Pierluisi de3pondrá esta mañana sobre la crisis fiscal de Puerto Rico en una audiencia del Comité de Finanzas del Senado federal. (Luis Alcalá del Olmo)
WASHINGTON – Antes de declarar hoy en el Comité de Finanzas del Senado estadounidense, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, ofreció anoche una charla sobre la situación política de Puerto Rico en la Universidad de Columbia, en Nueva York.
En un encuentro con estudiantes de la Facultad de Derecho de la institución universitaria, Pierluisi insistió en su argumento de que la crisis económica de Puerto Rico se resuelve con la estadidad.
Y mantuvo que para poner fin al debate sobre el status político de la Isla, Puerto Rico tiene que optar por la estadidad o la independencia.
«La estadidad perfeccionaría nuestra unión a los Estados Unidos. Le daría a Puerto Rico lo que todas las personas libres merecen: derechos plenos al voto, autogobierno pleno y la plena igualdad ante la ley. El estado de Puerto Rico tendría mucho más poder político que el territorio de Puerto Rico, con dos senadores federales, cinco representantes en la Cámara federal, y siete votos para el presidente y vicepresidente. Al mismo tiempo, al asegurar que Puerto Rico recibiría un trato igual en todos los programas federales, la estadidad fortalecería la economía de Puerto Rico y mejoraría nuestra calidad de vida, como queda demostrado con los ejemplos más recientes de Alaska y Hawái. Nunca he escuchado a un observador objetivo argumentar lo contrario”, indicó Pierluisi, según un comunicado de prensa.
Pierluisi es uno de cuatro ponentes que testifican durante la mañana sobre la crisis fiscal de Puerto Rico en una audiencia del Comité de Finanzas del Senado federal.
Senado federal pone la lupa sobre Puerto Rico
El Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos discutió hoy, durante casi dos horas, la situación económica y fiscal de la Isla
La necesidad de que el Gobierno de Puerto Rico divulgue información sobre las finanzas de la Isla al Congreso, la creciente migración de puertorriqueños hacia Florida, la disparidad en la asignación de fondos de Medicare y Medicaid, y la dilación con la que la Cámara alta federal ha atendido la petición para que el Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal aplique a Puerto Rico, fueron algunos de los temas principales en la audiencia que celebró hoy el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos.
El presidente del Comité de Finanzas, el senador republicano de Utah, Orrin Hatch, llamó la atención sobre la necesidad de que la administración de Alejandro García Padilla comparta información sobre las finanzas de la Isla con el Congreso.
“No creo que tengamos suficiente información para tomar decisiones”, sostuvo Hatch al finalizar la audiencia de casi dos horas.
Ante el reclamo, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, se comprometió a entregar los informes financieros auditados-aunque todavía falta que se divulgue el de 2014- y el informe Conway MacKenzie que, según la funcionaria, confirma el problema de liquidez que enfrenta el Gobierno.
Durante la audiencia, Acosta Febo aceptó que a la deuda de Puerto Rico totalizada en $72,000 millones hay sumarle el déficit del sistema de retiro que requeriría sacar del Fondo General $900 millones al año para que no quede inoperante el sistema en 2018.
Por su parte, el comisionado residente Pedro Pierluisi, sostuvo que el principal problema de Puerto Rico es la falta de crecimiento económico.
Insistió en que la estadidad es la solución duradera a la crisis, al argumentar que la raíz del problema es la condición territorial y para que Puerto Rico progrese debe ser tratado con igualdad que solo se logrará siendo estado.
“El principal problema económico es la falta de crecimiento, por lo que Puerto Rico tiene que ejecutar una estrategia clara para aumentar la inversión de capital y la creación de empleos. Una reforma gubernamental es esencial. Puerto Rico tiene un gobierno central ineficiente cuya capacidad y credibilidad está siendo cuestionada por potenciales inversionistas. En vez de desatar el potencial del sector privado, el Gobierno lo ha sofocado”, sentenció Pierluisi.
“Una reforma fiscal también es necesaria. El Gobierno de Puerto Rico tiene que vivir con lo que ingresa y reducir sus gastos. Tiene que modernizar su sistema contributivo, el cual requiere que algunas compañías paguen 39 por ciento mientras otras pagan menos de 5 por ciento. Recientemente, el Gobierno aumentó las contribuciones para sostener sus gastos excesivos. Estos impuestos tienen que ser eliminados o reformados. Una vez se implante una política contributiva equitativa, el gobierno tiene que lograr captar las contribuciones que impone, algo que ahora no logra hacer efectivamente”, añadió el también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Ante el reclamo de aumento de gastos en el Gobierno, la presidenta del BGF reclamó que la administración García Padilla no ha aumentado los gastos pero sí el pago de la deuda que fue refinanciada por pasadas administraciones.
En tanto, el director de Política de Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, recomendó introducir legislación para proveerle a Puerto Rico trato igual bajo los programas federales de salud, tales como Medicare, Medicaid, y el Affordable Care Act .
Al mismo tiempo, recomendó extenderle a Puerto Rico el programa federal de Crédito por Ingreso Devengado o Earned Income Tax Credit (EITC).
Según el economista, el EITC federal es el programa contra la pobreza más importante de los Estados Unidos.
“La extensión de este programa a Puerto Rico le proveería un ingreso suplementario significativo a las familias trabajadoras de la isla y estimularía la demanda agregada en el corto plazo”.
Marxuach dijo además que fuera de la jurisdicción del Comité de Finanzas, se pudiera impulsar legislación para autorizar al Gobierno de Puerto Rico a permitirle a sus agencias, instrumentalidades y municipios con problemas fiscales a radicar peticiones de bancarrota bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras de los Estados Unidos; eximir a Puerto Rico de las leyes de cabotaje (Acta Jones), que le requiere el uso de navíos de Estados Unidos, que son relativamente costosos, para el comercio entre Puerto Rico y los Estados Unidos; y aprobar legislación para modificar los límites extremadamente estrictos de ingresos y activos que se le aplican a los recipientes de ciertos programas de asistencia social.
En tanto, el exdirector de la Oficina de Presupuesto del Congreso y del Consejo de Asesores Económicos del presidente George W. Bush, Douglas Holtz-Eakin, abogó contra la inclusión de Puerto Rico en el Capítulo 9 y puso en entredicho la efectividad de una Junta de Control Fiscal.
Además de Hatch, en la audiencia participaron el portavoz demócrata, Ron Wyden, y los senadores Bill Nelson, Chuck Grassley, Bob Menendez, y Chuck Schumer.
El senador Nelson de Florida trajo al debate la preocupación de que al menos 1 millón de puertorriqueños se han mudado a su estado. Aunque aseguró que los puertorriqueños son bien recibidos en Florida cuestionó el efecto que tendrá en la economía de Puerto Rico el que más profesionales abandonen la Isla.
Por otro lado, el senador Grassley, presidente del Comité de lo Jurídico del Senado, mencionó la posibilidad de que se apruebe una Junta de Control federal en vez de una Junta de Control Fiscal local “que pudiera ser inefectiva por la presión política local”.
“Una Junta de Control Fiscal federal debería ser parte de un acercamiento comprensivo para mover los obstáculos y lograr una reforma fiscal efectiva debido al hecho de que el Gobierno emplea casi 25 por ciento de los trabajadores puertorriqueños”, apuntó al tiempo que mencionó la efectividad que tuvo este organismo en Nueva York a la hora de tomar decisiones difíciles.
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con una década de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
Sin saber qué hacer los republicanos con la crisis fiscal de Puerto Rico
Piden más transparencia al gobierno local durante la vista federal
martes, 29 de septiembre de 2015 – 2:20 PM Por José A. Delgado
Orrin Hatch, presidente del Comité de Finanzas del Senado federal. (Captura)
WASHINGTON – Los líderes republicanos del Senado estadounidense reclamaron hoy mayor transparencia del gobierno de Puerto Rico e insistieron en que siguen sin saber qué deben hacer para ayudar a la Isla a superar su actual crisis fiscal y de deuda pública.
El compás de espera que aún mantienen los republicanos contrastó con la urgencia que reclaman los demócratas, que por medio de senadores, como Charles Schumer (Nueva York), acentuaron que sin por lo menos darle acceso al capítulo 9 de la ley federal de quiebras y equidad en programas de salud como Medicare y Medicaid, se avecina «una crisis humanitaria» que afectará la economía de este país.
«No creo que tengamos suficiente información para tomar decisiones», dijo – al cerrar la audiencia de hoy sobre la crisis fiscal de la Isla-, el presidente del Comité de Finanzas, el republicano Orrin Hatch (Utah), quien hizo continuos llamamientos a favor de que el gobierno de Puerto Rico mejore el acceso a la información sobre el estado de sus finanzas.
Esa misma demanda han hecho constantemente las casas acreditadoras y analistas financieros que han seguido de cerca la crisis fiscal de Puerto Rico, que puede provocar un impago general del gobierno puertorriqueño antes de que termine el año, disminuyendo servicios públicos esenciales.
Pero, ello no ha evitado – en un abierto contraste-, que demócratas del Senado, hayan presentado medidas como el acceso al capítulo 9, mejorar las asignaciones de programas de salud y proponer la plena inclusión de la Isla en créditos contributivos federales para niños dependientes (CTC) y por ingresos (EITC).
Desde el inicio de la audiencia, el senador Hatch advirtió que su comisión se encuentra en la etapa de recibir información sobre la crisis fiscal de Puerto Rico.
Hatch advierte Comité de Finanzas recibe información
Hatch, a su vez, solicitó a los panelistas de hoy ante su comisión que abstuvieran de debatir sobre dos asuntos que están fuera de su jurisdicción y que son claves en el debate sobre la crisis fiscal: la falta de un estatuto general para reestructurar la deuda, y el status político. Pocos le hicieron caso.
«Esta no es una audiencia sobre el capítulo 9 de la código de quiebras o sobre el status de Puerto Rico como territorio», indicó Hatch.
De todos modos, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, basó su presentación verbal en que la raíz del problema fiscal de Puerto Rico son las inequidades del trato que recibe la Isla bajo el actual status territorial.
Hatch reconoció, sin embargo, que Puerto Rico se enfrenta a un precipicio fiscal en el área de la salud, ante el agotamiento de los fondos asignados por la reforma federal de salud Obamacare.
Como crítico de esa legislación, Hatch aprovechó para señalar que no le sorprende que haya «inequidades y daños financieros como resultado» de Obamacare.
El portavoz de la minoría demócrata en el Comité de Finanzas, Ron Wyden (Oregón), fue directo a reconocer que hay áreas que tienen que estar sobre la mesa en esta crisis, como un mejor acceso a programas federales y la vigencia en la Isla de los créditos contributivos para niños independientes y por ingresos.
Hizo énfasis en que «sin un proceso de reestructuración el problema de la deuda no va a desaparecer».
Pero, también cuestionó la efectividad de las políticas contributivas de la Isla, como la ley 20 que otorga grandes incentivos contributivos a millonarios que se mudan a la isla o la decisión de compartir el reembolso del arbitrio federal al ron que se vende en EEUU con las empresas licoreras de la Isla.
«Las políticas contributivas del Estado Libre Asociado no han sido de ayuda», sostuvo Wyden, quien cuando era presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal reclamó superar el actual status territorial y que la Isla opte entre la estadidad, la independencia o la libre asociación.
Wyden apuntó además a la necesidad de «modernizar la economía» de Puerto Rico y puso como ejemplo el sistema de energía eléctrica, que dijo debe convertir su «arcaico» sistema de producción en uno basado en gas natural.?
Puerto Rico toca la puerta del Congreso
El Comité de Finanzas del Senado estadounidense escuchará hoy los argumentos y propuestas para reparar la crisis fiscal de la Isla
martes, 29 de septiembre de 2015 – 8:17 AM Por José A. Delgado
«Ellos quieren y se merecen, acción por parte de los líderes políticos en San Juan y Washington, DC. Buscan políticas inteligentes, implementadas rápidamente”, indicará Pierluisi ante el Comité de Finanzas. (Captura)
WASHINGTON– El Comité de Finanzas del Senado estadounidense escuchará hoy reclamos para que, más allá de dedicar unas horas a analizar la crisis fiscal en una audiencia, comience a tomar acciones urgentes que están bajo su jurisdicción y pueden ayudar a aliviar la grave situación económica de Puerto Rico, como lograr equidad en el acceso a programas federales de salud.
Tanto el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, como la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, y el economistaSergio Marxuach testificarán a favor de que se le otorgue paridad a Puerto Rico en los programas Medicare y Medicaid, una iniciativa que por sí sola pudiera representar sobre $2,000 millones anuales adicionales para la economía.
“Mis electores están comprensiblemente cansados de los estudios, informes, planes y grupos de trabajo. Están cansados de promesas vacías y propuestas mal informados. Ellos quieren y se merecen acción por parte de los líderes políticos en San Juan y Washington D.C. Buscan políticas inteligentes, implementadas rápidamente”, indica la ponencia de Pierluisi sometida ante la comisión.
Bajo la presidencia del republicano Orrin Hatch (Utah), quien ha advertido que quiere ver más recortes presupuestarios en la Isla, el Comité de Finanzas ha citado a declarar hoy al comisionado Pierluisi, a la presidenta del BGF, a Marxuach, director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), y al exdirector de la Oficina de Presupuesto del Congreso y del Consejo de Asesores Económicos del presidente George W. Bush, Douglas Holtz-Eakin.
El Nuevo Día obtuvo anoche copia de las cuatro ponencias.
La sesión se convoca en momentos que el Gobierno de Puerto Rico puede quedar insolvente en algún momento de este año fiscal.
Por ejemplo, el informe Conway MacKenzie ha presentado un escenario de iliquidez absoluta al concluir el año fiscal 2016. Esa situación de iliquidez, según el informe comisionado por el BGF, sería evidente en noviembre próximo cuando la caja de Hacienda esté en negativo por $795 millones y se aproxime el vencimiento de alrededor de $1,200 millones en pagos a los bonistas.
Aunque el Comité de Finanzas no tiene jurisdicción primaria sobre el proyecto que impulsa otorgarle acceso alas empresas públicas de Puerto Rico al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal y en un memorando interno el personal de la comisión desalienta el debate hoy sobre ese asunto, Pierluisi, Acosta Febo y Marxuach advertirán que ese es un mecanismo que ayudaría a Puerto Rico a reordenar su situación fiscal y emprender nuevas estrategias en busca de crecimiento económico.
En la audiencia, Holtz-Eakin se opondrá al acceso de Puerto Rico al capítulo 9, pero defenderá -como reclaman el Gobierno de Puerto Rico y el CNE-, que se otorgue una exención especial a la Islaen las normas federales de cabotaje, que encarecen el transporte de productos desde los estados de Estados Unidos.
Holtz Eakin, además, propondrá darle la autoridad a Puerto Rico para no tener que cumplir con el salario mínimo federal, pues es “demasiado alto” para la mediana de ingresos en la Isla. “Cualquier acercamiento para alterar la trayectoria presupuestaria de Puerto Rico debe mejorar el panorama de empleo. Eso debe incluir bajar el salario mínimo federal a niveles apropiados para la escala salarial de la Isla”, dijo Holtz-Eakin.
A su juicio, para que haya una relación adecuada entre la mediana salarial y el salario mínimo, debería haber ahora un sueldo mínimo en Puerto Rico de $4.50 por hora, no de $7.25.
Holtz-Eakin, quien estuvo en la comisión creada para lidiar con la crisis financiera estadounidense y no ve viable la creación de una junta federal de control financiero, recomienda además considerar la privatización de corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El comisionado
En su ponencia, Pierluisi rechaza directamente la posibilidad de reducir el salario mínimo federal, pues considera que provocaría una mayor emigración.
Además, subraya su oposición a que el Gobierno quiera reestructurar la deuda de las obligaciones generales, protegidas por la Constitución de Puerto Rico y que totalizan $18,600 millones.
Para Pierluisi, la crisis de Puerto Rico es económica, fiscal y demográfica, y requiere “desarrollar e implantar una estrategia abarcadora para promover el crecimiento económico”.
“Según la economía de Puerto Rico se deteriora, la emigración a los estados aumenta. Según la emigración aumenta, la actividad económica de los consumidores y los recaudos del Gobierno disminuyen. El Gobierno puede responder aumentando las contribuciones o reduciendo sus gastos en servicios, lo que tiende a causar mayor emigración”, agrega.
“El Gobierno debe establecer un sistema contributivo simple y justo que ayude a crear un ambiente en el que las compañías compiten a base de sus méritos, y no a base de quién puede lograr el mejor acuerdo con el gobierno”, sostiene Pierluisi, quien hace una defensa de la estadidad y pide extender a Puerto Rico el Seguro Social Suplementario (SSI), mejorar el acceso al programa para familias pobres TANF y la plena aplicación del crédito contributivo federal por niños dependientes, entre otras cosas.
El comisionado Pierluisi le recuerda además al Comité de Finanzas que Puerto Rico rechazó en un plebiscito celebrado en noviembre de 2012 el actual status territorial, y la estadidad sacó más votos que ninguna otra fórmula.
Acosta Febo presenta en su ponencia las recomendaciones del grupo de trabajo que desarrolló el Plan de Ajuste Fiscal, que incluye “en muchos casos, dolorosas, reformas locales que abarcan casi todos los aspectos de la economía y el Gobierno”.
“El plan fiscal y de crecimiento económico incluye reformas a leyes laborales y de bienestar social, y permite simplificar y hacer reformas contributivas y en el otorgamiento de permisos, la consolidación de escuelas y la eliminación de subsidios municipales y para la educación universitaria”, señala la presidenta del BGF.
Acosta Febo advierte que la exclusión de la Isla del capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal ya ha tenido consecuencias negativas en los esfuerzos por reestructurar la deuda de cerca de $9,000 millones de la AEE.
Por un lado, expresa, ha impedido a Puerto Rico tener acceso a un financiamiento interino durante el proceso de negociación y, por el otro, alienta que deudores se queden fuera de las discusiones, queriendo “coger pon”.
“La ausencia de un régimen jurídico para reestructurar la deuda del Estado Libre Asociado de forma ordenada, potencialmente puede dañar la capacidad del ELA y sus acreedores para lograr una reestructuración integral de la deuda que permita a Puerto Rico reactivar su estancada economía”, indica Acosta Febo.
También defiende la creación de la sección 933A del Código de Rentas Internas federal, que es parte del Plan de Ajuste Fiscal, y que antes se ha solicitado sin éxito al Congreso. La propuesta dirigida a crear la sección 933A persigue que las empresas de control foráneo que se incorporen en Puerto Rico y obtengan por lo menos un 50% de sus ingresos en la Isla puedan ser reconocidas como corporaciones domésticas en Estados Unidos, sin pagar contribuciones por los ingresos que reciban de la Isla
Marxuach, quien lleva ante el Comité de Finanzas el análisis del CNE que advierte que el Gobierno de Puerto Rico puede quedarse insolvente en noviembre, asumió la defensa de la paridad en Medicare y Medicaid.
Con respecto al crédito contributivo por ingresos, Marxuach lo describe como “el programa antipobreza más efectivo en Estados Unidos”. “La extensión de este programa a Puerto Rico, que proporcionaría un complemento salarial significativo para las familias trabajadoras puertorriqueñas, podría estimular la demanda agregada a corto plazo”, añade.
Para Marxuach, la asistencia federal debe estar condicionada a que el Gobierno de la Isla se comprometa a aumentar la captación de sus recaudos, cerrar huecos contributivos inefectivos y modernizar el sistema tributario sobre la propiedad.
También afirma que el gobierno federal debe demandar de Puerto Rico combatir la corrupción gubernamental, modernizar la información sobre su sistema financiero – que adolece de transparencia-, reformar el sistema de otorgamiento de permisos, bajar los costos de energía y mejorar los estándares educativos.
El director de Política Pública del CNE enfatiza, además, que es hora de que el Congreso saque a Puerto Rico de su limbo político actual, “que es tan humillante para los puertorriqueños como indigno para Estados Unidos”.
“Simplemente indicar que corresponde a los puertorriqueños decidir su status político, aunque es cierto, es insuficiente -acentúa Marxuach-, porque el Congreso tiene desde hace mucho tiempo obligaciones legales y morales con respecto a Puerto Rico que ha fallado en honrar”.
No le cedieron turno en las vistas del Comité de Finanzas del Senado Federal
martes, 29 de septiembre de 2015 – 9:15 AM Por ELNUEVODIA.COM
En su reclamo al Congreso, el líder senatorial incluyó los problemas en el renglón de la salud. (Juan Luis Martínez Pérez)
Tras no lograr que le cedieran un turno durante la vista que realizará este martes el Comité de Finanzas del Senado federal, el presidente del Senado, Eduardo A. Bhatia, envió una ponencia escrita en la que exige acción del gobierno para conseguir herramientas que permitan a la Isla atender la situación económica y fiscal que se enfrenta.
Según detalló en un comunicado de prensa, su ponencia fue sometida ante la consideración del senador Orrin Hatch, presidente de la mencionada comisión. En la misma, llama a mirar y a aprender de las históricas lecciones sobre el tratamiento congresional hacia Puerto Rico.
“El Congreso debe mirar de cerca y aprender de las lecciones de la eliminación de la Sección 936”, ejemplificó Bhatia en su escrito.
El líder senatorial explicó, además, que las acciones tomadas por el Congreso en la década de 1990, contrario a lo que algunos pronosticaron entonces, contribuyó a la reducción de empresas manufactureras en la Isla y afectaron la base económica del País.
Bhatia, asimismo, subrayó que Puerto Rico no está solicitando un rescate federal. Por el contrario, “la propuesta de Puerto Rico se resume es: (a) la solicitud de un mecanismo para la reestructuración ordenada de la deuda y (b) un tratamiento justo por parte del Congreso con respecto a varias políticas federales que afectan de forma particular a los residentes en la Isla”.
“He apoyado firmemente la ampliación del Capítulo 9 del Código de Quiebras de Puerto Rico. No hay ninguna base racional para su exclusión. Si el Capítulo 9 se ve ahora como un régimen jurídico deficiente, tal vez el Congreso podría adaptar sus cláusulas de acción a los instrumentos de deuda de Puerto Rico”, manifestó Bhatia en su ponencia.
Por otro lado, en su reclamo al Congreso, el líder senatorial incluyó los problemas en el renglón de la salud.
“Por ejemplo, Puerto Rico está experimentando una crisis de salud importante. Como esta comisión es consciente, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y pagan los mismos impuestos de Seguro Social y Medicare que los ciudadanos que viven en el continente, pero reciben menos fondos que los 50 estados. El momento de hacer lo correcto”, detalló Bhatia.
“Negar a los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico y los demás territorios estadounidenses, igualdad de beneficios de salud en virtud de los programas de asistencia social, desafía los valores estadounidenses de justicia e igualdad y crea un régimen de dos categorías en torno a los cuidados de la salud que reciben los ciudadanos de Estados Unidos”, afirmó el presidente del Senado.
Por último, el líder senatorial recomendó al Congreso que estudie acciones específicas que puede tomar la Reserva Federal y el Tesoro de los Estados Unidos para ayudar a Puerto Rico en la resolución de sus problemas de liquidez a corto plazo.
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