La estructura de un “superbono” para reestructurar la deuda del gobierno de Puerto Rico con sus bonistas, podría tener repercusiones constitucionales y al final del camino colocar en diferentes niveles de beneficios o desventajas a los acreedores.
Con la poca información que ha trascendido sobre este mecanismo para agrupar casi la totalidad de los emisores de deuda del Estado Libre Asociado (ELA) en una sola obligación, y para establecer una fuente de repago única, no están claros los linderos de la propuesta, admitieron varios economistas entrevistados.
Coincidieron en que existen muchos puntos por esclarecer, como saber dónde quedarán las garantías constitucionales de bonos de las obligaciones generales (GO´s), así como la deuda con fuente específica de repago de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).
Además, dijeron que se percibe un lenguaje ambivalente cuando la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, señala que será una deuda y fuente de repago únicas, pero al mismo tiempo cada acreedor conservará sus particularidades.
“El atributo de súper no es correcto. Por lo que ha descrito Melba, de lo que se trata es de vender un papel que básicamente elimina las diferencias entre distintos bonos y pone a uno en posición inferior y a otros en posición superior”, señaló el economista Elías Gutiérrez, al estimar que existen diferencias claras de protección entre los emisores y habría que legislar para cambiar garantías constitucionales.
“Aquí la garantía constitucional se va a pique”, puntualizó Gutiérrez, y mencionó que cada parte hay que observarla con detenimiento y conscientes de que la información no ha fluido. “Porque lo que tenemos es que ese instrumento se canjearía por los bonos viejos, tendría una fuente identificada de repago y luego eso podría ir a un proceso de ´ratings´ a las casas acreditadoras y obtener una clasificación A, y entonces sería un instrumentos negociable… Eso sería atractivo para los tenedores de bonos que sientan que no pueden esperar con los bonos que tienen en la mano a ver qué sucede más adelante”, analizó el economista.
En el caso de que se logre el aval a esa propuesta, al conseguir una clasificación de A ese grado de inversión sugiere que habrá un nivel de rendimiento menor, cuyo beneficio para el gobierno se añade al recorte de deuda que se pueda producir en el principal.
“Dicen que eliminarían las diferencias, pero dicen que esto es voluntario, y habría unos bonistas que no estarían dispuesto y si el gobierno se fastidia pues no cobrarán esos acreedores. Uno se da cuenta que el lenguaje oficialista hay que tomarlo con pinzas porque en muchas ocasiones es un engaño”, agregó Gutiérrez, y comentó que “hay documentos con garantías que no se pueden cambiar tan fácilmente”.
Planteó que en el caso de COFINA, “ya por carta se advirtió que la corriente de ingresos para pagar los intereses son propiedad de COFINA y no puede mezclarse con los GO´s”.
De hecho, en una entrevista reciente de EL VOCERO con representantes de firmas de inversiones con deuda de COFINA, estos alegaron que su protección es clara y su fuente de repago (basada en el impuesto a las ventas) está solvente.
El también economista y ex funcionario del BGF, Santos Negrón, describió el asunto como uno muy complejo de entender sin tener sobre la mesa toda la información porque son muchas las interrogantes. “Es cómo llegar a un acuerdo con tantas partes, cómo tener el apoyo de toda la comunidad financiera. Yo francamente no veo el horizonte”, expresó Negrón.
Añadió que a este punto, no existe en la Isla ni afuera un referente histórico que se reconozca a la magnitud del llamado “superbono”, precisamente por la cantidad de emisores del gobierno y la diferencia marcada entre estos. “Quedan tantos cabos sueltos”, comentó Negrón.
“Lo que veo es que se está tratando de minimizar las pérdidas, una salida que no sea tan catastrófica. Algo demoledor es esa fecha del 1 de diciembre si se produce el evento catastrófico de un impago y una estampida hacia el tribunal porque va a perder todo el mundo”, opinó Negrón.
Para el martes de la próxima semana está pautado el pago de $345 millones en notas del BGF, la mayor parte de las cuales son garantizadas. Hasta ahora el gobierno no ha sido concluyente al decir si pagará o no esa deuda. Fuentes financieras han dicho que probablemente el BGF pague la parte garantizada de la obligación.
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