Por: Enrique “Kike” Cruz
En Latinoamérica, tanto el narco como los gobiernos, persiguen a aquellas voces que revelan la verdad, que los descubre y que le dejan saber al pueblo dónde es que realmente está el robo, el pillaje y la corrupción. Gobiernos armados de poder al igual que los narcos matan gente, en Puerto Rico les fabrican casos y destruyen reputaciones.
Sin gobierno. La administración de Alejandro García Padilla ha sido descabezada por los federales esta pasada semana. Los federales, en unos movimientos que dan la apariencia de ser separados, pero que de por sí fueron muy bien orquestados, comenzaron con la juramentación de la jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez (que se harían si no nos tuvieran) por cuatro años más como jefa de esa división. Luego anunciaron la salida y promoción del Special Agent in charge para Puerto Rico e Islas Vírgenes, Carlos Cases, para subdirector del FBI en Washington D.C. Y para culminar la semana y el comienzo de la convención del PPD, le citaron a siete miembros del Partido Popular y varios legisladores populares a un gran jurado federal que investiga la corrupción de esta joven, pero esquizofrénica, administración.
Toda esta investigación se origina con la súbita cooperación de Lutgardo Acevedo, quien según fuentes, hay que darle para que se caye. Lutgardo ha decidido cooperar para ganarse la caridad de los federales al momento de su sentencia. Todo dependerá de a cuántos se lleva enredaos. Yo, en mi programa Análisis 630, del 26 de noviembre 2014, lo analicé, e inclusive dije “que la meta era llegar al gobernador”. Hoy, casi 11 meses después, la ruta está bien caliente, bien aspectada y las autoridades federales han desenmascarado un esquema de “inversionsismo político” en esta administración durante la campaña electoral 2012. Aquellos que aportaron y levantaron dinero fueron premiados al saque de esta administración. Lo cual los ha dejado no solo sin dormir, pero descabezados.
Sin policía. A diferencia de México y otros países en Latinoamérica donde a las voces disidentes las matan fríamente o en accidentes automovilísticos, en Puerto Rico les fabrican casos o les destrozan la reputación. Yo he alertado sobre las irregularidades en contratos y hoy les voy a dar otro.
He sido crítico de la contratación de la firma recomendada por el Departamento de Justicia de EEUU para reformar la Policía de Puerto Rico. Quien primero los contrató fue la administración de Luis Fortuño por presiones del Departamento de Justicia federal. El contrato fue por más de $1.3 millones al año. La exclusiva que comparto con ustedes es que, según fuentes muy confiables, esta empresa nunca pagó sus impuestos locales, impuestos que se supone le hayan retenido sobre $1 millón. Las autoridades locales lo saben, los federales lo saben y el que no pagó también lo sabe.
Mis posturas por salvar el NIE y evitar su desbande, no me han creado amigos, pero sí sé que todos y cada uno de aquellos envueltos en desbandar el NIE lo hacen en defensa de la corrupción. En defensa de lo oculto, en defensa de aquellos que se han visto afectados por la redada de máquinas de juego ilegales, que a causa de eso le bajaron su iguala. El NIE cerró 13 de 15 establecimientos en una investigación muy bien hecha, pero apresurada por el Departamento de Justicia local. Se pudo haber hecho más, pero las instrucciones fueron otras, se pudo haber llegado a los dueños, pero las instrucciones fueron otras.
El Departamento de Justicia federal y el fiscal Saucedo le han fallado al pueblo de Puerto Rico y, por ende, la administración de Obama nos ha fallado. La reforma de la Policía está al borde del colapso y lo único que la sostiene es el juez federal Hon. Gustavo Gelpí. Pues tanto los federales como los locales saben que sus acciones apestan y que han manejado esto de una manera negligente e irresponsable.
Sin justicia. El Departamento de Justicia local, dirigido por el Lic. César Miranda, tiene una tremenda papa caliente en sus manos. Tanto el FBI como Fiscalía Federal local les ha destapado un caso de corrupción que involucra legisladores, miembros del ejecutivo y contratistas. Tanto el gobernador, Alejandro García Padilla, como el secretario de Justicia, en vez de limpiar la casa y establecer procesos para evitar que esto vuelva a ocurrir, han decidido buscar varios miembros del PNP y encausarlos para demostrar que durante la administración de Fortuño hubo más corrupción que en la de ellos. Por lo tanto, familiares, como los chicos del “play-yard” están ansiosos por que esto ocurra.
Al gobernador se le zafó este pasado fin de semana al decir “que se están investigando a Populares y PNP. Interesante por demás, bienvenidos al baile en la casa del trompo.
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