¿Hay chavos o no hay chavos?

Esa es la pregunta que trabajadores, empresarios y bonistas se hacen cada vez que el gobernador Alejandro García Padilla y su equipo fiscal no dan contestaciones específicas a las obligaciones que deben pagarse, sea el bono de Navidad o el servicio a la deuda que debe honrarse en poco más de una semana.

En una movida poco común y transcurridos ocho meses desde que el Gobierno debió presentar su estado financiero consolidado, el Centro para Una Nueva Economía (CNE) se unió a otras voces que han sido críticas de la falta de transparencia en las cuentas del estado y exigió a la brevedad la divulgación del Informe Financiero Consolidado Anual del Gobierno (CAFR, por sus siglas en inglés).

“Desde una perspectiva de buena gobernanza pública, resulta inaceptable que el gobierno de Puerto Rico no haya divulgado todavía el CAFR para el año fiscal 2014. Es preciso que Puerto Rico publique estos informes lo más pronto posible, o al menos que explique públicamente de forma clara, detallada y coherente las razones por las que no ha podido hacerlo”, indicó el CNE en su comentario mensual.

La exigencia del CNE no se limitó al cumplimiento del requisito de divulgación autoimpuesto por el Gobierno. La organización de política pública instó al Gobierno a publicar una proyección actualizada del flujo de efectivo que espera manejar en el próximo semestre.

“Estos informes deben incluir un desglose de todas las fuentes y todos los usos de efectivo durante los primeros seis meses de este año fiscal y una proyección razonable para el resto del año (fiscal)”, agregó la organización.

Ocho meses sin el CAFR. Los señalamientos del CNE se producen ocho meses después de que la administración García Padilla incumpliera con la divulgación del CAFR ante la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB, en inglés), lo que debió ocurrir el pasado 1 de mayo. Posteriormente, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) indicó que radicaría el CAFR en julio de este año, lo que tampoco sucedió.

La falta de información financiera clara, periódica y a tiempo ha sido una de las críticas más frecuentes que bonistas, fondos institucionales y analistas han hecho al gobierno puertorriqueño. La crítica por la falta de transparencia existe desde al menos tres administraciones de gobierno, pero se ha intensificado ahora que García Padilla ha planteado consistentemente que habrá un impago en la deuda pública.

En esta ocasión, las críticas por el retraso del CAFR han sido acogidas por el liderato republicano en el Congreso federal al punto de que la falta de que este incumplimiento figura entre las razones vertidas en ese cuerpo para no aprobar la extensión de las protecciones del Código de Quiebras federal a Puerto Rico.

Aunque García Padilla ha dicho que habrá un impago porque no hay dinero suficiente en las arcas públicas, el Gobierno ha cumplido con sus obligaciones salvo aquellas de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, en inglés), dependencia que no paga a sus bonistas desde agosto pasado; el pago de reintegros y los pagos a suplidores que rondan unos $330 millones. Ahora, el Gobierno incumpliría con los bonistas de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, ha reconocido la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo.

Urge una nueva proyección. La funcionaria dijo la semana pasada que KPMG, la firma que audita los libros del Gobierno ha pedido proyecciones adicionales en el flujo de efectivo del erario. Ello, y otras consideraciones habrían atrasado la presentación del CAFR, dijo la abogada y contadora pública.

No obstante, Acosta Febo aseguró entonces que ya había “un borrador” del voluminoso documento y que las agencias que faltaba de cuadrar sus libros –entre ellas, los planes de pensiones- habían hecho lo propio.

A principios de mes, cuando se anunció la activación de la cláusula de retención o “clawback”, la administración García Padilla redujo en $508 millones sus estimados de recaudos para el año fiscal en curso.

Para este mes, sin ese reajuste, la proyección de efectivo del Gobierno apuntaba a una deficiencia de unos $200 millones, según los estimados de la firma Conway MacKenzie, que analizó la posición de liquidez del estado por encomienda del BGF.

Ese flujo de efectivo se agravará aún más a partir de julio de 2016, cuando solo el pago de las Obligaciones Generales (GOs, en inglés) excedería, por primera vez, la marca de $1,000 millones.

Esto, porque no será hasta julio de 2016, cuando el Gobierno comience a pagar la emisión de $3,500 millones que vendió en marzo de 2014, luego de que se degradó el perfil crediticio de Puerto Rico a grado especulativo.

El Nuevo Día solicitó antes al BGF y al Departamento de Hacienda la nueva proyección de efectivo del Gobierno, pero no ha recibido la información.

En su reclamo, el CNE indicó que Hacienda debe incluir en la proyección de efectivo las cuentas por cobrar a 30, 60 y 90 días; ofrecer una explicación de las “medidas de emergencia de efectivo” que ha tomado; y divulgar cualquier financiamiento de corto plazo que haya obtenido o espere obtener durante el presente año fiscal.

“Es hora de que el gobierno ponga todas las cartas sobre la mesa, divulgue sus estados financieros y nos enseñe la chequera”, indicó el CNE.