José Aponte Carro, secretario interino de Corrección. >Carlos Giusti/EL VOCERO

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Larry Seilhamer Rodríguez, radicó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia denunciando que José Antonio Aponte Carro ocupa ilegalmente el puesto de secretario del Departamento de Corrección y
Rehabilitación. En el recurso legal se solicita además que se declaren nulas las decisiones y determinaciones tomadas por este.

La demanda establece que la designación de Aponte Carro como secretario interino de Corrección durante la pasada Sesión Ordinaria -que culminó en pasado 30 junio- no contó con la aprobación de ese Cuerpo, como lo requiere el Artículo 173 del Código Político de Puerto Rico, por tanto el interinato fue ilegal.

“La Ley requiere que de no haber un secretario en propiedad el puesto lo tendría que ocupar el subsecretario, y de no existir un subsecretario el nombramientopara el interinato debe pasar por la aprobación del Senado. En el caso de Aponte Carro esto no ocurrió, trastocando así las disposiciones del Código Político de Puerto Rico y la facultad constitucional del Senado de consejo y consentimiento”, sostuvo Seilhamer Rodríguez quien explicó que actualmente en la Ley que rige el Departamento de Corrección no existe el puesto del subsecretario.

El senador indicó que dado la nulidad del interinato de Aponte Carro por estar en incumplimiento con la Ley, las decisiones y determinaciones como ascensos, traslados, contratación y destitución de personal, entre otras, en Corrección deben ser revocadas.

Del mismo modo, la demanda también señala la ilegalidad actualmente de Aponte Carro como jefe de la Agencia, ya que su
nombramiento como secretario de Corrección no ocurrió durante el receso. Es decir antes de que comenzara la presente Sesión el 17 de agosto de 2015. “Aponte Carro no puede ocupar el cargo hasta que este sea confirmado por el Senado, porque fue designado después de que comenzara la Sesión. Nuestra Constitución es clara en otorgar los poderes a las tres Ramas de Gobierno y no se pueden trastocar impunemente. Es nuestra responsabilidad cumplir a cabalidad con los mandatos que nos otorga la Ley, con este nombramiento se está usurpando el poder de la Asamblea Legislativa y el trabajo para el cual fuimos electos”.