La tan solicitada junta federal de control fiscal, presentada este miércoles en el Senado federal, resultó una Hidra de mil cabezas que ha causado sorpresas, pero que el comisionado residente Pedro Pierluisi espera convertir en una oportunidad.

El proyecto del trío republicano senatorial –Orrin Hatch, de Utah y presidente del Comité de Finanzas del Senado, Chuck Grassley, de Iowa y presidente del Comité Asuntos de lo Jurídico, y Lisa Murkowski, de Alaska–establecería una Autoridad para la Responsabilidad Financiera y la Asistencia Gerencial, con poderes que rebasan la Constitución de Puerto Rico y decide el presupuesto de todas las dependencias gubernamentales, con poderes que lo ubican como un Gobierno supervisor, intermedio entre el estatal y el federal, con capacidad de revocar las decisiones financieras del gobernador y la Asamblea Legislativa y el poder Judicial.

Pierluisi dijo “combatiré este tipo de autoridad”, pero tampoco perderá la oportunidad que le brinda que el tema de la crisis financiera de Puerto Rico finalmente haya percolado en los sectores republicanos del Congreso. En ese sentido, dijo en entrevista con EL VOCERO, tratará de “atemperar”, los amplios poderes que le da el proyecto a la junta –descrita por él como “un zar”- a la realidad política y jurídica de la Isla. La Autoridad que establece Hatch “usurpa nuestros poderes fiscales”, manifestó.

“Hay negociaciones en curso”, aseguró, para que pudiera incluirse algún lenguaje respecto a los asuntos de Puerto Rico, como ya los hay para los refugiados sirios y otros temas, dijo.

En principio cree que se necesita una Junta, pero que no viole logros como el autogobierno. Por segundo día consecutivo, el comisionado residente expresó duras opiniones sobre las limitaciones políticas de la Isla. Del proyecto de Hatch piensa que da un paso “sin precedentes” en la discusión republicana de los asuntos insulares y provee $3,000 millones que pueden asistir a la recuperación económica del país.

No obstante, dijo, este proyecto, que considera a la Isla como una “posesión” norteamericana, “un término que es correcto”, agregó, “patentiza la condición colonial, territorial” de Puerto Rico, y los amplios poderes que tiene el Congreso sobre la Isla.

Pierlusi, a quien el gobernador Alejandro García Padilla, en Washington D.C., no ha visitado en sus oficinas, aunque hablaron un ratito por teléfono este miércoles en la tarde, sostuvo que de todos modos “hay un frente unido”.

Hasta ahora la mayoría republicana no ha indicado si verá la medida en ese cuerpo que extiende a las corporaciones públicas de Puerto Rico el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras.

Con esa medida se busca que la Isla pueda reordenar con mejores condiciones el pago de su abultada deuda. Pero ese proyecto no ha asomado la cabeza lo suficiente para dejarse ver de cuerpo entero entre los congresistas.

A este cabildeo, los funcionarios puertorriqueños deben añadir ahora intentar bloquear y reconvertir positivamente el proyecto de Hatch y buscarle votos al del congresista Sean Duffy, quien promueve el Capítulo 9 y una Junta de control fiscal más moderada.

Pierluisi matizó la urgencia que expresó el gobernador el miércoles en Washington, y negó que el Gobierno pueda caer en impago al 1 de enero de 2016. En ese sentido, indicó, hay una pequeña ventana de tiempo hasta marzo que debe aprovecharse para promover la medida que otorga a las corporaciones de Puerto Rico los beneficios de la Ley de Quiebras, y considerar una Junta, o si acaso lograr que el General Accounting Office (GAO) del Congreso audite, revise las finanzas del ELA y haga recomendaciones.

Para mediados del año, agregó, es otro el cantar, pues sí estamos “en ruta a un impago”, que sí sería mortal para la recuperación fiscal.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.