Por: Mariano Mier Tous, expresidente Banco Gubernamental de Fomento
El gobernador Alejandro García Padilla proclama a toda voz que entre pagarle a los acreedores que su gobierno les debe legalmente y algunos constitucionalmente, prefiere pagarle a los puertorriqueños ( empleados públicos ) primero.
Tal demagogia es falsa; hay muchos puertorriqueños bonistas directa e indirectamente (coops).
La verdadera opción es entre pagar la deuda pública según legalmente comprometida o perjudicar fatalmente el futuro de Puerto Rico,
Incurrir en impago y/o moratoria ilegal en pagar nuestra deuda pública nos cerrará las puertas al mercado más eficiente del mundo y conveniente para financiar las obras que tanto nos urgen y las muchas mejoras que hay que efectuar con el paso del tiempo.
Para sostener un ambiente propicio para el crecimiento económico, el gobierno ha tenido que proveer, a través de décadas, la infraestructura y los servicios necesarios para ello.
Esa infraestructura incluye servicio de electricidad, sistema de agua y alcantarillado, carreteras amplias y seguras, puertos y aeropuertos funcionales con la capacidad requerida, entre muchos otros.
Servicios como educación, escolar y universitaria, clínicas y hospitales, seguridad pública, facilitar la industrialización y la agricultura. En fin, toda una agenda costosa que solo ha sido posible emitiendo bonos para levantar esos fondos que hoy nos sirven y que tienen que poder seguirse financiando por medio de emisiones de deuda para mejoras a inversionistas locales, norteamericanos y hasta extranjeros quienes están dispuestos a arriesgar su dinero a cambio de recibir su principal y sus intereses en las fechas acordadas de vencimiento.
Creamos un agente fiscal (el banco gubernamental de fomento) para que se encargara de negociar en Wall Street las distintas emisiones de deuda de las agencias, corporaciones públicas, municipios y el gobierno central de una manera ordenada y realista. Todas se comprometieron por ley estatal y garantías legales entregadas en cada venta a los inversionistas a pagar en total y a tiempo acordado, el principal y los intereses. Por lo tanto, de no pagar el monto total acordado, Puerto Rico caería en default, la palabra más temida y dañina en el mundo inversionista.
Aparte de las acciones legales bochornosas y costosas a que nuestro gobierno quedaría sometido, el mercado de bonos quedaría cerrado para Puerto Rico.
Eso impediría financiar las obras que nuestro pueblo necesitará en el futuro.
Además se crearía un ambiente de incertidumbre a las empresas localizadas en la Isla y menos aún, poder atraer empresas a establecerse aquí con ese réecord de incumplimiento de contrato.
Honorable Gobernador, pague la deuda constitucional, toda según contratada y comprometida legalmente.
Olvide ya el pasado, ya que usted debió haber sabido en qué gobierno se iba a meter para dirigirlo antes de ser candidato.
Cumpla su deber como Gobernador de defender la Constitución de Puerto Rico, y así no incurra en el riesgo de trastornar nuestro futuro. No se ponga en riesgo de no poder cumplir ni con los puertorriqueños ni con los acreedores.
Columnistas, EL VOCERO
Gobernador, dígale no al fraude
La Cámara y el Senado de Puerto Rico acaban de ponerse de acuerdo para perpetrar de manera
oficial el fraude financiero más descarado en memoria reciente. No lo legitime,
señor Gobernador, con su firma.
Hace un mes advertimos sobre las serias repercusiones del Proyecto del Senado 1454, entonces recién aprobado por la Cámara Alta, para cambiar las reglas de contabilidad de forma tal que las cooperativas financieras que tengan entre sus activos bonos de Puerto Rico puedan “maquillar” sus estados financieros. La Cámara lo aprobó el miércoles pasado y el Senado concurrió el lunes con la versión de la Cámara. Terminado el trámite legislativo el proyecto va rumbo a La Fortaleza.
Hoy nos reiteramos, y exhortamos al Gobernador a escuchar, no nuestras advertencias, sino las de su propio Comisionado de Instituciones Financieras, el Colegio de Contadores Públicos, y otros profesionales expertos cuyas bien articuladas razones en contra del proyecto nuestros legisladores prefirieron desoír, y vete el proyecto.
La pieza legislativa en cuestión les permitirá a dichas cooperativas -y a ellas solamente- no reportar en sus estados financieros las pérdidas que han sufrido como resultado del desplome en el valor de los bonos del gobierno de Puerto Rico y, peor aun, no tener que hacer las correspondientes reservas de capital para cuando realicen las pérdidas.
Estas cooperativas, como tantos otros inversionistas institucionales e individuales en la Isla y fuera de Puerto Rico, compraron cantidades significativas de bonos del gobierno; instrumentos de inversión que antes valían mucho y que ahora, después de todas las degradaciones, valen una fracción de su valor original. O sea que, como tantos otros bonistas, estas cooperativas han cogido tremenda pérdida gracias al desplome en el valor de estos activos en su cartera, particularmente en los pasados dos años y medio.
Como resultado de ello, ahora la situación financiera de esas cooperativas, según reflejan sus estados financieros, se ha vuelto precaria. ¿Y cuál es la brillante solución de nuestra Legislatura, a petición de las atribuladas
cooperativas? Cambiar las reglas de contabilidad aplicables a ellas exclusivamente para que sus estados financieros no reflejen su verdadera situación, como quien compra una alfombra más grande para que quepa más polvo debajo.
Lejos de ayudarlas—como aduce el proyecto—esta medida las condena. No les resuelve el problema financiero que afrontan, solo les permite mentir y defraudar oficialmente a sus socios, a los reguladores y al mercado en general sobre la realidad de su situación financiera. En todo caso, lo que hace el proyecto es posponer su colapso, porque si las cooperativas siguen operando como si nada no obstante el hecho de que sus activos han bajado sustancialmente en valor, más temprano que tarde van a confrontar la quiebra. Y cuando eso pase, sus socios se llevarán la desagradable sorpresa de que Cossec, que también está quebrada, no tiene el capital para respaldar los depósitos. ¡Buena suerte con eso!
Pero lo peor de todo es el nefasto mensaje que este proyecto enviará a los mercados financieros y al mundo entero si el gobernador lo refrenda y lo convierte en ley. Precisamente en un momento en que la credibilidad del gobierno de Puerto Rico está en entredicho, particularmente en el tema fiscal, cuando se le ha cuestionado a la Principal Oficial Financiera por qué el gobierno no tiene estados financieros auditados, el mensaje que le estaríamos enviando al mundo es que lo que hacemos aquí en Puerto Rico cuando la cosa fiscal se pone precaria es cambiar las reglas de contabilidad que le aplican a todo el mundo para maquillar los estados financieros según convenga. Y que hacemos todo esto con el aval de la Legislatura y el Gobernador.
Gobernador, no lo permita.
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