Frente a frente – Pierluisi Siempre Trabajando y de Frente ante el Congreso y Puerto Rico

{Pedro Pierluisi no se juye, Siempre Trabajando y de Frente ante el Congreso y Puerto Rico. Otros sólo aparecen en micrófonos payoleados, no se sabe lo que piensan, son show y ruidos a Billetazos. Por eso Pedro Pierluisi presenta propuestas racionales, realizables, sobrias, porque la Verdad No Grita, la Verdad es sobria, pero el ruido se desvanece y la Verdad Aflora y Produce Buenos Resultados.}

Frente a frente

Melba Acosta se comprometió a entregar copia de los informes financieros auditados y el informe Conway MacKenzie

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Desde la izquierda, Pedro Pierluisi, comisionado residente; Melba Acosta, presidenta del BGF; Holtz Eakin, presidente de American Action Forum; y el economista Sergio Marxuach, durante la vista del Senado ayer. Suministrada.
Por Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO

La necesidad de que la administración de Alejandro García Padilla divulgue información sobre las finanzas de Puerto Rico al Congreso, la creciente migración de puertorriqueños hacia Florida y la disparidad en la asignación de fondos de Medicare y Medicaid, fueron algunos de los temas principales en la audiencia que celebró ayer el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos sobre los desafíos financieros y económicos de la Isla.

El presidente del Comité de Finanzas, el senador republicano Orrin Hatch (Utah), llamó la atención sobre la necesidad de que el Gobierno de Puerto Rico comparta información certera sobre las finanzas de la Isla. “No creo que tengamos suficiente información para tomar decisiones”, sostuvo Hatch al finalizar la audiencia de casi dos horas.

Ante el reclamo de transparencia sobre el estado de las finanzas de la Isla, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, se comprometió a entregar copia de los informes financieros auditados -aunque todavía falta que se divulgue el de 2014- y el informe Conway MacKenzie que, según la funcionaria, confirma el problema de liquidez que enfrenta el Gobierno. Durante la audiencia, Acosta Febo aceptó que a la deuda de Puerto Rico totalizada en $72,000 millones, hay que sumarle el déficit de los sistemas de retiro que requeriría sacar del Fondo General $900 millones al año.

Por su parte, el comisionado residente Pedro Pierluisi, sostuvo que el principal problema de Puerto Rico es la falta de crecimiento económico. Aunque el presidente del Comité de Finanzas del Senado dejó claro que no tiene jurisdicción en el tema del estatus político, Pierluisi aprovechó para insistir en que “la estadidad es la solución duradera a la crisis de Puerto Rico”.

“Una reforma fiscal también es necesaria. El gobierno de Puerto Rico tiene que vivir con lo que ingresa y reducir sus gastos. Tiene que modernizar su sistema contributivo, el cual requiere que algunas compañías paguen 39 por ciento mientras otras pagan menos de 5 por ciento. Recientemente, el Gobierno aumentó las contribuciones para sostener sus gastos excesivos. Estos impuestos tienen que ser eliminados o reformados. Una vez se implante una política contributiva equitativa, el Gobierno tiene que lograr captar las contribuciones que impone, algo que ahora no logra hacer efectivamente”, añadió el también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Ante los señalamientos de aumento de gastos en el Gobierno, la presidenta del BGF reclamó que la administración García Padilla no ha aumentado los gastos pero sí el pago de la deuda que fue refinanciada por pasadas administraciones.

En tanto, el director de Política de Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, recomendó introducir legislación para proveerle a Puerto Rico trato igual bajo los programas federales de salud, tales como Medicare, Medicaid, y el Affordable Care Act.El Nuevo Día

A este pedido se unieron el comisionado residente y la presidenta del BGF. A preguntas de Hatch, Pierluisi recordó que Puerto Rico no debe ser discriminado con una asignación de fondos menor para los programas de salud amparado en que los puertorriqueños no pagan contribuciones federales. Todos fueron respaldados por el senador demócrata, Charles Schumer (Nueva York), quien destacó que se avecina “una crisis humanitaria” por la inequidad en las asignaciones a los programas de salud como Medicare y Medicaid.

Además, Schumer destacó que enviaría una carta al presidente del Comité de lo Jurídico en el Senado, el senador Charles Grassley (Iowa) para que atienda el proyecto que busca la inclusión de Puerto Rico en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal. Posteriormente, Grassley, presidente del Comité de lo Jurídico del Senado, mencionó la conveniencia de que se apruebe una Junta de Control federal en vez de una Junta de Control Fiscal local “que pudiera ser inefectiva por la presión política” en la Isla.

“Una Junta de Control Fiscal federal debería ser parte de un acercamiento comprensivo para mover los obstáculos y lograr una reforma fiscal efectiva debido al hecho de que el Gobierno emplea casi 25 por ciento de los trabajadores puertorriqueños”, apuntó al tiempo que mencionó la efectividad que tuvo un organismo similar en Nueva York a la hora de tomar decisiones difíciles.

Además de Hatch, Schumer y Grassley, participaron en la audiencia, el portavoz demócrata, Ron Wyden (Oregón), los senadores Bill Nelson (Florida) y Bob Menendez (Nueva Jersey).

El senador Nelson trajo a la audiencia la preocupación de que al menos un millón de puertorriqueños se ha mudado a Florida. Aunque aseguró que los puertorriqueños son bien recibidos en Florida, cuestionó el efecto que tendrá en la economía de Puerto Rico el que más profesionales abandonen la Isla.

En tanto, el demócrata Wyden opinó que “sin un proceso de reestructuración el problema de la deuda no va a desaparecer” y cuestionó la efectividad de las políticas contributivas de Puerto Rico, como la ley 20 que otorga grandes incentivos contributivos a millonarios que se mudan a la Isla y la decisión de compartir el reembolso del arbitrio federal al ron con las empresas que producen el producto. El senador Menendez recordó que Puerto Rico no es un país extranjero y recordó la División 65 de Infantería- integrada por puertorriqueños- como una de las más condecoradas en la historia militar estadounidense. “Tenemos no solo un rol sino una responsabilidad de ayudar a sobrepasar este reto. Creo que no hay una buena razón por la que Puerto Rico no deba tener acceso igual al Capítulo 9, pero tampoco creo que esto sea la panacea”, sentenció luego de recalcar que la Isla fue excluida de este capítulo “después de oscuro proceso sin debate en 1984”.

El economista Marxuach, por su parte, recomendó al Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos extenderle a Puerto Rico el programa federal de Crédito por Ingreso Devengado o ‘Earned Income Tax Credit’ (EITC, por sus siglas en inglés). Según el economista, el EITC federal es el programa contra la pobreza más importante de los Estados Unidos. “La extensión de este programa a Puerto Rico le proveería un ingreso suplementario significativo a las familias trabajadoras de la isla y estimularía la demanda agregada en el corto plazo”, sentenció.

Aunque reconoció que está fuera de la jurisdicción del Comité de Finanzas, Marxuach destacó que hay que impulsar legislación para autorizar al Gobierno de Puerto Rico a permitirle a sus agencias, instrumentalidades y municipios con problemas fiscales a radicar peticiones de bancarrota bajo el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, dijo que hay que eximir a Puerto Rico de las leyes de cabotaje, que le requiere el uso de navíos de EEUU, que son relativamente costosos para el comercio entre Puerto Rico y EEUU; y aprobar legislación para modificar los límites extremadamente estrictos de ingresos y activos que se le aplican a los recipientes de ciertos programas de asistencia social.

En tanto, el exdirector de la Oficina de Presupuesto del Congreso y del Consejo de Asesores Económicos del presidente George W. Bush, Douglas Holtz-Eakin, se expresó en contra de la inclusión de Puerto Rico en el Capítulo 9 y puso en entredicho la efectividad de una Junta de Control Fiscal. El también presidente del American Action Forum, una organización conservadora de política pública, se opone a legislación para permitir que Puerto Rico pueda buscar la protección de la Ley de Quiebras federal porque a su juicio no promoverá el crecimiento económico de la Isla. Holtz-Eakin impulsó además la reducción del salario mínimo en Puerto Rico. “El salario mínimo es simplemente demasiado alto para Puerto Rico”, sostuvo al proponer una reducción del salario mínimo federal a $4.50.Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO

   

Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con una década de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.

United States Senate Committee on Finance
Tuesday, September 29, 2015, 10:00 AM
215 Dirksen Senate Office Building

Member Statements

Orrin G. Hatch
(R-UT)

Witness Testimony

The Honorable Pedro R. Pierluisi, Congressman for Puerto Rico, United States House of Representatives, Washington, DC
Ms. Melba Acosta, President, Government Development Bank for Puerto Rico, Old San Juan, PR
Dr. Douglas Holtz-Eakin, President, American Action Forum, Washington, DC
Mr. Sergio M. Marxuach, Public Policy Director, Center for a New Economy, Old San Juan, PR

AGP: el gran ausente

¿Será por timidez, miedo o cobardía?

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EL VOCERO / Archivo
Por Columnistas, EL VOCERO

Por: Enrique ‘Kike’ Cruz 

Tal y como dijo su propio secretario de la gobernación Víctor Suarez “no hace falta que él este aquí”. Lo mismo dirá el senador Orrin Hatch al iniciar la primera vista en el senado federal en los pasados 25 años. Lo mismo dijimos nosotros cuando no se pagaron los bonos de Puerto Rico por primera vez y gobernador estaba fuera de Puerto Rico en unas “merecidas” vacaciones.

De igual manera le paso a sus compañeros legisladores del PPD cuando se les fue a presentar el “Plan Manos a la Quiebra de Alejandro”…, perdón, Plan de Ajuste Fiscal de Alejandro. El gobernador tampoco estaba allí. En esa ocasión envió a sus asesores del norte, que son los que de verdad mandan y van. En fin tenemos un
gobernante de cortar cintas. Y digo de cortar cintas, porque es para lo único que da cara y me imagino para lo único que sí “hace falta”.

Vivimos en una situación tan catastrófica que el mismo gobernador le tiene miedo. El mismo gobernador demuestra su miedo y cobardía al no participar de las funciones más importantes del puesto por el cual fue electo y juró.

El sabe el porque del miedo, sus compañeros del “play-yard” también lo saben, al igual que sus asesores. Yo lo veo como el chico que le pide a su mamá faltar a clase cuando tiene el examen y no estudió. En mi época era por ver a Pacheco u otro programa de televisión, hoy en día es por “janguear” y no ponerse a estudiar lo que se supone que haya hecho antes de postularse para la gobernación.

Tal y como dice el compañero y miembro del gabinete de los lunes en Análisis 630 por NotiUno, Dr. José M. Saldaña, “tenemos el peor gobernante, en el peor momento histórico de Puerto Rico”. Un gobernador que tampoco fue a las vistas del Congreso y que envió al secretario de Justicia. Un gobernador que tampoco se reunió con
los bonistas cuando entró al cargo. En fin, un gobernador que si hoy Puerto
Rico tuviese el mecanismo de botarlo, lo haría abrumadoramente.

Estamos hablando de un gobernador que mientras uno de los enemigos más grandes que ha tenido EEUU se pasa el chicle con Obama, él está escondido debajo de la cama porque el ‘Cuco’ está en su cuarto. En el momento histórico que viven Cuba y EEUU nosotros necesitamos decirle al Presidente Obama, al Senado federal y al Congreso
que nosotros estamos aquí, que queremos pagar, pero, que necesitamos una “ayudita”. Obviamente no un “me vale”.

El Papa Francisco acaba de hacer un viaje a Cuba y EEUU y 48 horas después el senador Orrin Hatch
nos da el “break” de decir presente ante su comisión, ante los medios estadounidenses, nos permite cambiar el tema, ofrecer alternativas, soluciones; en fin, discutir nuestra situación, y el gobernador decide quedarse en la cama
y levantarse tarde. Por favor señor gobernador, si lo que le gusta es la parte del “jangueo”, de la posición, podemos hacer un trato, pero no nos haga daño. Un daño que ya hoy es irreparable con las casas acreditadoras, los bonistas y
hasta con sus breves amigos los fondos buitres.

Un daño que nos va a tomar más de 10 años en subsanar, no reparar. Simple y sencillamente porque no hay confianza, no hay credibilidad. A usted no le creen, ni allá, ni acá. Mientras usted y sus chicos en el “play-yard” juegan a ser grandes hombres de negocios, cuando sean grandes con PREPANET, Cuba y su “amigo” el secretario
del tesoro de los EEUU, Jack Lew, le abren la puerta a las empresas norteamericanas de telecomunicaciones e Internet.

Mientras usted “janguea” por ahí con los “chicos del play-yard”, en Washington D.C., esta semana se están sentando a negociar sobre la apertura del turismo en Cuba y la entrada de nuevas líneas aéreas, es más, no dudo que pronto se anuncie que una línea aérea estadounidense se tire (como lo hicieron aquí ) y ofrezcan capital para construir un nuevo terminal en la Habana. Eso sin contar la inversión de Carnival Cruises en Republica Dominicana de $85 millones en un nuevo destino, sí, un nuevo destino. ¿Sabe quién fue el que rompió las relaciones con Carnival
Cruises? Uno que usted acaba de nombrar juez al Apelativo. Tremendo premio por la ineptitud!

Bueno gobernador, por espacio y tiempo me despido, pero, salgase de la cama que el ‘Cuco’ NO EXISTE.

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Vista del Congreso de EEUU: entre el trato justo y la desconfianza

Wed, Sep 30, 2015

Economía, Featured

Congreso

Por Luisa García Pelatti

La vista celebrada el martes en el Congreso de Estados Unidos mostró dos temas en los que hay consensos entre los representantes de Puerto Rico: la necesidad del Capítulo 9 para reestructurar la deuda y la exigencia de un trato justo para la Isla en los programas federales, como Medicare, Medicaid, el Affordable Care Act o el Crédito por Ingreso Devengado. En otro plano estaba Douglas Holtz-Eakin, presidente de American Action Forum, que centró sus declaraciones en la necesidad de lograr que la economía de Puerto Rico crezca y en dejar clara su oposición a que se le permita al gobierno de la Isla utilizar el Capítulo 9. 

Orrin Grant Hatch, senador republicano por Utah y presidente del Comité de Finanzas del Congreso de Estados Unidos, que dejó claro desde el principio que ésta no era una vista sobre el Capítulo 9 de la ley federal de quiebras, parecía desconfiar de lo que le contaban dos funcionarios de un mismo gobierno pero partidos diferentes y un representante de un “think tank” que acababa de sacarle los colores al Congreso al calificar de indigno el trato a la Isla.

Pedro Pierluisi, Comisionado Residente en Washington, y Melba Acosta Febo, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, estuvieron de acuerdo en casi todo y ese espíritu de cordialidad y consenso solo se vio roto cuando Pierluisi criticó al Gobierno por haber aumentado el presupuesto, lo que obligó a Acosta Febo a reaccionar.

Pierluisi, el primero en hablar, señaló que la crisis se debe a la falta de crecimiento de la economía y responsabilizó al Congreso de parte de esta crisis por el trato discriminatorio hacia los puertorriqueños que viven en la Isla. “Esto no es solo es un porblema de Puerto Rico. Es un problema de Estados Unidos, que requiere una solución por parte de Estados Unidos”, señaló Pierluisi. “Si nos tratan como ciudadanos de segunda clase, no esperen que tengamos una economía de primera clase”. El Comisionado se centró en pedir un trato justo en los fondos de Medicare y Medicaid. Y fue muy elocuente.”No estamos hablando de Costa Rica o República Dominicana. Si los puertorriqueños no pueden cubrir sus necesidades cogen un avión y se vienen en Estados Unidos. Son ciudadanos americanos que se mudan si no los tratan adecuadamente”.

Por su parte, Holtz-Eakin comentó que la economía de Puerto Rico tiene un serio problema de crecimiento, recomendó reducir el salario mínimo (habló de $4.50), de privatizar y de hacer reformas económicas y fiscales. Holtz-Eakin preside American Action Forum, una entidad asociada a American Action Network, un grupo de apoyo a políticas de centro derecha asociado al partido republicano. Holtz-Eakin pidió mayor calidad en la información financiera del Gobierno y que se ofrezcan con transparencia.

Charles Ellis Schumer, senador demócrata por Nueva York, se refirió a la emigración de puertorriqueños a Estados Unidos como una crisis humanitaria. Apoya que se le permita a Puerto Rico utilizar el Capítulo 9 y dijo sentirse decepcionado por la falta de sentido de urgencia en el Congreso para resolver esta crisis.

Robert Menéndez, senador demócrata por New Jersey, mencionó que con frecuencia tiene que recordarle a la gente que Puerto Rico no es un país extranjero. Y dirigiéndose a Hatch le dijo: “si los 3.5 millones de puertorriqueños que viven en Puerto Rico  se mudan a Estados Unidos podrían botar y tendrían todos los beneficios. Hay un número significativo de ellos que se están mudando y son ciudadanos de este país, como usted y como yo. Tenemos una responsabilidad de resolver la crisis”. Menéndez opina que no hay razón por la que Puerto Rico no deba tener acceso al Capítulo 9, de hecho tuvo ese derecho hasta 1984. Aceptó que existen “enormes” desigualdades en la distribución de los fondos Medicare y Medicaid y no está de acuerdo con las medidas para bajar el salario mínimo. Además, reconoció el sacrificio de los puertorriqueños que participaron en las guerras, por eso dijo, hay que caer lo correcto, es una cuestión moral”.

Tras la lecturas de las ponencias (se ofrecen más detalle de las de Acosta Febo y Marxuachen artículos separados) y las preguntas de los senadores (que se iban a terminar su intervención), al final, el presidente del Comité de Finanzas decía tener dudas y buscaba con insistencia la opinión de Holtz-Eakin, que tras insistir en la búsqueda del crecimiento económico y la oposición al Capítulo 9 parecía quedarse sin argumentos. Se mostró escéptico sobre la efectividad de una junta de control financiero que considera no va a ser suficientemente independiente.

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