Alcaldes reclamaron al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que les informe  el paradero de  $260 millones de fondos de la Contribución Adicional Especial (CAE), que son parte de los recaudos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), y que fueron depositados en ese banco para pagar los préstamos municipales.

Los ejecutivos municipales basan su  inquietud sobre el paradero del dinero en que el Informe de Liquidez de la firma Conway Mackenzie expuso que la institución bancaria pública estará sin  liquidez a fines de este año.

“Los propios informes del Banco Gubernamental de Fomento demuestran un problema de liquidez de dicho banco”, señaló el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte.

Los alcaldes reclaman, además,  que el BGF cree una escritura de fideicomiso que garantice que el dinero del CRIM depositado en ese banco pertenece a los municipios.

En ese sentido,  a la preocupación por la posible falta de liquidez del banco del Estado, los ejecutivos municipales  suman que la presidenta del BGF, Melba Acosta, les informó en una reunión con la Junta de Gobierno del CRIM, el pasado 9 de julio, que la firma de la escritura de fideicomiso crearía un problema al BGF.

“La situación de firmar las escrituras en estos momentos es que le puede crear al BGF un problema de liquidez y por tal razón le solicita un espacio para levantar el Banco y realizar las transacciones de depósitos e intercambio de notas”, reza la minuta de la reunión, copia de la cual obtuvo El Nuevo Día.

Pero la presidenta del BGF declaró, por escrito, que es incorrecto que “no exista” ese dinero. “El dinero de fondos CAE se encuentra en el BGF, en el Fondo de Redención, el cual está compuesto por una cuenta por cada municipio.

En cada una de esas cuentas se depositan los fondos requeridos para el repago de los préstamos de los municipios. Ese dinero se utiliza exclusivamente para el pago de deuda de los municipios en enero y julio de cada año”, señaló.

ACOSTA Dispuesta a negociar

La presidenta del BGF dijo que “a pesar de que entendemos que el BGF ha cumplido con su deber desde la firma de un acuerdo de fideicomiso entre el BGF y el CRIM, con fecha del 21 de octubre del 1997, el BGF se encuentra dispuesto a firmar la escritura de fideicomiso que solicitan los alcaldes”.

No obstante, aclaró que esa firma se haría “siempre y cuando podamos llegar a términos razonables para ambas partes, que tomen en consideración todas las disposiciones de ley en el ordenamiento vigente. Hay detalles sobre la inversión de estos fondos que tienen que ser discutidos entre CRIM y el BGF”.

Oferta del BGF

El BGF había realizado una oferta a la Junta de CRIM en la que estipuló que firmaría la escritura de fideicomiso si el CRIM se comprometía, entre otras cosas, a mantener una cantidad no menor de $300 millones anuales de los fondos depositados en el BGF debidamente colaterizados. Los alcaldes no aceptaron esa oferta.

Desconfianza de los alcaldes

La firma del fideicomiso -al presente lo que existe es un acuerdo de fideicomiso- obligaría al BGF a buscar y garantizar con colateral los $260 millones que el CRIM actualmente tiene depositados en esa institución bancaria, coincidieron el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, hijo y el asesor financiero del municipio de Carolina,  Edwin Figueroa.

El alcalde de Bayamón destacó que “el fideicomiso va a garantizar que, si hubiese un pleito de bonistas y acreedores (del BGF), a los chavos de los municipios no le pase nada” ante la falta de liquidez que anticiparon los asesores del Gobierno.

“Si el fideicomiso no está creado, los chavos de los municipios forman parte de banco y se van a ir a juste en la demanda contra el BGF… Si el Gobierno cierra a finales de año, ¿quién va a dar los servicios a la ciudadanía?”, preguntó el alcalde bayamonés.

Llegan al tribunal

La Junta del CRIM acudió al Tribunal de Primera Instancia de San Juan -en junio pasado- para que obligue al BGF a firmar un fideicomiso que garantice el dinero que los alcaldes allí depositan y que utilizan,  tanto para pagar sus operaciones municipales como para cumplir con las obligaciones de sus préstamos.

Aun sin resolverse esa demanda, la Junta del CRIM decidió dejar de  depositar en el BGF los fondos de los municipios. Empero, el banco no se quedó a la espera del tribunal y también acudió a demandar al CRIM el pasado 28 de septiembre.

El BGF solicitó a la corte que  ordene al CRIM hacer los depósitos en dicho banco como está establecido en la ley del CRIM. Al momento, ese dinero,  estimado en $160 millones, está en la banca privada.

Se suman  a la demanda. Los municipios de Bayamón, Mayagüez, Guaynabo y Carolina presentaron o presentarán en estos días  a la corte que  los declare interventores en este caso para defender la posición municipal.

“La falta de garantía de sus depósitos pone a los municipios de Bayamón y Mayagüez en serio e inminente peligro de no recibir lo que les correspondería en la distribución anual que establece la ley”, reza la solicitud del  Municipio de Bayamón.

La alcaldesa capitalina, Carmen Yulín Cruz,  solicitó entrar al proceso porque  “el municipio que más aporta al CRIM es el de San Juan. Hicimos esfuerzos extraordinarios para que la situación no llegara al tribunal. Nuestra responsabilidad es para asegurarnos que el dinero esté disponible según manda la ley”.

Por su parte, el alcalde carolinense señaló que quiere intervenir en el pleito “para garantizar que la CAE, que pagan los carolinenses, esté disponible para pagar los bonos y deudas del municipio de Carolina”.

Toca la banca privada

Mientras, Edwin Lebrón González, director de finanzas y presupuesto del Municipio de Carolina, junto al asesor financiero del ayuntamiento, advirtieron que la situación entre el BGF y el CRIM podría repercutir en la banca privada. Explicaron que en caso de que el BGF quede insolvente, como los fondos del CRIM  no están garantizados por un fideicomiso, los municipios tendrían que buscar fuentes alternas para pagar sus préstamos con la banca privada.

“El Municipio de Carolina se está uniendo al recurso legal porque nuestros bonos no están con el BGF, sino con la banca privada, pues la banca privada nos ha ofrecido, a través de los años, intereses más bajos y mejores términos de pago”, señaló el alcalde.

“Mi preocupación es que al no estar establecido el fideicomiso, dichos bonos no se paguen a la banca privada cuando estos dineros los ciudadanos de Carolina los pagaron para dichos propósitos”, añadió el alcalde.

La “Propuesta para los depósitos municipales CAE en BGF”, documento discutido el pasado 9 de julio en la referida reunión entre el BGF y la Junta del CRIM, señala que “la banca comercial local también está preocupada por estos depósitos, lo cual pudiera impactar la disponibilidad de crédito de la banca”.

“El BGF desea seguir siendo una fuente de financiamiento para los municipios, la gran mayoría de los cuales no tiene acceso a crédito en la banca comercial”, indica el escrito. El documento especifica que al 3 de julio de 2015 los municipios tenían $2.2 mil millones en préstamos adeudados al BGF.

La vista del caso en el Tribunal de San Juan está señalada para el 14 de octubre próximo.