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(Ángel M. Rivera Fontánez)

El futuro financiero de uno de los programas sociales más importantes del Gobierno, la reforma de salud, continúa siendo una incógnita mientras  aún no ha podido liquidar la millonaria deuda que mantiene con los proveedores de salud desde el mes de marzo.

El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) lleva  dos meses evaluando una propuesta de un inversionista interesado en auxiliar económicamente a la Administración de Seguros de Salud (ASES) en esta gestión. Ayer, el Gobierno anunció que continúa su análisis.

Líderes de la Rama Legislativa, mientras tanto, no han tomado acción concreta para verificar que los términos del posible acuerdo entre el Gobierno y el o los inversionistas privados no sean muy agresivos.

La precariedad de capital disponible en la ASES se refleja en su incapacidad por cancelar la deuda de unos $200 millones con los proveedores que le dan servicio a los 1.6 millones de beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno (PSG). El último abono que hizo el Gobierno a esta deuda fue a principios de junio.

En medio de esta incertidumbre fiscal, las finanzas de los proveedores que sostienen Mi Salud están tocando fondo y provocando limitaciones en los servicios a pacientes, según han denunciado hospitales, médicos y otros proveedores de salud.

Continúa el análisis

Ante la carencia de una línea de crédito de $150 millones para la operación de Mi Salud, la ASES abrió la puerta de negociación con varios inversionistas privados que han mostrado interés en prestarle el dinero que necesita.

El pasado 6 de julio, la ASES le sometió al BGF la propuesta de uno de estos inversionistas. El Banco le informó  a este diario hace dos semanas que estaba trabajando para completar su análisis sobre la propuesta durante este mes. Ayer anunció que  continuaba evaluándola.

“Se continúa trabajando el  análisis.  Quedan unas dudas importantes de aclarar, las cuales estamos trabajando entre la ASES, el BGF y el representante del inversionista”, informó ayer  Maria Cristina Santiago, portavoz de prensa del BGF.

Mientras tanto,  Ricardo Rivera, director ejecutivo de la ASES, explicó que el BGF está revisando tanto la parte legal como financiera de la propuesta del inversionista.

“Estamos a la espera”, sostuvo.

Según se ha informado, el préstamo sería a través de “hedge funds” o fondos de cobertura, conocidos por el riesgo que revisten debido a sus altos intereses y onerosas peticiones de repago.

Por otra parte, el funcionario recordó que hay otros dos inversionistas también interesados en prestarles el financiamiento que necesitan. Uno de estos dijo, ya le anunció que  le someterá su propuesta de inversión próximamente.

“(Cuando lo recibamos) también se lo someteremos al BGF para su evaluación”, dijo Rivera.

Sin acción legislativa

La Legislatura se mantiene pendiente a las movidas que hace la ASES para buscar el financiamiento que necesita. Sin embargo, a pesar de la envergadura que representa el riesgo de una inversión privada sobre uno de los proyectos sociales más importantes del Gobierno, no hay ninguna resolución o proyecto sometido que evalúe los términos y condiciones de esta negociación antes de que se materialice.

Lydia Méndez, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, comentó que en las reuniones semanales que tiene con Rivera le ha advertido al funcionario que esté pendiente a que las condiciones del préstamo no sean onerosas.

“No puede ser alguien que venga a extorsionar. Tiene que ser alguien con seriedad y el compromiso que amerita”, dijo.

Recalcó, no obstante, que “hay que darle el espacio” a Rivera para lograr la línea de crédito que urge la ASES.

José Luis Dalmau, presidente de la Comisión de Salud en el Senado, dijo desconocer la identidad de los inversionistas o  términos en negociación.

“Me preocupa la lentitud con que se está trabajando esto porque la ASES necesita oxígeno rápido”, opinó.

Aunque no hay una medida legislativa que imponga algún tipo de fiscalización sobre  las negociaciones del Gobierno con un inversionista privado, tanto Méndez como Dalmau se refirieron al Proyecto de la Cámara 2576, medida que sustituye el vetado Proyecto de la Cámara 2501.

Ambos buscan aumentar el margen prestatario de la ASES. El 2576, que fue radicado el pasado 17 de agosto, elimina la responsabilidad que imponía el 2501 de que el Estado Libre Asociado (ELA) respondiera por las obligaciones financieras de la ASES.

Mientras tanto, el senador  Larry Seilhamer, portavoz de la minoría novoprogresista en el Senado, indicó que ha sometido dos medidas legislativas en abril y junio para auscultar las finanzas de la ASES y que ninguna ha prosperado. Se refirió a las Resoluciones del Senado 1145 y 1192.

“Esto es importante para que el Senado tenga toda la información disponible y cuáles son las mejores opciones y alternativas (de financiamiento), pero no se les ha dado paso (a las medidas)”, lamentó.

La senadora  María de Lourdes Santiago, portavoz  del Partido Independentista Puertorriqueño, también deploró la poca participación que se le da a los legisladores de minoría.

“Como todo en el País la inseguridad rodea a todo servicio público, incluyendo a la reforma de salud, que está al borde del colapso”, dijo.

Eduardo Bhatia, presidente del Senado, informó a través de su portavoz de prensa,  María de Lourdes Martínez, que no emitiría expresiones sobre este particular.  Jaime Perelló, presidente de la Cámara de Representantes y  Jennifer González, portavoz de la minoría novoprogresista en ese cuerpo, tampoco estuvieron disponibles ayer para comentar sobre el futuro financiero de la reforma de salud.

Crisis entre proveedores

Jaime Plá, de la Asociación de Hospitales y  Víctor Ramos, del Colegio de Médicos Cirujanos, coincidieron en la crítica situación que enfrentan los proveedores de salud.

“Algunos (proveedores) han tenido que cerrar oficinas, retirarse antes de tiempo o irse de Puerto Rico”, dijo Ramos.

Por su parte, Plá resaltó que las deudas y los atrasos en los pagos a proveedores han agudizado el problema de flujo de efectivo en los hospitales.

“Ya la plantilla (de empleados) en los hospitales es menor que antes”, sostuvo.