El presidente del Comité de Finanzas del Senado,  Orrin Hatch, advirtió hoy en el Senado estadounidense tener cuidado con cualquier medida legislativa que pueda alterar las condiciones de los contratos existentes entre los acreedores de Puerto Rico y el gobierno de la isla.

Las declaraciones de Hatch se dan en la víspera de tercera audiencia sobre la situación económica en los últimos dos meses ante el Comité de lo Jurídico del Senado, a la que acudirán tanto el gobernador Alejandro García Padilla, como el comisionado residente, Pedro Pierluisi. La audiencia se llevará a cabo mañana a las 10:00 a.m.

Además,  en un discurso durante la tarde de hoy, reiteró un pedido de transparencia a las partes involucradas, ya que aun no se cuenta con los estados financieros auditados del gobierno de Puerto Rico.  Criticó que solo dependan de análisis de flujo de dinero comisionado por el gobierno de Puerto Rico.

Hatch estimó que el costo de implementar las propuestas relacionadas a los reembolsos en impuestos y en la otorgación de más fondos en el sistema de salud, presentadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tendría un costo de $30 mil millones y de $40 mil millones en los próximos 10 años, cifra que indicó es “insignificante”. Esto no incluye el impacto que pudieran tener las otras propuestas impulsadas por la Casa Blanca. Pero dijo, que  “no es tan simple como dar más fondos en salud o acceso a reembolsos de impuestos, porque hacerlo significaría que se reducen los fondos para otras prioridades federales o aumentar impuestos o más deuda federal”.

Al mismo tiempo, manifestó su intención de encontrar una solución bipartita a los problemas económicos de Puerto Rico y aseguró que para lograrlo deben estar dispuestos a trabajar mano a mano y de frente.

“Necesitamos que todas las personas que estén involucradas sean claras y estén dispuestas a trabajar juntos. Esto va para los miembros del Congreso, la administración y el gobierno de Puerto Rico. Todo el mundo tiene que venir con honestidad sobre el estado actual de las cosas, las necesidades y los montos específicos solicitados, y los costos reales de cualquier propuesta legislativa o administrativa, y si quieren compensar los costos o simplemente incurrir en más deuda federal”, expresó el republicano.

En su mensaje, aludió a la deuda de $73 mil millones que el gobernador  ha dicho que es impagable, las cifras de doble dígito en desempleo, la fuerza laboral y el gigantismo en el sector público, para aseverar que hay “pocas buenas noticias que vienen de Puerto Rico”. También mencionó los problemas en el sistema de salud por el Affordable Care Act.

Ante esto, y los cuestionamientos de qué puede o debe hacer el gobierno federal para ayudar a los puertorriqueños, Hatch lanzó cuatro preguntas. “¿Debería el gobierno federal permitir que Puerto Rico tenga acceso al Capítulo 9  del Código de Quiebras  o aumentar las alternativas para resolver el problema de la deuda? ¿Proveer incentivos a los impuestos ayudará a la isla a mejorar su economía, crear empleos y estimular el crecimiento? ¿Debería el Congreso aumentar los recursos federales para ayudar en la el sistema de salud? y ¿Deberíamos exonerar a Puerto Rico de regulaciones federales, incluyendo laborales, de transportación y regulaciones energéticas, que podrían contribuir a los problemas económicos?”

Seguido, Hatch reiteró que permitir que Puerto Rico tenga acceso al Capítulo 9 del Código de Quiebras, traería problemas en derecho, al tratar de hacerse retroactivamente. “Si la isla hubiese sido elegible para el Capítulo 9  antes de entrar a los acuerdos, los bonistas hubiesen tenido expectativas diferentes y probablemente términos diferentes, que podrían haber incluido tasas de intereses diferidos”, manifestó.

De otro lado, argumentó que enmendar el Código de Quiebras solo cubriría el 30 por ciento de la deuda de Puerto Rico, por lo que “no está claro si resolvería el problema de la deuda”.

Sobre la posibilidad de que la Reserva Federal adquiera la deuda de bonos de Puerto Rico y autorizar que el Tesoro garantice los bonos que emita Puerto Rico y sus instrumentalidades, advirtió que sentaría un mal precedente para futuras entidades insolventes.

De otra parte, al abordar los incentivos en impuestos para mejorar la economía, resaltó las diferencias en el sistema contributivo. En primer lugar, apuntó que los ciudadanos de Puerto Rico no pagan por impuestos federales personales. “La mayoría de las propuestas relacionadas a los impuestos dejan mucho que desear…Los republicanos estarían abiertos a incentivos que puedan incentivar el crecimiento y la fuerza laboral, y la inversión, pero a la fecha no hemos visto nada que se asemeje”, dijo.

En el tema de la salud, prefirió dejarlo en manos de aquellos que escribieron el Affordable Care Act explicar por qué es la fuente de los problemas en el sistema de salud de Puerto Rico.Rechazó igualmente reducir el salario mínimo federal y dejar sin efecto regulaciones ambientales o de transportación, propuestas que han sido presentadas para consideración del Congreso y contenidas en el informe Krueger.

Para concluir su mensaje, enfatizó que ninguna de estas medidas tenían sentido si no se trabajaba con la “receta fiscal insostenible”. “Tenemos que demandar un plan a futuro que sea viable”, puntualizó el senador por Utah.