotros no podemos financiar ese tipo de operación. Tenemos alrededor de 60 proyectos. Son proyectos de índole social, entre ellos los ‘drug courts, que nosotros le aportamos los recursos”, indicó.

Miranda sostuvo que en la conferencia telefónica participaron representantes del Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la Casa Blanca.

“Noté un gran interés en atender el asunto y verdaderamente una gran receptividad a los fundamentos que estoy exponiendo”, afirmó.

Adelantó que esta misma semana responderá a la carta y pedirá se revise la determinación. “

Expresó, por otra parte, que “noto un entrelínea en la referencia continua en la carta a la situación fiscal del país y si ese es el fundamento, es un fundamento incorrecto”.

Indicó que los funcionarios federales se excusaron por la forma que les fue notificada la determinación. “Se excusaron por la forma en que nos enteramos. Nos enteramos, por ustedes la prensa”, dijo al argumentar que la carta le llegó ayer, martes.

Mientras, también la directora de la Oficina de Administración de Tribunales, Isabel Llompart Zeno, se expresó sorprendida por la inclusión de su entidad en este listado federal.

«La divulgación de esta información nos sorprende ya que no se ajusta a la realidad de nuestras operaciones fiscales. Es importante aclarar que la OAT no ha recibido señalamiento alguno relacionado al mal uso de los fondos federales que recibimos para el funcionamiento  de determinados proyectos y programas. Por el contrario, nos preciamos de contar con estrictos controles para garantizar el fiel cumplimiento con las disposiciones que rigen el uso que se brinda a estos fondos», expresó la jueza en declaraciones escritas.

Solo llegó un correo electrónico

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortíz, informó que la Oficina del Gobernador está solicitando al Departamento de Justicia Federal información y detalles sobre la determinación.

Explicó que lo que se recibió en La Fortaleza fue un correo electrónico con la decisión y que el mismo no contiene detalles sobre los fundamentos utilizados para la determinación de congelar los fondos.

“Sí, se recibió un correo electrónico pero la carta no. Le pusimos en conocimiento que el procedimiento no había sido el indicado. La información sobre los fondos no ha sido clara”, expresó Ortiz refiriéndose a la comunicación que sostuvo hoy la Oficina del Gobernador con el Departamento de Justicia Federal.

“Estamos pidiéndole razones y detalles adicionales sobre las auditorías. Algunos señalamientos son del 2010 y el 2011”, agregó.

Indicó que el reclamo de información y detalles lo está haciendo La Fortaleza a nombre de todas las agencias afectadas por esta decisión.

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Además del Departamento de Justicia están incluidas en la congelación de fondos la Administración de Corrección y Rehabilitación, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales; la Administración de Tribunales; la Oficina de Asuntos de Seguridad Pública, bajo la Agencia estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; la Procuraduría de la Mujer y la Universidad de Puerto Rico, recintos de Río Piedras y Carolina.