Un grupo de funcionarios, exfuncionarios y personas vinculadas a la administración del gobernador Alejandro García Padilla y al Partido Popular Democrático (PPD), desfilaron hoy por el Tribunal Federal en Hato Rey para contestar preguntas a un gran jurado sobre una investigación activa de un presunto esquema de corrupción gubernamental.

Al ser abordados por los medios noticiosos, algunos de los citados se mostraron confiados y otros no pudieron disimular su preocupación al salir de sus citas ante el gran jurado que investiga el esquema en el que se alega están involucrados el recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi J. Hernández Pérez; el excomisionado electoral, Eder Ortiz; la exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Ivonne Falcón Nieves; y la directora de Compras y Logísticas de dicha corporación pública, Sonia Barreto Colón.

La primera en comparecer este viernes fue la exsecretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, quien salió del tribunal a eso de las 10:35 a.m. También fueron citados hoy el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló; la senadora popular Maritere González; y el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Harry Rodríguez.

Vila Biaggi no contestó preguntas a la prensa, pero sí leyó unas declaraciones ante los medios.

“Como ya hice el 24 de abril, cuando comparecí ante el FBI (Negociado Federal de Investigaciones), esta vez comparecí ante un gran jurado federal para responder preguntas relacionadas a una investigaicón en curso. Lo hice con transparencia y con un profundo sentido de responsabilidad con el país”, indicó la exsecretaria de la Gobernación.

La exfuncionaria aclaró que no es objeto de la investigación y no quiso ofrecer detalles sobre lo que ocurrió puertas adentro en el Tribunal.

“No obstante, sí quiero dejar claro que las actuaciones que dan lugar a la investigación, según se deriva del interrogatorio, aunque no me sorprenden, no dejan de causarme consternación e indignación como exfuncionaria de esta administración, como exsecretaria de la Gobernación y como ciudadana. Confío en que este asunto tenga un rápido desenlace y que si se cometió delito, el mismo no quede impune”, afirmó Vila Biaggi como parte de las expresiones que leyó y visiblemente molesta.

El próximo en salir fue Rodríguez, acompañado del abogado Ignacio Rivera. El representante legal indicó que su representado fue cuestionado «en relación a una investigación del gran jurado en relación al caso de Anaudi Hernández», referente a que fue «testigo presencial» de actividades de recaudación de fondos. El funcionario llegó a la corte a las 9:35 a.m. y se fue a eso de las 11:15 a.m.

La senadora González, entretanto, llegó a eso de las 9:05 a.m. acompañada de dos ayudantes. Al arribar se limitó a decir que su citación era para las 10:00 a.m.

Su participación finalizó a eso del mediodía, cuando el gran jurado recesó para el almuerzo. En ese momento, llovía copiosamente en Hato Rey, por lo que subió a la cafetería del tribunal y estuvo en una mesa acompañada por sus asesoras. Su rostro reflejaba preocupación y las tres se mantuvieron serias. No almorzaron mientras estuvieron allí, y dijeron que estaban esperando que escampara para abandonar el tribunal, lo que hicieron a eso de la 1:30 p.m.

«Hicieron muchas preguntas y cooperamos con las autoridades. No haré más expresiones. Estoy tranquila», se limitó a decir la senadora del PPD, quien dijo que no era objeto de la pesquisa y cuando se le preguntó si había hecho algo incorrecto, contestó: «Nunca».

Según ha trascendido, González contrató a principios del cuatrienio los servicios de la firma de contabilidad de Lutgardo Tax Advisors, de Lutgardo Acevedo López, convicto por sobornar al suspendido juez de Aguadilla, Manuel Acevedo, a cambio de que lo absolvieran de un caso de homicidio negligente. Acevedo López trató de que Hernández Pérez le ayudara al entonces juez a conseguir una posición en el Tribunal de Apelaciones.

A nivel federal, el exjuez fue sentenciado a 10 años de prisión y la lectura de sentencia contra el contable está pautada para el 6 de noviembre.

Mientras González estuvo en la cafetería, en la mesa de la esquina contraria se sentó Perelló a almorzar con sus dos ayudantes, quien testificó ante el gran jurado pasado el mediodía. Al terminar de comer, se despidió de sus asesores y salió por la puerta trasera de la cafetería, hacia el área donde estaba reunido el gran jurado.

También almorzaron en el mismo lugar los fiscales a cargo del caso, el subjefe de la fiscalía federal Timothy Henwood, y el fiscal que dirige la División de Crímenes de Cuello Blanco, José Capó Iriarte, con el agente investigador del FBI.

Perelló llegó a las 10:20 a.m., pero entró por la parte trasera del Tribunal Federal, por donde los agentes llevan a los presos. Su oficial de prensa, Daniel Hernández, alegó que cuando estaba llegando, llamaron a los agentes y estos le dijeron que podía entrar por atrás, y así lo hizo, y que no fue para evitar encontrarse con los medios de comunicación que estaban apostados en la entrada principal.

El líder cameral, quien ha aceptado en el pasado que es amigo de Hernández Pérez, de quien dijo participó de actividades de recaudación de fondos para sus campañas, salió poco antes de las 4:00 p.m.

«Me aclararon que yo no era tarjeta de investigación. Me hicieron una serie de preguntas, no quiero adelantar mucho. Todo tiene que ver con los asuntos que se han estado ventilando. Es una investigación en curso y estoy en la mejor disposición de cooperar y cuantas veces me llamen, vendré. Hay cosas de las que no tengo conocimiento, con otras entiendo que sí puedo cooperar», manifestó Perelló, quien dijo que no estuvo más de una hora declarando.

«No voy a entrar sobre eso», contestó cuando se le preguntó si alguna de las preguntas le sorprendió.

Perelló aclaró que Hernández Pérez tenía un solo contrato con la Cámara de Representantes relacionado al sistema telefónico, pero que «tuvo que competir y fue la mejor compañía que cotizó», lo que reflejó una economía mensual de $15,000.

Hernández Pérez, recaudador del PPD en el oeste, fue relacionado en todo el proceso criminal contra Acevedo López y testificó en el juicio contra el exjuez.

Según la acusación federal, el presidente de Golden Road LLC y recaudador del PPD, es el empresario privado señalado en la acusación federal contra el juez y Acevedo López como la “Persona D”.

Se alegó que Hernández Pérez fue la persona que recibió al juez Acevedo Hernández en su casa el 21 de enero de 2013, y que durante ese encuentro el jurista le solicitó que intercediera con sus contactos del PPD para que lo ascendieran y lo nombraran como juez del Tribunal de Apelaciones.

El viernes pasado, compareció ante el gran jurado el secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Vance Thomas, quien se limitó a decir que su citación fue por sus «deberes ministeriales» dentro de la agencia. Se supo que se le preguntó referente a contratos que tiene Hernández Pérez con la Administración de Desarrollo Laboral con sus compañías 3Comm Global y Link Group.

Anteriormente, testificaron ante el gran jurado el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, y el presidente ejecutivo de la AAA, Alberto Lázaro, quienes aceptaron recibir varias llamadas del excomisionado electoral Eder Ortiz y de Hernández Pérez, quienes les solicitaron que se nombrara a Barreto Colón como directora de la División de Compras y Logística de la corporación pública, que es donde se otorgan los contratos y se adjudican subastas.

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, rechazó este viernes la propuesta de crear una Junta de Control Fiscal local por la forma en que se constituiría la misma y condicionó la designación de un organismo similar de origen federal a que sea parte de un paquete de ayudas o garantías fiscales para la Isla.

La medida para crear la Junta fue presentada anoche por el gobernador Alejandro García Padilla a la Asamblea Legislativa y Pierluisi, que reconoció que todavía no la ha leído, opinó que la misma no ofrecerá la credibilidad que se busca.

“No he revisado el proyecto como tal todavía porque eso acaba de ser radicado, pero mi posición es que una Junta nombrada por el gobernador, cuyos cinco miembros son nombrados por el gobernador, no va a tener la credibilidad necesaria para hacer una diferencia”, dijo en un aparte con periodistas tras participar de la Convención de la Asociación de Profesionales Financieros.

“Aquí lo que hace falta es un gobierno efectivo. Lo que hace falta es un gobernador y un equipo económico con credibilidad ante los mercados financieros, porque ya ni los TRAN’s (notas en anticipación de ingresos contributivos) nos dan. Esa credibilidad, esa Junta no la va a proveer”, agregó.

Según Pierluisi lo que podría proveer credibilidad a la gestión del Gobierno frente a sus acreedores es lo que llamó “medidas acertadas”.Añadió que “en vez de estar hablando de un impago, en vez de estar hablando de reestructurar toda la deuda de Puerto Rico, que eso es tóxico en los mercados, deberían estar culminando, acabando de terminar la negociación en la Autoridad de Energía Eléctrica y de ahí pasar a (la Autoridad de) Acueductos y Alcantarillados y después, de ser necesario el Banco Gubernamental de Fomento”.

Insistió en que “tienen que sentarse en esa mesa con mucha credibilidad, mucha efectividad, mucha capacidad para renegociar lo que tenemos que renegociar a corto y mediano plazo”.

Condiciona Junta Federal

El comisionado sostuvo que la única forma en que aceptaría una Junta de Control designada por el gobierno federal sería a cambio de ayudas reales para atender la crisis fiscal y económica del país.

“El caso de una junta federal lo que yo siempre he dicho es ¿a cuenta de qué? Si me dan una nueva asistencia financiera, si por ejemplo me ofrecen unas garantías para las emisiones de bonos de Puerto Rico sujetas a unas condiciones y si alguien plantea que una de las condiciones debe ser el establecimiento de una junta de control financiero federal, pues yo lo podría considerar y tendría que ver el detalle”, expresó.

Basó su objeción a tal propuesta en que “Puerto Rico tiene una Constitución, Puerto Rico tiene un gobernador elegido por el pueblo, y tiene una legislatura elegida por el pueblo. Qué están diciendo, ¿que aquí nuestra democracia según la establece nuestra Constitución, no vale? Hay que respetar al pueblo de Puerto Rico, hay que respetar a los ciudadanos americanos de Puerto Rico”, agregó.

Insistió, sin embargo, en sus condiciones para aceptarla.

“Si a mí, como parte de una negociación me dicen que te voy a dar este paquete de ayudas o te voy a dar esta garantía, pero quiero que se establezca esta entidad, sujeto a que esta entidad le dé un visto bueno a tus finanzas y entonces tienes estas garantías y esta ayuda particular, ahí yo pudiera considerarlo. Pero si no es así, está rechazado de plano porque eso es una falta de respeto a nuestro pueblo y a nuestro sistema de gobierno”.

En su mensaje ante la Asociación de Profesionales de las Finanzas presentó sus propuestas y soluciones a la situación fiscal y económica de Puerto Rico.

Insistió en que “la raíz de la crisis de Puerto Rico es nuestro estatus político actual, el cual es indigno y antidemocrático”.

Afirmó que “si la crisis nos ha enseñado algo es que para conseguir resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas diferentes.  He reiterado en innumerables ocasiones que el principal problema de Puerto Rico es la falta de crecimiento económico, por lo que el gobierno local debe—primero que todo—desarrollar e implantar una estrategia abarcadora para promover el crecimiento económico”.

Pierluisi afirmó, por otra parte, que es necesario “restaurar la credibilidad de Puerto Rico ante los mercados financieros y la comunidad inversora, al insistir en que Puerto Rico tiene que demostrar que es una sociedad de ley y orden, en la que se cumplen las obligaciones” con lo que rechazó la posición del presente gobierno de intentar renegociar toda su deuda.

El comisionado residente favoreció que solo se trabaje en la renegociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y posiblemente también la del Banco Gubernamental de Fomento.

Insistió, por otra parte, en responsabilizar también al gobierno federal por su parte en la crisis e indicó que tanto el Congreso como el presidente tienen que ser parte integral de las soluciones a los problemas económicos y fiscales de Puerto Rico.