A solo horas de que el subcomité de Energía y Recursos Minerales en el Congreso federal vuelva a discutir la crisis fiscal de la Isla, el principal oficial ejecutivo de Assured Guaranty, Dominic Frederico, criticó los esfuerzos del gobernador Alejandro García Padilla para lograr la extensión del capítulo 9 del Código de Quiebras federal a Puerto Rico.

De igual forma, el ejecutivo subrayó que extender esa disposición a la Isla solo servirá para que el Gobierno continúe con su práctica de “gastos inflados” y de “corrupción sin rendición de cuentas” en la Isla.

Según Frederico, resulta “irónico” que García Padilla plantee que la falta de un mecanismo uniforme para que el gobierno puertorriqueño pueda atender su crisis de endeudamiento, cuando las actuaciones del mandatario han sido contrarias a la ley.

“En lugar de hacer todo lo que esté en su poder para administrar legalmente su deuda, reformar su gobierno y reconstruir su economía, el gobierno de Puerto Rico ha adoptado una estrategia para promover deliberadamente una narrativa de crisis con el objetivo de obtener de parte del Congreso estadounidense acceso a la bancarrota de manera retroactiva”, indicó Frederico en declaraciones escritas.

A AGaPito/Bernier ni los Populares Los Quieren

Las expresiones de Frederico se producen unos cinco días después de que la aseguradora que dirige y Ambac Assurance demandaran a García Padilla y a su equipo fiscal por la activación de la cláusula de retención o “clawback” para pagar la deuda con garantía constitucional.

La decisión de García Padilla, formalizada a través de dos órdenes ejecutivas suscritas entre noviembre y diciembre pasados, provocó que la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura incumpliera con el pago de ciertos bonos y a su vez, reclamaciones contra las aseguradoras por unos $10.7 millones.

De igual forma, las expresiones de Frederico se producen a solo horas de una nueva vista en el Congreso estadounidense para discutir la crisis fiscal de la Isla.

Según el ejecutivo, extender a Puerto Rico la protección que disfrutan condados, ciudades y municipios en Estados Unidos continentales en nada resolverá la situación de la Isla sino que “incentivará la continuación de gastos inflados, corrupción y en desdén de la ley sin ninguna rendición de cuentas”.

Puerto Rico fue excluido del capítulo 9 del Código de Quiebras federal en 1984, pero el récord congresional no arroja ninguna razón para ello.

Desde la perspectiva de Assured y Ambac, una vez, García Padilla activó el “clawback” cometió un acto inconstitucional y a su vez, “confiscó” fondos que estaban comprometidos con los bonistas de AFI, así como aquellos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad del Distrito de Convenciones (ADC).

En contraste, García Padilla sostiene que la demanda de las aseguradoras es culpa del Congreso estadounidense al no legislar prontamente la extensión del capítulo 9 del código de Quiebras federal a la Isla. En declaraciones vertidas, la semana pasada, el mandatario sostuvo que la acción incoada por Assured y Ambac sería la primera de muchas otras, sometiendo al gobierno y a los inversionistas a un escenario “incierto” y sin claridad jurídica.

“A diferencia de García Padilla, creemos que la corte del distrito federal de Puerto Rico es el foro apropiado para resolver el litigio (de la cláusula de retención de ingresos) del ‘clawback’”, subrayó Frederico.

Aunque Frederico ha sido un acérrimo crítico de las acciones de García Padilla, por casi 18 meses, Assured fue parte de las negociaciones para reconvenir los términos de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el pasado 24 de diciembre, suscribió junto a National Public Finance Guarantee, un acuerdo para dar paso a dicha renegociación.

El lunes, precisamente, Moody’s Investors Service indicó que el acuerdo en la AEE resultaba en favor de ambas aseguradoras municipales. Según la casa acreditadora, Assured ostenta una clasificación A2 y su perspectiva es estable.

Frederico insistió en que Assured está dispuesto a colaborar con Puerto Rico, pero hizo hincapié en que procurará que se aplique la ley, según corresponde, a la deuda que la aseguradora respalda.

En conjunto, Assured y Ambac respaldan unos $7,994 millones de la deuda pública emitida por Puerto Rico. Según el expediente del caso, el juez federal de distrito José A. Fusté dirimirá la controversia.