Cuando el gobernador Alejandro García Padilla se presente hoy ante el Comité de lo Jurídico del Senado estadounidense, sin los estados financieros auditados del Estado Libre Asociado (ELA), resonarán las expresiones del senador Orrin Hatch, quien ayer advirtió que deben tener “información clara y exhaustiva respecto a la salud financiera del territorio”, antes de considerar ofrecerle cualquier ayuda.
Retumbarán además las expresiones de Hatch, también presidente del Comité de Finanzas del Senado y segundo en el Comité de lo Jurídico, respecto al alto costo que representan las propuestas a medio exponer por la administración del presidente Barack Obama para salvar a Puerto Rico de su grave crisis fiscal.
Hatch fue específico al indicar que “el Congreso debería exigir una verificación independiente de las finanzas del territorio antes de seguir adelante con cualquier tipo de paquete de alivios”.
Enmarcado por el vencimiento hoy de un pago por $354.7 millones en notas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), de las cuales $267 millones es deuda garantizada contra el Fondo General, se espera que antes de iniciar la vista del Senado estadounidense, surja información de si finalmente el Gobierno honrará esa deuda.
Fuentes financieras y cercanas al Gobierno, consultadas por EL VOCERO, coincidieron al cierre de esta edición anoche en que la probabilidad de que se emita el pago pendiente es alta, ya que un incumplimiento arrastraría no solo a bonistas, sino a las aseguradoras de deuda como MBIA, Inc., que además de las obligaciones garantizadas del BGF, también tiene participación en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuyos acuerdos podrían echarse a perder.
Ayer, a solo horas para la fecha del vencimiento del BGF, el gobernador García Padilla-como ha sido la estrategia hasta ahora- volvió a dejar en el aire las contestaciones de si en efecto se cumplirán los compromisos de pago con los bonistas.
“No hace sentido no pagar porque prácticamente tiraría al suelo todo lo que se ha intentado negociar hasta ahora, todas las reuniones acá en Nueva York y el pago de asesores. Y para ese pedido de ayudas al Gobierno federal tampoco aporta no pagar”, indicó una de las fuentes financieras con base en la Gran Manzana, la cual recordó que “se observa mucho la consideración política en esta estrategia de informaciones a medias”.
Crucial el pago de hoy a los bonistas
Cuando el gobernador Alejandro García Padilla se presente hoy ante el Comité de lo Jurídico del Senado estadounidense, sin los estados financieros auditados del Estado Libre Asociado (ELA), resonarán las expresiones del senador Orrin Hatch, quien ayer advirtió que deben tener “información clara y exhaustiva respecto a la salud financiera del territorio”, antes de considerar ofrecerle cualquier ayuda.
Retumbarán además las expresiones de Hatch, también presidente del Comité de Finanzas del Senado y segundo en el Comité de lo Jurídico, respecto al alto costo que representan las propuestas a medio exponer por la administración del presidente Barack Obama para salvar a Puerto Rico de su grave crisis fiscal.
Hatch fue específico al indicar que “el Congreso debería exigir una verificación independiente de las finanzas del territorio antes de seguir adelante con cualquier tipo de paquete de alivios”.
Enmarcado por el vencimiento hoy de un pago por $354.7 millones en notas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), de las cuales $267 millones es deuda garantizada contra el Fondo General, se espera que antes de iniciar la vista del Senado estadounidense, surja información de si finalmente el Gobierno honrará esa deuda.
Fuentes financieras y cercanas al Gobierno, consultadas por EL VOCERO, coincidieron al cierre de esta edición anoche en que la probabilidad de que se emita el pago pendiente es alta, ya que un incumplimiento arrastraría no solo a bonistas, sino a las aseguradoras de deuda como MBIA, Inc., que además de las obligaciones garantizadas del BGF, también tiene participación en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuyos acuerdos podrían echarse a perder.
Ayer, a solo horas para la fecha del vencimiento del BGF, el gobernador García Padilla-como ha sido la estrategia hasta ahora- volvió a dejar en el aire las contestaciones de si en efecto se cumplirán los compromisos de pago con los bonistas.
“No hace sentido no pagar porque prácticamente tiraría al suelo todo lo que se ha intentado negociar hasta ahora, todas las reuniones acá en Nueva York y el pago de asesores. Y para ese pedido de ayudas al Gobierno federal tampoco aporta no pagar”, indicó una de las fuentes financieras con base en la Gran Manzana, la cual recordó que “se observa mucho la consideración política en esta estrategia de informaciones a medias”.
Sobre el primer ejecutivo, que anteriormente había puesto en duda su posible candidatura a la reelección, ahora se especula que aspirar a un nuevo término no está del todo descartado, algo que a su vez no es cónsono con una decisión de impago, opinaron varias fuentes consultadas.
No pagar la deuda garantizada podría provocar una ola de acciones judiciales por parte de los acreedores y activar las garantías constitucionales que, al final del día, tendrían más peso sobre el cumplimiento con los bonistas. Esto, según las fuentes políticas abordadas, sepultaría cualquier intento de aspiración electiva no solo de García Padilla, sino de su partido, a un año para las elecciones generales.
EL VOCERO entrevistó ayer al Secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, pero prefirió guardar silencio sobre los niveles de liquidez y comentó que será el gobernador quien hable de esto hoy. En cuanto a los estados financieros auditados, dijo que “seguimos en esa dinámica con KPMG y en esta semana tenemos una reunión con ellos”, lo cual significa que en efecto el Comité de lo Jurídico no tendrá sobre la mesa el documento.
En una entrevista previa con Melba Acosta Febo, presidenta del BGF, había dicho que prácticamente toda la información de los estados financieros estaba lista pero se encontraba en un proceso de revisión. La última semana no ha estado disponible para entrevistas.
Por su parte, el economista Elías Gutiérrez, quien ha sido de los más vocales contra las políticas económicas y de no divulgación de información por parte del Gobierno, opinó que “con lo que vamos a esa vista del Congreso es que los auditores no firman o no creen que le han dado los datos correctos y concretos, y no creen que el Gobierno de Puerto Rico sea capaz de considerarse funcional en el futuro”.
Gutiérrez señaló que “mientras más se acerca la hora es horrible”, por la incertidumbre que propicia el Gobierno, y “la claridad que hay es que no se puede confiar en Puerto Rico”.
Como ejemplo reciente, aludió al error en el informe operacional y de las finanzas del ELA, con un gasto no expresado de $2,300 millones para el fiscal 2014-2015. “Todo el discurso es que la administración había reducido los gastos, y ahora dicen que hubo un error pero el déficit se quedó igual”, señaló el economista.
A esto, Zaragoza explicó que fue un error en la redacción de los números en el gasto, pero “el neto de esos dos números (en dos instancias del documento) está correcto”. Agregó que “en el 2014 se hizo una emisión de deuda de $3,500 millones y de eso hubo $2,000 millones que fue para saldar una deuda (de Hacienda y otras corporaciones) y eso se considera como un gasto”.
En tanto, en su discurso de ayer ante en el Congreso, Hatch, senador republicano por Utah, recapituló que el debate sobre la ayuda a Puerto Rico se concentra en cuatro puntos que incluye el acceso al Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal, el acceso a incentivos para estimular la creación de empleo y avivar la economía, el aumento en recursos para el gasto en salud de la Isla, y las posibles exenciones de regulaciones energéticas, de transportación y el salario mínimo.
“En este momento, muchas personas están dispuestas a lanzar peticiones y propuestas vagas -con un precio tan alto como $30 o $40 mil millones- acompañadas de un montón de retórica política. Eso es, precisamente, lo que no necesitamos”, sentenció Hatch, en su discurso de siete páginas, en el cual detalló sus preocupaciones con respecto a varias propuestas para Puerto Rico.
“Necesitamos a todos los involucrados a ser francos y dispuestos a trabajar unidos. Eso va para los miembros del Congreso, la administración y el Gobierno de Puerto Rico. Todo el mundo tiene que venir claro sobre el estado actual de las cosas, las necesidades y los montos específicos solicitados, y los costos reales de cualquier propuesta legislativa o administrativa, y si quieren compensar los costos o simplemente incurrir en más deuda federal”, puntualizó Hatch.
Señaló también que “mientras escuchamos historias de horror sobre flujos de caja inadecuados y una restricción de liquidez en Puerto Rico, es difícil atribuir mucha urgencia a la situación cuando todavía estamos viendo y leyendo sobre los grandes desembolsos de gastos cuestionables”. “De hecho, es difícil de creer que una entidad está en peligro de quedarse sin dinero en efectivo cuando está pagando por amplias relaciones públicas y una campaña de cabildeo, y cuando los funcionarios están hablando de la protección de cientos de millones de dólares en bonos de fin de año para los empleados públicos”, cuestionó el senador.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Sobre el primer ejecutivo, que anteriormente había puesto en duda su posible candidatura a la reelección, ahora se especula que aspirar a un nuevo término no está del todo descartado, algo que a su vez no es cónsono con una decisión de impago, opinaron varias fuentes consultadas.
No pagar la deuda garantizada podría provocar una ola de acciones judiciales por parte de los acreedores y activar las garantías constitucionales que, al final del día, tendrían más peso sobre el cumplimiento con los bonistas. Esto, según las fuentes políticas abordadas, sepultaría cualquier intento de aspiración electiva no solo de García Padilla, sino de su partido, a un año para las elecciones generales.
EL VOCERO entrevistó ayer al Secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, pero prefirió guardar silencio sobre los niveles de liquidez y comentó que será el gobernador quien hable de esto hoy. En cuanto a los estados financieros auditados, dijo que “seguimos en esa dinámica con KPMG y en esta semana tenemos una reunión con ellos”, lo cual significa que en efecto el Comité de lo Jurídico no tendrá sobre la mesa el documento.
En una entrevista previa con Melba Acosta Febo, presidenta del BGF, había dicho que prácticamente toda la información de los estados financieros estaba lista pero se encontraba en un proceso de revisión. La última semana no ha estado disponible para entrevistas.
Por su parte, el economista Elías Gutiérrez, quien ha sido de los más vocales contra las políticas económicas y de no divulgación de información por parte del Gobierno, opinó que “con lo que vamos a esa vista del Congreso es que los auditores no firman o no creen que le han dado los datos correctos y concretos, y no creen que el Gobierno de Puerto Rico sea capaz de considerarse funcional en el futuro”.
Gutiérrez señaló que “mientras más se acerca la hora es horrible”, por la incertidumbre que propicia el Gobierno, y “la claridad que hay es que no se puede confiar en Puerto Rico”.
Como ejemplo reciente, aludió al error en el informe operacional y de las finanzas del ELA, con un gasto no expresado de $2,300 millones para el fiscal 2014-2015. “Todo el discurso es que la administración había reducido los gastos, y ahora dicen que hubo un error pero el déficit se quedó igual”, señaló el economista.
A esto, Zaragoza explicó que fue un error en la redacción de los números en el gasto, pero “el neto de esos dos números (en dos instancias del documento) está correcto”. Agregó que “en el 2014 se hizo una emisión de deuda de $3,500 millones y de eso hubo $2,000 millones que fue para saldar una deuda (de Hacienda y otras corporaciones) y eso se considera como un gasto”.
En tanto, en su discurso de ayer ante en el Congreso, Hatch, senador republicano por Utah, recapituló que el debate sobre la ayuda a Puerto Rico se concentra en cuatro puntos que incluye el acceso al Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal, el acceso a incentivos para estimular la creación de empleo y avivar la economía, el aumento en recursos para el gasto en salud de la Isla, y las posibles exenciones de regulaciones energéticas, de transportación y el salario mínimo.
“En este momento, muchas personas están dispuestas a lanzar peticiones y propuestas vagas -con un precio tan alto como $30 o $40 mil millones- acompañadas de un montón de retórica política. Eso es, precisamente, lo que no necesitamos”, sentenció Hatch, en su discurso de siete páginas, en el cual detalló sus preocupaciones con respecto a varias propuestas para Puerto Rico.
“Necesitamos a todos los involucrados a ser francos y dispuestos a trabajar unidos. Eso va para los miembros del Congreso, la administración y el Gobierno de Puerto Rico. Todo el mundo tiene que venir claro sobre el estado actual de las cosas, las necesidades y los montos específicos solicitados, y los costos reales de cualquier propuesta legislativa o administrativa, y si quieren compensar los costos o simplemente incurrir en más deuda federal”, puntualizó Hatch.
Señaló también que “mientras escuchamos historias de horror sobre flujos de caja inadecuados y una restricción de liquidez en Puerto Rico, es difícil atribuir mucha urgencia a la situación cuando todavía estamos viendo y leyendo sobre los grandes desembolsos de gastos cuestionables”. “De hecho, es difícil de creer que una entidad está en peligro de quedarse sin dinero en efectivo cuando está pagando por amplias relaciones públicas y una campaña de cabildeo, y cuando los funcionarios están hablando de la protección de cientos de millones de dólares en bonos de fin de año para los empleados públicos”, cuestionó el senador.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Arremete contra sus detractores
El gobernador, Alejandro García Padilla, ató ayer el tema de su candidatura a la crisis fiscal del país y criticó a los líderes de su Partido Popular Democrático (PPD) que estuvieron por días ajorándolo públicamente a anunciar si aspirará en las elecciones de 2016.
stos reclamos, dijo, manejados como “chismes”, demuestran a su entender que estos líderes no comprenden la gravedad del problema fiscal que enfrenta la Isla.
El gobernador regresó el sábado de un viaje por Europa el cual, dijo, sirvió para promocionar la Isla como destino para los inversionistas. Ayer ofreció una conferencia de prensa en la que habló del pago que se vence hoy a los bonistas, la vista congresional sobre el problema fiscal de la Isla y las discusiones públicas sobre su futuro político. Minimizó los reclamos que han salido de la Pava a uno hecho por “cuatro alcaldes” y dijo que son políticos que no comprenden “la gravedad del problema que tiene Puerto Rico”. Sí abrió la puerta a una discusión sobre cómo su candidatura afecta las negociaciones con los bonistas, toda vez que un ‘lame duck’, como se conoce al gobernante que no va a la reelección, tendría menos poder para negociar. Este fue precisamente el argumento esbozado por el exgobernador, Rafael Hernández Colón en un comunicado en el que abogó para que García Padilla aspire a la reelección.
“Me doy cuenta que no han comprendido la gravedad del problema que tiene Puerto Rico. Yo estoy convencido que Puerto Rico va a salir de la crisis que nosotros encontramos, pero las próximas semanas son fundamentales para saber si salir de la crisis va a demorar mucho o va a demorar poco. Las próximas elecciones, en cuanto a la discusión de la crisis, no son las más importantes. Si yo no logro sacar a Puerto Rico y negociar con los acreedores en este año que falta de mi primer término, quien gane las elecciones de 2016 va a perder las de 2020 porque va esa persona a tener que tomar las decisiones”, dijo García Padilla. “Esto es un asunto bien serio y concentrar la discusión en el chisme de si el gobernador debe anunciar rápido, anunciar más tarde, es que no se ha comprendido la gravedad del problema”.
Aunque no los mencionó por nombre, dijo que hay políticos financiados por los grupos de bonistas para que aboguen por pagar la deuda en vez de pagar a los servidores públicos. Acto seguido, dijo que busca fondos para cumplir con la ley y pagar el bono de Navidad a los empleados públicos.
“Es un problema bien serio y nadie va a venir a resolverlo por nosotros. Lo tenemos que resolver nosotros. El Congreso nos puede dar los instrumentos, pero tenemos que resolverlo nosotros”, dijo.
Pero mientras el gobernador hace estos señalamientos de lo que estima importante, él mismo citó reuniones con el liderato de la colectividad el viernes y el sábado. El portavoz de prensa del gobernador, Jesús Manuel Ortiz, dijo luego que estas reuniones fueron pautadas desde octubre, pero se sabe que en la misma se podría discutir el futuro político del gobernador.
El presidente de la Cámara, Jaime Perelló, tiene en tanto una reunión mañana miércoles con alcaldes y representantes en la que, según dijo de forma categórica, se hablará de “candidaturas”.
Hoy abre el periodo para radicación de candidaturas que se extiende hasta el 30 de diciembre a medio día. El Partido Popular todavía no tiene candidatos para muchas posiciones, incluyendo las de gobernador y comisionado residente.
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