Standard & Poor ‘s inició la nueva ola de degradaciones sobre la calificación de la deuda de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (PRIFA, por su siglas en inglés), tras confirmarse un impago de la corporación pública a sus acreedores de $35.9 millones el pasado lunes, tendencia que acorde con los economistas es una acción automática, por lo que no descartan el pronunciamiento en esa misma línea de las otras casas acreditadoras.
Dicha ola de degradaciones coloca la calidad crediticia de los bonos de PRIFA de CC hasta D, el nivel más bajo que otorga S&P, reservado para casos de suspensión de pagos.
Sin embargo, en esta ocasión, la clasificación de los bonos de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés), que vencía en la misma fecha, no corrió la misma suerte, por lo que no descartan una posible degradación en los próximos días.
Según el informe, las degradaciones se amparan en la concretización de la acción del impago.
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La nota de D, “default”, a la deuda de PRIFA es porque ya el impago dejó de ser una posibilidad y se convirtió en un hecho, cerrando cada vez más, de manera casi permanente, la capacidad de la Isla de regresar a los mercados. Esta situación representa un fuerte riesgo para la Isla debido a la gravedad de la actual situación fiscal de Puerto Rico, con un déficit proyectado para el 2016 de $3,700 millones, según lo estipula el informe Krueger.
S&P ha sido consistente en su pronunciamiento, que aunque es consciente de que hay una intención por parte del gobierno de cumplir con parte de los pagos que vencen próximamente y los bonos de Obligaciones Generales (GO´s) próximos a vencer, la fragilidad en la liquidez y la dificultad para alcanzar financiamiento reducirán más el flujo de caja dentro de los próximos seis meses y no habrá dinero para cumplir. Los economistas coinciden, en que justamente serán los meses de verano los más difíciles en términos fiscales para la Isla y donde mayores impagos pudiesen incurrir.
Economistas consultados por EL VOCERO sostuvieron además, en que cada vez que se emite una degradación por parte de una casa acreditadora, prácticamente se desvanecen las posibilidades de acceder a crédito “razonable” para conseguir bonos en anticipación de pagarés e ingresos (TRAN´s) en la banca privada, aunque se trate de una gestión fuera del mercado inversor.
Economistas como José Alameda entienden que dicha degradación es el resultado de la vorágine económica que vive la Isla tras la acumulación por mucho tiempo de deuda, sin tener la capacidad de crecer. Ante esta tendencia, no descarta la degradación de bonos directamente vinculados con el impago, sino que entiende que bonos indirectos que se nutran del gobierno igualmente pudiesen correr la misma suerte, como es el caso de los bonos de la Universidad de Puerto Rico. “La clasificación de los bonos lo que hace es proveer calidad al crédito y representa las condiciones financieras del cliente. Esta degradación solo evidencia la incapacidad de Puerto Rico para poder pagar y por ende, un estancamiento en su capacidad de poder tomar prestado”.
Para Alameda, la alternativa en estos momentos es un rescate de marco institucional del pago de la deuda o servicio de la deuda, ya sea por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como del Congreso, “ya que de lo contrario la Isla está a la merced de los bonistas y no posee la capacidad ni siquiera para pelear, porque no tenemos el marco legal para ello”.
Para el analista y abogado, John Mudd, la degradación evidencia que los bonos de Puerto Rico “ya no sirven para nada y no esperan que esa deuda se pueda pagar”. No obstante, entiende que el problema se agudiza, ya que los planteamientos que se discutirán en la Cámara y el Senado federal serán el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la y Junta de Control Fiscal, temas, que a su juicio, en nada abonan a resolver el problema fiscal de la Isla.
Aunque los economistas sostienen que la degradación es una consecuencia lógica, que igualmente esperan para todo el gobierno y sus corporaciones, aseguran asimismo que si el gobierno no hace nada por reducir sus gastos e incrementar sus recaudos, será inminente el impago de los bonos constitucionalmente garantizados, lo que genera un impacto de mayor gravedad en el prestigio y capacidad crediticia de la Isla.
Según el economista y profesor universitario, Argeo Quiñones, para que Puerto Rico pueda salir de la depresión que lo arropa por 10 años tiene que además de reducir gastos, e incrementar recaudos de manera legal y administrativa, comenzar el proceso de privatizaciones y reducción del tamaño gubernamental. Quiñones dejo claro que la reducción de tamaño gubernamental no debe implicar despidos.
En tanto, hay un sector de los economistas que interpreta toda esta situación que se vive en la Isla, y que ha traído consigo las consecuencias antes mencionadas, como una estrategia del gobierno para doblegar a los bonistas, acción que igualmente entienden prontamente se deberá agotar. “Las cartas están todas puestas en la mesa, lo que se está esperando es la jugada final y para eso se tiene que conocer si el gobierno está mintiendo para mantener la confusión sobre la falta de liquidez y el monto total de la deuda. Entiendo que la estrategia de litigación y negociación del servicio de la deuda se pudo haber manejado de otra manera y no se ha hecho. Persiguen negociar, pero los estados financieros son inexistentes, nadie conoce la verdadera situación fiscal de la Isla”, apuntó el economista Elías Gutiérrez.
Aunque el pesimismo pareciera imperar en todos los ambientes de la Isla, todavía hay una luz de esperanza, aunque opacada. El economista José J. Villamil todavía tiene la esperanza de que los impagos terminen siendo mucho menos que lo que se espera, al igual que entiende que el impago de los bonos garantizados constitucionalmente no se va a concretizar. La razón para ello, es que entiende el gobierno cuenta con los recursos económicos para poder cumplir con gran parte de esa responsabilidad, por lo menos los primeros seis meses del año. “El gobierno tiene la capacidad de pago para poder cumplir hasta el verano, momento en que se complica el cuadro por las altas responsabilidades económicas a la que tiene que hacerle frente en esos dos meses”, sostuvo. “Entiendo que justamente entre junio y julio es que mayores impagos registrará la Isla”, concluyó.
Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO
Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.
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García Padilla arremete contra las acreditadoras
El gobernador Alejandro García Padilla, refutó la comunicación reciente de la agencia acreditadora estadounidense, Standard & Poor´s, en la cual advirtió que hay una “incertidumbre financiera” en la isla por la falta de publicación de los estados auditados, que debieron ser presentados hace siete meses.
En un intento por restar importancia a las auditorías y a la información que estas aportan respecto a la situación fiscal de la isla, contestó: “cuando habían estados financieros se permitió por el mercado – por los mismos que hoy reclaman (esos estados) – el descalabro financiero que hubo. Se permitió que Puerto Rico tomara prestado más de lo que podía pagar”.
Entonces insinuó cierta perversidad de parte de estas agencias acreditadoras, cuya credibilidad – dijo – ha sido cuestionada por dar alta calificación a hipotecas basuras e instituciones que han terminado en quiebra. “Parece que aquellos que hoy lo reclaman no los leyeron o no les hicieron mucho caso porque prestaron más de lo que debían prestar, y permitieron que Puerto Rico tomara prestado más de lo que debía”, continuó exponiendo el gobernador al restar importancia a estas auditorías.
Las auditorías del año fiscal 1999 de la administración de Pedro Rosselló reflejaban, por ejemplo, un superávit de $60 millones en el Fondo General, pero anticipando que en próximos años ocurriría un déficit de $160 millones, debido a que el fondo se había beneficiado de transferencias de capital temporeras como $110 millones de la Oficina para la Liquidación de las Cuentas de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico, así como al cierre de la Administración de Facilidades y Servicios de Salud, que pasó a integrarse al Departamento de Salud.
Cuando los periodistas le preguntaron a García Padilla si hay evidencia de que el Gobierno de Puerto Rico defraudó a sus auditores en años anteriores, al manipular la información con tal de tener buena clasificación para salir al mercado, el gobernador lo calificó como una mera “especulación”.
¿Estaban falseados los estados financieros? ¿El gobierno dio información falsa?, preguntaron varios miembros de la prensa.
“No tengo información en esa dirección”, comenzó diciendo García Padilla previo a ser interrumpido.
¿No sería por eso que se ha demorado KPMG, porque están tratando de conciliar?, interrumpió otro periodista.
“Eso sería una especulación absoluta”, se limitó a decir el gobernador.
García Padilla reiteró que la compañía KPMG, contratada en calidad de auditores independientes, está haciendo el análisis correspondiente de todos los datos. “Yo creo que se han demorado, pero lo importante es que sean responsables”, expresó a la vez que criticó que esa sea la carta de juego de los bonistas y algunos congresistas republicanos para postergar cualquier ayuda a Puerto Rico.
“Es una excusa que están tratando de usar los acreedores para tratar de impedir que se legisle (…) Las personas que argumentan eso representan a todo menos a Puerto Rico. Hay personas que representan intereses ajenos a Puerto Rico haciendo este reclamo”, apuntó.
Pese a que García Padilla descartó que la falta de publicación de los datos sea una estrategia del gobierno para mantener la confidencialidad hasta tanto se vean obligados a divulgarlos en un pleito incoado por los acreedores, resaltó la incongruencia de que la falta de transparencia sea el argumento para impedir un proceso de reestructuración de la deuda de $72 mil millones.
“Si hubiera proceso de reestructuración, lo primero que tiene que hacer el gobierno de Puerto Rico es probar que no tiene con qué pagar… Si ese es el argumento, deberían de favorecer el proceso de reestructuración”, defendió al asegurar que en un pleito el gobierno tendrá que revelar todos sus informes.
El primer mandatario se unió también a otras voces que han llamado ilegítimas a las casas crediticias, debido a que en 2008 dieron alta calificación a hipotecas basura y a instituciones financieras fraudulentas como Lehman Brothers, la cual terminó en quiebra.
“S&P quiere aplicarle a Puerto Rico la rigurosidad que no le aplicó a Lehman Brothers y a Enron, y ahora quieren hacerse los rudos porque perdieron toda credibilidad… El mercado no les cree. Ellos le cerraron el mercado a Puerto Rico, para después decir que Puerto Rico no tenía acceso al mercado. Así han sido”, contestó en referencia a cuando Standards & Poor´s y Moody´s degradaron por primera vez el crédito de Puerto Rico a nivel especulativo, aún cuando supuestamente, las finanzas del gobierno puertorriqueño estaban en mejor estado que otros países con nivel de deuda más alto.
A la par con las expresiones de miembros de su gabinete, reiteró que hay suficiente información sobre el estado financiero deteriorado de Puerto Rico “que nunca antes en su historia”. Se cantó imposibilitado de decir una fecha de entrega de los informes financieros auditados, al asegurar que cualquier presión que ejerza su gobierno sería una influencia indebida en el resultado que tiene que ser “totalmente independiente”.
Reyes austeros
El gobernador hizo las declaraciones al salir de la reinauguración del Coliseo de Tenis de Mesa en Utuado. Mientras, en la pista atlética se llevó a cabo un día familiar, donde se entregó a los niños y niñas bolas de baloncesto y volibol, así como una merienda de frutas. La actividad en la cual La Fortaleza invirtió $28,000 contrasta con la magnitud de eventos en años anteriores en que se llegó a gastar más de $752,000, según cifras oficiales .
Laura M. Quintero, EL VOCERO
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Gobernador arremete contra casas acreditoras
Por Nydia Bauzá / nbauza@primerahora.com01/06/2016 |05:50 p.m.
Asegura que está evaluando candidatos para integrar Junta de Recuperación Fiscal.
Utuado- El gobernador Alejandro García Padilla dijo hoy, miércoles, que está evaluando candidatos para integrar la Junta de Recuperación Económica y Fiscal.
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Al mismo tiempo, criticó las casas acreditadoras que reclaman los estados financieros auditados del gobierno de Puerto Rico de 2014 y 2015.
“Esa es una excusa que están utilizando los acreedores para tratar de impedir que se legisle. Digo que es una excusa y los voy a desenmascarar aquí. Si hubiera un proceso de reestructuración legislado lo primero que tiene que hacer el deudor, es decir, el pueblo de Puerto Rico, es probarle a un juez que no puede pagar…Por lo tanto, si ese es el argumento, pues deberían favorecer el procedimiento de reestructuración”, afirmó García Padilla.
Las declaraciones del gobernador surgieron al responder preguntas de la prensa, tras anunciar la creación de una escuela especializada de tenis de mesa, en el Complejo Deportivo de Utuado.
“Standard & Poor quiere aplicarle a Puerto Rico la rigurosidad que no le aplicó a Lehman Brothers y Enron. Ahora se hacen los rudos, porque perdieron toda credibilidad, porque el mercado no les cree. Ellos les cerraron el mercado a Puerto Rico para después decir que Puerto Rico no tenía acceso al mercado”, argumentó.
Sobre la demora en la publicación de los estados financieros, García Padilla declaró que “todo el mundo sabe que no es el gobierno de Puerto Rico el que saca los informes”.
“Los sacan unas empresas privadas que tienen la información de nuestra parte y que están haciendo el análisis que ellos entienden que están haciendo. Creo que se han demorado, pero lo importante es que saquen los estados y que sean responsables”, sostuvo García Padilla al tiempo que rechazó que la demora se deba a que su administración no le ha suministrado toda la información a KPMG, la empresa de contadores contratada por el gobierno.
Dijo que las personas que reclaman la publicación de los estados financieros de Puerto Rico “representan intereses ajenos” a la Isla. KPMG es responsable de someter los documentos en cuestión.
“Hay prisa y hay que sacar esos estados, pero la realidad es que nadie tiene que esperar a que saquen esos estados para saber cuál es la realidad de Puerto Rico”, insistió el Gobernador.
“Cuando había estados financieros se permitió por el mercado, por los mismos que hoy los reclaman, el descalabro financiero que hubo, y se permitió que Puerto Rico tomara más prestado de lo que podía pagar. Parece que aquellos que ahora reclaman estados financieros, o no los leyeron o no les hicieron mucho caso, porque prestaron mucho más de lo que debían prestar y permitieron que Puerto Rico tomara prestado más de lo que debía”, dijo García Padilla.
Un reportero le preguntó si los estados financieros de entonces estuvieron falseados y respondió que no tenía “información en esa dirección”.
Asimismo, señaló que independientemente de que el Congreso de Estados Unidos apruebe legislación para nombrar una junta de control fiscal federal en el País, nombrará los cinco miembros de la junta local.
“Nosotros aprobamos nuestra propia junta y le he dado la bienvenida a la posibilidad de una junta que respete la división de poderes y el sistema republicano de gobierno del pueblo de Puerto Rico”, sostuvo.
Indicó que está evaluando “nombres” para los integrantes de la junta local y sostuvo que tienen que ser personas “de mucha credibilidad internacional, no solamente local y que no pueden estar atados a los parámetros que atamos en Puerto Rico, particularmente relacionados a la política partidista local”.
“Por primera vez la deuda se ha reducido, yo tomé la deuda en $72,000 millones y está en $69,000 millones. Aun en la crisis se ha reducido y no hemos despedido un solo funcionario público”, puntualizó García Padilla.
Atribuyó la crisis fiscal al Congreso, “por eliminar la Sección 936”, al mercado “por prestar más de lo que Puerto Rico podía tomar prestado pagando” y a que Puerto Rico entre 2006 y 2012, duplicó su deuda. “Entre 2006 y 2012, el gobierno de Puerto Rico fue irresponsable. En 1996 el Congreso fue irresponsable y en ese mismo período, el mercado fue irresponsable. ¿Cuál era la ecuación de Standard & Poors, Moody’s y Fitch en aquella ocasión? La misma de Lehman y de Enron: ninguna, miraban para otro lado”, argumentó.
Culpan al Congreso como responsable de la crisis fiscal de la Isla
A seis días de que el Congreso de Estados Unidos reanude audiencias sobre la crisis de Puerto Rico, el gobernador Alejandro García Padilla, señaló a la legislatura estadounidense como culpable y cómplice de la crisis fiscal que ha provocado la falta de liquidez del gobierno de Puerto Rico y el impago de obligaciones tanto a acreedores como a suplidores de servicios.
“Aquí ha habido tres responsables de la crisis fiscal: el Congreso al eliminar la sección 936 (del Código de Rentas Internas de Estados Unidos), el mercado al prestar más de lo que debía prestar, y que Puerto Rico durante los años de 2006 a 2012 duplicó su deuda”, reiteró García Padilla.
Entonces se pronunció directamente contra el gobierno estadounidense y el mercado de valores estadounidense: “en 1996, el Congreso fue irresponsable, y en ese mismo periodo de tiempo el mercado fue irresponsable prestándole a Puerto Rico más de lo que ellos sabían que Puerto Rico podía tomar prestado”.
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Las expresiones del primer mandatario surgieron luego de que la agencia acreditadora estadounidense, Standard & Poor’s, degradó el crédito de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura a nivel de ‘default’ – el más bajo en el escalafón – y señaló incertidumbre financiera debido a la falta de publicación de los estados financieros auditados del año fiscal 2014, información que debía entregar el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) hace siete meses a la ‘Security Exchange Comission’, que regula el mercado de valores. “¿Cuál era la ecuación de Standard & Poor’s, de Moody’s y Fitch en aquella ocasión? La misma que Lehman Brothers y Enron: ninguna. Miraban para otro lado”, sentenció García Padilla, en referencia a la ocasión en que la casa acreditadora Standard & Poor’s otorgó alta calificación a hipotecas basura y a instituciones financieras fraudulentas como Lehman Brothers, la cual terminó en quiebra.
El gobernador también responsabilizó a las administraciones de Aníbal Acevedo Vilá y Luis Fortuño, del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista respectivamente, por endeudar al país sin tomar las debidas precauciones. “La deuda que tomó 70 años (en acumularse), se duplicó en seis (años)”, comparó.
Reaccionó, además, despreocupado ante la posibilidad de que el Congreso apruebe legislación para la creación de una Junta federal de Control Fiscal para Puerto Rico, que funcionaría similar a una sindicatura federal, al confiar en que el gobierno estadounidense respete la junta que se creó localmente mediante la Ley Orgánica de la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico.
Indicó que a raíz de las conversaciones que su equipo ha sostenido con los congresistas, ha podido explicarles que a Puerto Rico no le aplican los mismos estándares de una junta de control fiscal que se han aplicado a ciudades como la ciudad de Nueva York o Washington D.C.
La Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico debe estar formada por peritos en finanzas, administración, derecho, ciencias sociales, economía u operación de negocios o entidades gubernamentales. El gobernador no ha hecho los nombramientos. “Estamos evaluando nombres porque tienen que ser personas de mucha credibilidad internacional, no solamente local, y que no pueden estar atados a los parámetros que tradicionalmente atamos en Puerto Rico, particularmente, la política partidista local”, contestó García Padilla.
Los miembros de la junta tampoco pueden ser tenedores directos de obligaciones del Estado Libre Asociado (ELA) ni formar parte en compañías de inversión que tengan más del 10% de sus fondos invertidos en dichas obligaciones.
Ayer, La Fortaleza no pudo confirmar si el primer ejecutivo fue invitado a la audiencia del subcomité de Energía y Recursos Minerales de la Cámara federal.
Laura M. Quintero, EL VOCERO
CARLOS A. COLÓN DE ARMAS – BLOG
Economía y Política
El impago es culpa del Gobernador
El 30 de diciembre de 2015, el gobernador de Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla, anunció una nueva ronda de impagos con relación a la deuda pública de la Isla. Ese impago se constituyó al dejar de pagar, el 4 de enero de 2016, $35.9 millones y $1.4 millones en intereses correspondientes, respectivamente, a los bonos adeudados por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés). En total, el impago de enero ascendió a $37.3 millones y en lo que va de año fiscal se ha dejado de pagar $263 millones que se le adeudan a los bonistas.
Los más respetados y autorizados economistas de Puerto Rico están de acuerdo: AGP/PPD es el Culpable de la Crisis
Estos impagos son de la entera responsabilidad del gobernador García Padilla, por sus propias erradas decisiones fiscales y económicas, y en nada obedecen a problemas heredados. Repasemos alguna de la evidencia que así lo demuestra.
En su primer mensaje sobre la situación del país, pronunciado ante la Asamblea Legislativa el 25 de abril de 2013, el gobernador propuso un incremento en gastos de $752 millones para el presupuesto del año fiscal 2013-2014. Con ese presupuesto, que finalmente se aprobó con un aumento de alrededor de $700 millones, se cambió la política pública hacia aumentar los gastos del gobierno. Como consecuencia, antes de terminar ese año fiscal, en febrero de 2014, las agencias clasificadoras degradaron la deuda pública de Puerto Rico a niveles considerados “chatarra”. Desde entonces, los gastos que se han reducido han sido parte de esos mismos que aumentó la actual administración, pero no ha habido un intento serio de realmente reducir los gastos del Gobierno de Puerto Rico.
Más recientemente, de acuerdo al Bureau of Labor Statistics del gobierno federal, desde enero de 2015 (230,300) hasta noviembre de 2015 (231,800) el empleo en el Gobierno de Puerto Rico ha aumentado por +1,500 personas. Además, se ha informado sobre la otorgación de contratos corruptos y se ha estado desperdiciando dinero en consultores que no son necesarios.
Si el gobernador García Padilla hubiese tomado las acciones requeridas para reducir éstos y otros gastos públicos innecesarios, y si hubiera mantenido una política pública dirigida a honrar los compromisos del gobierno y sus agencias, los pagos a los bonistas se hubieran podido realizar sin problema alguno.
Es altamente irresponsable y vergonzoso que el gobernador García Padilla haya decidido jugar a la política ideológica relacionada con el estatus en lugar de manejar responsablemente los asuntos fiscales del Gobierno de Puerto Rico. Después de todo, esto no es culpa del Congreso por eliminar la Sección 936. Esa eliminación no tuvo nada que ver con este impago.
Cuentan que a Don Luis Muñoz Marín le preguntaron un día “Don Luis, ¿a qué se debe el progreso de Puerto Rico” y él respondió “a eso mismo, a que se debe”.
Consciente de esa realidad, Don Luis Muñoz Marín estableció la tradición de un buen manejo de las finanzas públicas en Puerto Rico. Así dejó claramente establecido que salvaguardando el buen nombre y el crédito del Gobierno de Puerto Rico es como mejor se le sirve al pueblo, pues así es que se pueden financiar las obras que mejoran su calidad de vida.
El gobernador García Padilla pretende hacernos creer que el no pagar las deudas constituye prueba de que no se pueden pagar las mismas. Por el contrario, en el caso del Gobierno de Puerto Rico, no pagar las deudas es evidencia de falta de voluntad para hacerlo. Por el bien del pueblo de Puerto Rico, ya es hora de detener esa práctica.
– – – # # # – – –
Nota: Este escrito fue publicado en el periódico El Nuevo Día,
7 de enero de 2016, página 44.
Copyright (Derechos Reservados) © 2016, Carlos A. Colón De Armas
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Gobernador arremete contra casas acreditoras
Por Nydia Bauzá / nbauza@primerahora.com01/06/2016 |05:50 p.m.
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“Standard & Poor quiere aplicarle a Puerto Rico la rigurosidad que no le aplicó a Lehman Brothers y Enron. Ahora se hacen los rudos, porque perdieron toda credibilidad, porque el mercado no les cree. Ellos les cerraron el mercado a Puerto Rico para después decir que Puerto Rico no tenía acceso al mercado”, argumentó.
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“Los sacan unas empresas privadas que tienen la información de nuestra parte y que están haciendo el análisis que ellos entienden que están haciendo. Creo que se han demorado, pero lo importante es que saquen los estados y que sean responsables”, sostuvo García Padilla al tiempo que rechazó que la demora se deba a que su administración no le ha suministrado toda la información a KPMG, la empresa de contadores contratada por el gobierno.
Dijo que las personas que reclaman la publicación de los estados financieros de Puerto Rico “representan intereses ajenos” a la Isla. KPMG es responsable de someter los documentos en cuestión.
“Hay prisa y hay que sacar esos estados, pero la realidad es que nadie tiene que esperar a que saquen esos estados para saber cuál es la realidad de Puerto Rico”, insistió el Gobernador.
“Cuando había estados financieros se permitió por el mercado, por los mismos que hoy los reclaman, el descalabro financiero que hubo, y se permitió que Puerto Rico tomara más prestado de lo que podía pagar. Parece que aquellos que ahora reclaman estados financieros, o no los leyeron o no les hicieron mucho caso, porque prestaron mucho más de lo que debían prestar y permitieron que Puerto Rico tomara prestado más de lo que debía”, dijo García Padilla.
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Asimismo, señaló que independientemente de que el Congreso de Estados Unidos apruebe legislación para nombrar una junta de control fiscal federal en el País, nombrará los cinco miembros de la junta local.
“Nosotros aprobamos nuestra propia junta y le he dado la bienvenida a la posibilidad de una junta que respete la división de poderes y el sistema republicano de gobierno del pueblo de Puerto Rico”, sostuvo.
Indicó que está evaluando “nombres” para los integrantes de la junta local y sostuvo que tienen que ser personas “de mucha credibilidad internacional, no solamente local y que no pueden estar atados a los parámetros que atamos en Puerto Rico, particularmente relacionados a la política partidista local”.
“Por primera vez la deuda se ha reducido, yo tomé la deuda en $72,000 millones y está en $69,000 millones. Aun en la crisis se ha reducido y no hemos despedido un solo funcionario público”, puntualizó García Padilla.
Atribuyó la crisis fiscal al Congreso, “por eliminar la Sección 936”, al mercado “por prestar más de lo que Puerto Rico podía tomar prestado pagando” y a que Puerto Rico entre 2006 y 2012, duplicó su deuda. “Entre 2006 y 2012, el gobierno de Puerto Rico fue irresponsable. En 1996 el Congreso fue irresponsable y en ese mismo período, el mercado fue irresponsable. ¿Cuál era la ecuación de Standard & Poors, Moody’s y Fitch en aquella ocasión? La misma de Lehman y de Enron: ninguna, miraban para otro lado”, argumentó.
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