Al analizar el alegato del Procurador General de Estados Unidos, Donald B. Verrilli, ante el Tribunal Supremo federal en el caso Pueblo de Puerto Rico v. Luis Sánchez Valle, la abogada dijo que la nación norteña se “atribuye un poder territorial ilegal, violatorio de los derechos humanos” de los puertorriqueños.
Reverón Collazo considera que en la discusión del asunto el gobierno isleño se atasca en si en 1952, mediante el establecimiento del Estado Libre Asociado (ELA), Puerto Rico adquirió un estatus soberano a no, mientras que el Procurador General estadounidense “se aferra a su poder territorial”.
“Este es un debate entre un sordo que dice escuchar algo distinto de lo que se le dice y un ciego que no ve su posición indefendible bajo el derecho internacional actual”, adujo la letrada.
La presidenta del MINH subraya que Washington no toma en cuenta las determinaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que condena el colonialismo.
Destacó también que, como parte de su argumento, Verrilli pretende humillar al gobierno de Puerto Rico al sostener que, para efectos de la cláusula de doble exposición, dentro de la Constitución de Estados Unidos solo se reconocen como soberanos “el gobierno federal, los estados y la Tribus Indígenas”.
Además, expone su superioridad como nación, al decirle a los puertorriqueños que “Estados Unidos adquirió su soberanía al ganar la guerra de independencia y al adoptar la Constitución, que confirió al gobierno nacional ciertos poderes soberanos, mientras reservaba otros para los estados soberanos preexistentes”.
Reverón Collazo advirtió que el funcionario subraya que los Estados Unidos tienen su independencia porque se la ganaron luchando por ella, por lo cual “parece que los puertorriqueños no nos merecemos la nuestra porque no nos la hemos ganado luchando”.
“Es bien sencillo, el gobierno de Estados Unidos se atribuye un poder territorial ilegal, violatorio de los derechos humanos del pueblo de Puerto Rico que es el único y verdadero soberano de Puerto Rico. No hay alegatos de jurista que pueda dar al traste con esa sencilla verdad”, insistió.
La abogada, quien examina en diversos aspectos el documento del Procurador General, argumentó que Washington “expone su caso desde su óptica imperial como poder colonizador del territorio puertorriqueño”.
“Expresa con mucha candidez que su interés en este caso parte de su preocupación de cómo lo que decida en su día el Tribunal Supremo de Estados Unidos puede afectar la defensa por parte del gobierno federal de legislación y políticas federales relativas a Puerto Rico en un amplio espectro de áreas sustantivas, incluyendo representación congresional, beneficios federales, impuestos federales, quiebra y defensa”, sostuvo.
Reverón Collazo imagino que el Procurador General entiende que debe ser un alivio para los puertorriqueños, asegurar que no es que el Congreso haya manifestado intención alguna de revocar la autonomía que le ha conferido al gobierno de Puerto Rico, mas como asunto constitucional la isla continúa siendo un territorio sujeto a la autoridad del Congreso bajo la Cláusula Territorial.
La presidenta del MINH agregó que el planteamiento de Verrilli de que los eventos de 1950-1952 no transformaron a Puerto Rico en un soberano, “no nos sorprende a los independentistas”.
“Pregúntenle a Rafael Cancel Miranda, que todavía tenemos el privilegio de que esté vivo, para contar cómo el ataque al Congreso fue ese grito de denuncia del engaño que se perpetró contra nuestro pueblo y la comunidad internacional con el establecimiento del ELA y la consecuente adopción de la Resolución 748 (VIII)”, dijo.
Se refirió al ex prisionero político que, como parte del comando nacionalista que integraron además Lolita Lebrón, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero, atacó el 1 de marzo de 1954 el Congreso de Estados Unidos, por lo que pasaron un cuarto de siglo encarcelados.
Reverón Collazo refirió que la resolución de la ONU utilizó un lenguaje “diplomático” que revela la intención de engañifa al precisar que la exclusión de la lista de Territorios No Autónomos.
En ese sentido “reconoce que en la esfera de su Constitución y el acuerdo concertado con los Estados Unidos de América, el pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha sido investido de atributos de soberanía política que identifican claramente el status de gobierno propio alcanzado por el pueblo de Puerto Rico como entidad política autónoma”.
Además, advirtió el Procurador General Verrilli compara la relación de Puerto Rico con Estados Unidos como una igual a la que tienen los estados con los municipios.
“O sea, que somos como un municipio de los Estados Unidos. Ese es el ámbito del poder político que nos “cedió” o más bien nos permitió el gobierno (federal) al crearse el ELA”, remató la dirigente del MINH en una amplio análisis del argumento de Verrilli sobre el caso que espera la atención del Tribunal Supremo federal.
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