{AGP anunció que no había dinero hace mas de seis meses. Pero hay dinero para nombrar y ascender a las Batatas Políticas, y Pagar los #12 Billones en contratos a los Amigos del Alma. Y no dice en qué ha usado los cerca de $15 Billones que ha usado adicionales en tres años, Sin Obras? Habrá dinero escondido para comprar Votos? Para pagar a los abogados de defensa en los casos federales de Corrupción Total confesados públicamente por AGP?
“No nos sobra el dinero”, dice el gobernador
García Padilla acudirá mañana a una vista en el Congreso donde se discutirá la complicada situación fiscal del país
Antes de acudir mañana a una vista congresional en la que se discutirá la situación fiscal del país, el gobernador, Alejandro García Padilla, reiteró que no hay dinero suficiente para operar el gobierno y pagar toda la deuda. Lo que no precisó es si hará este pago y cómo logrará cumplir con los bonistas.
“No nos sobra el dinero”, dijo el gobernador sobre un urgente pago que vence mañana.
Cuando se le preguntó cómo se cumplirá con las responsabilidades del gobierno, incluyendo operar el gobierno y pagar la deuda, el gobernador se limitó a decir que “hay más de una alternativa”.
“Yo tengo que evaluar la mejor alternativa para los puertorriqueños. Son muchas e incluyen más de una acción. Es un tema bien complejo. A la hora de hacer el análisis, tengo que ver cuál le conviene más a los puertorriqueños y puertorriqueñas”, dijo García Padilla. “Los acreedores buscan ofrecer las alternativas que más les convienen y ellos están para defender sus acreencias y yo estoy buscando defender a los puertorriqueños y puertorriqueñas”.
El gobernador no se expresó en contra de la propuesta de una Junta Fiscal federal, pero indicó que dependerá del lenguaje de la propuesta y la cantidad de poderes que delegaría en el gobierno federal. Dejó saber además que firmará el proyecto que crea la Junta de Supervisión Fiscal, pero dijo que la medida aún no ha llegado a La Fortaleza. Aseguró que ya trabaja en buscar a los miembros de esta Junta.
García Padilla ofreció hoy su primera conferencia de prensa, luego de regresar de un viaje por Europa en el que, según insistió, promovió la Isla como destino de desarrollo económico.
Ante las preguntas de la prensa, el gobernador no definió su destino político y se limitó a reiterar que hará el anuncio de su candidatura en algún momento.
Criticó a los políticos – incluidos los alcaldes de su propio partido – que llevan días reclamándole que haga un anuncio sobre su futuro y hasta que le de paso al exsecretario de Estado, David Bernier.
Indicó que los políticos que hacen este análisis a manera de “chisme” no comprenden la gravedad del problema fiscal que vive el país.
Más de 15 años de experiencia. Asignada a cubrir temas legislativos.
Latente el impago
La falta de información prevalece en estos días, justo cuando más urgencia existe por detalles de hacia dónde se encamina la gestión económica y fiscal de la administración García Padilla
El día de la verdad ha llegado para el Estado Libre Asociado (ELA) y nadie parece tener certeza de qué ocurrirá finalmente con el pago de $345 millones a bonistas, cuyo vencimiento coincide con la vista de un comité del Senado de Estados Unidos sobre la situación de Puerto Rico, y a solo días de que el Gobierno revelara un error al no incluir un gasto de sobre $2,300 millones en el año fiscal 2014.
Si la incertidumbre había marcado hasta ahora el perfil del Gobierno no solo en la Isla, sino en los mercados de inversión y ante representantes de las autoridades y la política estadounidenses, la falta de información prevalece en estos días, justo cuando más urgencia existe por detalles de hacia dónde se encamina la gestión económica de la administración del gobernador Alejandro García Padilla.
Las continuas gestiones por lograr comunicación con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), cuya presidenta Melba Acosta Febo es la principal oficial financiera del Gobierno, resultaron infructuosas.
La política de austeridad ante la falta de ingresos suficientes en el Departamento de Hacienda y el planteamiento de que el Gobierno no podrá cumplir con sus obligaciones financieras, vuelven a recibir amplios cuestionamientos, precisamente, frente a la cercanía del pago en notas del BGF para mañana y luego de la admisión de más gastos a los reportados en el reciente informe sobre las finanzas del ELA, publicado el pasado 6 de noviembre. Esto trascendió en un documento aclaratorio colocado por el BGF en el Electronic Municipal Market Access (EMMA), el pasado 24 de noviembre.
Mientras tanto, la búsqueda de ayuda mediante la inclusión de Puerto Rico en el Capítulo 9 de la Ley de bancarrota de Estados Unidos, no parece cónsona con la certificación de los estados financieros auditados del ELA, que debieron estar listos antes de que terminara el pasado año fiscal y todavía no se hacen disponibles. En el Senado de Estados Unidos, algunos congresistas han sido vocales en la solicitud de información financiera.
“Si tú no tienes esa herramienta del estado (financiero) auditado, sería como navegar por aguas desconocidas, sin un mapa.
Es cierto que todo esto resta credibilidad al Gobierno de Puerto Rico, sobre todo para poder sustentar esas peticiones de más ayuda en Salud, del Capítulo 9, para todo”, señaló el economista y catedrático de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Argeo Quiñones. “Esto refleja la situación institucional del País y creo que es el punto más importante. Qué argumento razonable puede hacer una persona de que se le extienda la ayuda, sin tener una información clara de su situación”.
Los nuevos acontecimientos, en particular el gasto no reportado “por error” de unos $2,000 millones en 2014, entre otras cosas traen a discusión cuán funcional ha sido la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado, aprobada al cierre del pasado año fiscal.
Si mañana el Gobierno no paga las notas del BGF, la mayor parte de las cuales son garantizadas como si fueran deuda constitucional, se resquebrajaría por completo la credibilidad en el Gobierno de la Isla, al no poder cumplir a pesar de los impuestos adoptados, sin contar otras acciones defendidas por la actual administración.
Jenniffer González, portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, cuestionó ayer que mientras llega una fecha crucial para el futuro de la Isla, el asunto de los $2,000 millones en gastos pone en duda el millonario contrato de $5.5 millones a la firma Conway Mackenzie, que realizó el informe operacional y de las finanzas del ELA.
Dijo que se trata de un “craso error que afecta la credibilidad del Gobierno. Nadie, ni el Congreso, ni los bonistas pueden confiar en la información provista por esta administración. ¿Así pretenden obtener ayuda federal y concesiones de los bonistas ocultando información y la poca que ofrecen es limitada y no confiable?”, insistió González, quien rechaza el Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal para la Isla.
Por su parte, el economista Quiñones, opinó que al no haber certeza de si hay o no el dinero, o si en efecto se realizan las gestiones que se anuncian por la oficialidad, “eso le da fuerza al argumento de que si no hay una propuesta de cambio institucional, toda ayuda que se le dé a este País es como echar agua en un colador”. Mencionó que si finalmente no aparecen los estados financieros auditados en la vista del Comité de lo Jurídico del Senado de Estados Unidos mañana “va a ser una vergüenza para la gente de Puerto Rico que va a deponer”.
Para el economista, “la incertidumbre lo que hace es que paraliza la actividad económica a mediano y largo plazo”, lo cual en el caso de Puerto Rico debilita todavía más el pobre desempeño financiero.
La representante González recalcó que “es necesario que el Gobierno de Puerto Rico presente la situación real de las finanzas públicas. La divulgación de los estados financieros y los informes de consultoría, comisionados por esa administración donde se han gastados millones de dólares en fondos públicos, que hemos estado reclamando incluso ante los tribunales”. Añadió que son la prioridad “para comenzar a tener una conversación franca sobre las posibles alternativas para sacar a la Isla de la crisis económica y de credibilidad que nos ha llevado esta administración”.
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Se pudiera conocer hoy futuro de la Quiebra Criolla
El caso fue distribuido el pasado 24 de noviembre en conferencia en la Corte Suprema de Estados Unidos
Hoy se sabrá si el Tribunal Supremo de Estados Unidos acogió ver el caso de la Quiebra Criolla.> AP
Durante el día de hoy se pudiera conocer si el Tribunal Supremo de Estados Unidos acogerá el caso de la Ley de Quiebra Criolla.
Tal y como publicó EL VOCERO el pasado miércoles, el Tribunal Supremo se reunió el 24 de noviembre para considerar varias peticiones, entre estas, la petición de ‘Certiorari’ presentada por el Gobierno de Puerto Rico en el caso en el que el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston declaró inconstitucional la Ley de Quiebra Criolla.
La Corte Suprema generalmente publica sus órdenes en la mañana del lunes siguiente a cada conferencia. Por lo tanto, es posible que se conozca si el Tribunal Supremo acogió o no la petición de ‘Certiorari’ en el caso de la Ley de Quiebra Criolla hoy lunes 30 de noviembre.
El ‘Certiorari’ es un recurso de naturaleza discrecional.
Pese a que el Máximo Foro federal emitió dos órdenes procesales ayer no hizo referencia al caso de la Ley de Quiebra Criolla.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico radicó el pasado mes de agosto este recurso legal para solicitarle al Tribunal Supremo de Estados Unidos que declare constitucionalmente válida la ley que permitiría que las corporaciones públicas de la Isla reestructuren sus deudas.
El ‘Certiorari’ fue presentado luego que el Tribunal de Distrito en Puerto Rico y el Primer Circuito de Boston declararon inconstitucional la Ley 71 de 2014 para el Cumplimento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico.
Con este estatuto, el Gobierno reitera la necesidad de que las corporaciones públicas puedan reestructurar sus deudas, al tiempo que garanticen la prestación de servicios básicos a la ciudadanía.
El secretario de Justicia, César Miranda, dijo en ese momento que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos debe acoger nuestra petición para que se reconozca la facultad de Puerto Rico de legislar una reestructuración fiscal en las corporaciones públicas.
El pleito comenzó con una demanda incoada en junio de 2014 por bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en el Tribunal Federal de distrito en San Juan. El juez Francisco Besosa declaró en febrero pasado la inconstitucionalidad de la Ley 71 y emitió un interdicto prohibiendo la puesta en vigor del estatuto.
Ante ello, el ELA recurrió ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, el cual sostuvo la decisión de inconstitucionalidad mediante decisión emitida el 7 de julio del corriente en la que decidió que la sección 903(1) del Capítulo 9 del Código Federal de Quiebras ocupa el campo jurídico, lo que le impide a Puerto Rico aprobar legislación para reestructurar la deuda de sus corporaciones. El tribunal también interpretó que el Congreso federal se reservó el derecho de enmendar el Capítulo 9 para incluir a Puerto Rico.
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con una década de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
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