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Las declaraciones hechas por el Comisionado Residente en Washington Pedro Pierluisi la semana pasada oponiéndose a la creación de una Junta Fiscal Federal para atender nuestra crisis fiscal y económica, caracterizándola como un ejercicio de colonialismo, pone de relieve la importancia de cómo llamamos las cosas. En la perenne discusión sobre nuestro status político, cómo caracterizamos nuestra relación con los Estados Unidos – ya sea como un Territorio o como una colonia – apunta inevitablemente a nuestras preferencias e inclinaciones políticas. Ese ejercicio nominal, de clasificación, no es inocente, imparcial. Nuestras opiniones están mediatizadas por el lenguaje, a tal grado que no hay pronunciamiento que pueda escapar del vórtice de nuestra subjetividad. También las palabras tienen historia, y esa historia produce y reproduce nuestro entendimiento del mundo.

Caracterizar nuestra relación política con los Estados Unidos como colonial, evoca e invoca el colonialismo occidental de los últimos siglos, con todas sus fibrilaciones históricas. Demás está decir, que esa historia es entendida por las personas en atención a sus diversos contextos, los cuales a su vez también hay que contextualizar. En la era moderna, con el desarrollo y

expansión del nacionalismo a nivel mundial, el término colonia ha ido adquiriendo un significado preeminentemente de subordinación política, de explotación y opresión. Nada más hay que pasar revista sobre los siglos de expansión europea para entender, como sugería Walter Benjamin, que la historia de la civilización es simultáneamente la historia de la barbarie. Este significado quizás alcanza su mayor expresión jurídica en el campo internacional en 1960 con la Resolución 1514 de las Naciones Unidas la cual condena el colonialismo y reconoce el derecho a la libertad y a la autodeterminación de los pueblos. Una significativa parte de la historia contemporánea es la historia de su descolonización. Piénsese en India, Vietnam y Algeria, entre tantos otros. En Puerto Rico, la resistencia nacionalista-albizuista entre las décadas 1930-50, la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) en 1952, la Guerra Fría, y la petición a las Naciones Unidas por los Estados Unidos de excluirnos de la lista de las colonias, responde a estos contextos históricos. Creo que hay que estar conscientes de que el uso de la palabra colonia arrastra esta historia.

Paralelamente, y no necesariamente excluyendo lo anterior, la relación jurídica entre los Estados Unidos y Puerto Rico también se ubica jurídicamente bajo la cláusula territorial del Art. IV, Sección 3, de la Constitución de los Estados Unidos. Más aún, en virtud de los casos insulares, Puerto Rico es un territorio con apellido: no incorporado, el cual pertenece pero no es parte de los Estados Unidos. La genealogía jurisprudencial de los casos insulares aún apunta a su continua vigencia, no obstante la inconformidad de muchos. Pronto veremos por que lado de la mula se baja el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Pueblo v. Sanchez Valle. En este contexto, la creación de una Junta Fiscal Federal, a mi juicio, sería un ejercicio de los poderes plenarios del Congreso sobre el Territorio que dejaría al descubierto el fracaso del proyecto político del estadolibrismo.

Es de notar que a lo largo de los años los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos nunca han caracterizado nuestra relación como colonial, sino como territorial. Esto responde fundamentalmente a la percepción que los Estados Unidos tiene de si mismo. A saber, los Estados Unidos – como proyecto histórico político – promueve la libertad y la democracia en los pueblos del mundo, no su subyugación. Claro, la realidad histórica es mucho más accidentada y compleja de lo que sugiere esta caricatura.

Plebiscito-1967

Territorio y colonia son términos políticos y jurídicos que se mueven en universos discursivos distintos. La fuerza persuasiva de la crítica por los sectores estadistas e independentistas contra nuestra presente condición política reside en hacer patente la tensión entre ambos. Sí creo que los que favorecen la estadidad deben ser conscientes de que al calificar nuestra relación con los Estados Unidos como colonial en vez de territorial, están oponiendo implícitamente al Pueblo de Puerto Rico al “People of the United States”. La estadidad es la integración plena y permanente dentro de la federación de estados, la cual subsume nuestra colectividad política dentro de los Estados Unidos, con todos sus derechos y obligaciones. En este contexto hay que reconocer que el movimiento independentista, han sido exitoso en lograr que popularmente caractericemos nuestra relación política y jurídica con los Estados Unidos como colonial, contextualizando implícitamente nuestra subordinación política en el campo del Derecho Internacional. Esta es la razón precisamente por la cual las expresiones recientes del Comisionado Residente en contra de la creación de una Junta Fiscal Federal parecen tan disonantes para muchos estadistas.

El Partido Popular Democrático (PPD), por su parte, ha logrado evitar hasta recientemente las consecuencias políticas del dilema: territorio o colonia. La poética y deliberadamente ambigua teoría del pacto bilateral entre Puerto Rico y Estados Unido le huye a ambos calificativos. Ya son pocos dentro del PPD los que frente a la clara injerencia del gobierno federal en todos los asuntos de la administración pública, y la relectura por una nueva generación de sus textos fundacionales, aún defiendan esta teoría. Mas aún, el colapso económico que vivimos y la evidente incapacidad de nuestro modelo político de hacerle frente son indicios de su precariedad. Precisamente, las propuestas por parte de su sector soberanista-independentista de que las alternativas de status tienen que ser no territoriales y no coloniales, son un reconocimiento de que el dilema se impone y exige una respuesta. La creación de una Junta Fiscal Federal bien puede ser un paso en esa dirección.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.