El comisionado residente Pedro Pierluisi, le solicitó al presidente del Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, impulsar los proyectos que están ante la Asamblea Legislativa que proponen la celebración de una consulta de estatus.

En una misiva fechada el 5 de enero el también aspirante a la gobernación por la Palma, solicitó a Bernier que “haga valer su palabra empeñada y solicite a sus delegaciones promover y apoyar esos proyectos”, al referirse al Proyecto del Senado Número 1273, y al de la Cámara Número 2266.

“No hacerlo demostraría que una vez más, el PPD propone atender el tema del estatus como estrategia eleccionaria sin compromiso alguno”, recalcó Pierluisi al reaccionar a la expresión pública de Bernier de aceptar una consulta estadidad “sí o no”.

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) reiteró que la discusión sobre el estatus es impostergable y criticó que se utilice como “balón político” de cara a las próximas elecciones.

Para Pierluisi, el hecho de que Bernier asumió la presidencia de la Pava, lo ponen bajo el control y el liderato de ambos cuerpos legislativos. No obstante, el portavoz del Senado Aníbal José Torres, explicó que según el reglamento del PPD, el gobernador Alejandro García Padilla continúa siendo el presidente de la Conferencia Legislativa. “La Conferencia Legislativa estará compuesta por el gobernador, el comisionado residente en los Estados Unidos, y los representantes y senadores pertenecientes al Partido Popular Democrático. La misma será presidida por el gobernador. Cuando el gobernador no perteneciere al Partido Popular Democrático, la Conferencia Legislativa será presidida por el presidente del Partido”, reza el ordenamiento político.

Pierluisi le indica a Bernier que velará por que las delegaciones del PNP en la legislatura cumplan con resolver el asunto del estatus, y que solo resta a que él “haga lo propio con las delegaciones de su Partido”.

Como preámbulo a la petición, Pierluisi se refirió a las expresiones del Departamento de Justicia federal, sobre que Puerto Rico no es un territorio de Estados Unidos sin soberanía ni independencia, a pesar de que en 1952 se le permitió tener una constitución. La expresión que surge del alegato en el caso Pueblo v. Sánchez, ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, por parte del Procurador General es que el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico, los cuales puede cambiar en cualquier momento.