¡Qué vergüenza!

¡Qué vergüenza!

Es indignante observar cómo se utiliza a mujeres que arduamente han labrado camino en los círculos de poder político, como trapos sucios para encubrir la mugre y el lodazal del despilfarro de fondos públicos
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Eric Rojas / EL VOCERO
Por Katherine Angueira Navarro

Puerto Rico no saca los pies del plato indigno de la inequidad. La relación apabullante territorial-colonial con los EEUU de Norte América, retrató el bodegón de la desigualdad que brota de la cornucopia de la estratificación socio-económica. El cordero “eñagotado” del escudo de Puerto Rico compareció ante el emblemático águila calvo listo para extirparle las entrañas acorralados por su propia incapacidad en mirar con la frente en alta el monstruo a sus ojos. El “tira-y-tápate” consabido de la oligarquía política colonial hizo su agosto. Ante la mirada atónita de un Pueblo maltrecho por los desmanes de la elite política cuya prepotencia enmarca su arrogancia, se puso en evidencia el principal mandatario electo Alejandro García Padilla. Se escondió tras la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, para que fuese quién hiciera de maquillista de las cuentas públicas ante el Imperio.

Es indignante observar cómo se utiliza a mujeres que arduamente han labrado camino en los círculos de poder político, como trapos sucios para encubrir la mugre y el lodazal del despilfarro de fondos públicos. La insolencia acumulada a través de nuestra historia contemporánea de mandatarios electos albergados en el Palacio de Santa Catalina, refleja la rémora de la Corona Española. La dignidad a un Pueblo fue usurpada como corderos a la merced de la bonanza desenfrenada de la elite política. La última bofetada contra sus siervos, es el engendro del embeleco maquiavélico político para trazar una distinción insostenible entre lo “político” y “técnico”. El artilugio solo sirve el propósito de disfrazar adrede la realidad financiera ante la mirada opaca de quienes han optado por hacer transferencias de miles de millones de dólares, sin mucha fiscalización a través de su dominio. Comparecer ante la rama del poder políticamente electo del Congreso de los Estados Unidos a rendir cuentas sobre su territorio-colonial—en el “toma-y-dame” que le insufla oxígeno—sí es un acto político.

¿Cómo es posible que una profesional con una trayectoria de alto calibre como contadora pública y licenciada en derecho, Melba Acosta, se preste para maquillar la carencia de datos certeros auditados? ¿Cómo es posible que ante el reclamo de la Comisión de Finanzas del Senado de los EEUU que se le entregue informes financieros auditados de la deuda pública, aluda a otro informe tampoco auditado, como es el de liquidez del ELA preparado por Conway MacKenzie (agosto 2015)? Es de fácil cotejo que al igual que los informes entregados con su ponencia (Krueger, Taja, Wolfe, 2015, p. 2; Fiscal and Economic Growth Plan 2015, p. 1), Conway Mackenzie (2015) también tiene su sello de relevo de responsabilidad ante los datos no certeros provistos por el gobierno del ELA (p.1). ¿Cómo es posible que el gobernador de Puerto Rico, utilice a esta profesional como preámbulo a sus tácticas mediáticas de cobardía para publicar un anuncio en el Washington Post con una ristra de medias verdades? Por ejemplo, alegar que se aprobó una reforma a los sistemas de pensión, sin informar que el Tribunal Supremo de PR levantó serios reparos, o que creó 55,000 empleos en el sector privado es el mismo juego de espejismos que presentar datos, sin validar ante el Congreso de los EEUU.

Hay quienes argumentan de manera frívola que la insistencia del senador Orrin Hatch, Presidente de la Comisión de Finanzas, en solicitar datos certeros auditados, sobre la situación fiscal en Puerto Rico, es una excusa para su inacción. Por otra parte, senadores levantan bandera respecto al impacto sobre sus estados de Nueva York y Florida ante la diáspora de puertorriqueños que ya supera por más de 5 millones su población, en contraste con los cerca de 3.5 millones restantes en Puerto Rico. Un asunto es el temor velado en cuanto a cómo ello pudiese representar un cambio en la balanza partidista. A diferencias de hispanos(as) indocumentados(as), los(as) puertorriqueños(as) somos ciudadanos(as) de EEUU. Podemos establecer residencia en cualquiera de los 50 estados para ejercer nuestro derecho al voto en sus propias elecciones. De igual forma, la migración creciente al Norte en busca de las ayudas socio-económicas disponibles, profundizará el grave problema del estado benefactor al Norte que el Partido Republicano se afana en recortar. El próximo 22 de octubre, veremos al Senado de EEUU tratarnos como un pedazo de tierra, es decir, un territorio, bajo la Comisión de Energía y Recursos Naturales. ¿Entenderá el gobernador que es un asunto “técnico” dicho trato político o comparecerá para mirar de frente al Amo con el estado financiero auditado de la debacle fiscal colonial?

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