WASHINGTON – El caso Puerto Rico versus Sánchez Valle quedó ayer formalmente sometido ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con un fuerte reclamo del gobierno del presidente Barack Obama para que los jueces reconozcan sin ambages que la última fuente de poder sobre Puerto Rico radica en el Congreso.

La controversia del caso es si para efectos de la cláusula constitucional federal de doble ciudadanía –que impide que bajo un mismo gobierno se acuse criminalmente dos veces por los mismos hechos a un ciudadano–, Puerto Rico tiene soberanía propia.

Pero, los mismos gobiernos de Puerto Rico y EE.UU. han considerado –y algunos jueces les hicieron eco–, en  que el caso en discusión  va al corazón de la relación política y jurídica de la Isla con Washington.

Aunque es complicado predecir si le harán una autopsia al ELA, con un debate general sobre la ausencia o existencia de soberanía de Puerto Rico, tres jueces, con diferentes acentos, parecieron inclinarse a la teoría de que la autoridad final sobre la Isla, territorio estadounidense desde 1898, siempre ha estado en el Congreso.

“¿Cuál es la última fuente de autoridad sobre el pueblo de Puerto Rico? La última autoridad del pueblo puertorriqueño fue un acto del Congreso. Si mira hacia atrás, la última fuente de autoridad fue el Congreso”, indicó la jueza Elena Kagan al abogado del Gobierno de Puerto Rico, Christopher Landau, que mantuvo el argumento de que por medio del proceso de status de 1950 a 1952, el legislativo federal delegó la fuente de poder en el pueblo puertorriqueño.

Con Kagan parecieron coincidir el juez presidente John Roberts y el juez asociado Antonin Scalia, este último de los más conservadores del foro judicial.

Ante la advertencia del juez Stephen Breyer  de que serían “tremendas” las consecuencias internacionales y políticas en EE.UU. de indicar  que la soberanía de la Isla sigue plenamente en manos del Congreso, la procuradora general adjunta, Nicole Saharsky,  dijo que son conscientes de la magnitud del debate.

“La última fuente de poder de los territorios –como Puerto Rico–, se deriva del Congreso”, indicó Saharsky, en una sesión oral que facilita, si así lo decide el foro judicial, una decisión tan pronto como en el mes de abril, según el secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda.

Aunque piensa que no se haría, Saharsky –como le dijera prácticamente en 2006 Hillary Clinton al entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá, según el político puertorriqueño–, afirmó que el Congreso tiene el poder para echar abajo la Constitución de Puerto Rico.

La procuradora adjunta reconoció que la posición del gobierno federal respecto a la ausencia de soberanía de Puerto Rico para fines de la cláusula de doble exposición, representa un cambio sobre ese asunto.

Pero, aludió a los informes recientes de los grupos de trabajo de la Casa Blanca, bajo el presidente Obama y el expresidente George W. Bush, que advierten de la subordinación de la Isla a la cláusula de la Constitución federal que deja en manos del Congreso el poder sobre los territorios.

Ante la presencia  de políticos y abogados puertorriqueños, los nueve jueces del Tribunal Supremo de EE.UU. escucharon e interpelaron al abogado Landau, del Gobierno de Puerto Rico, a la procuradora adjunta Saharsky y al abogado de los acusados en el caso Sánchez Valle, Adam Unikowsky.

Landau, del bufete Kirland & Ellis, abrió y cerró las discusiones. El tribunal le dio 30 minutos, frente a 15 minutos que consumieron, cada uno, Saharsky y Unikowsky.

“El punto directo es que el pueblo de Puerto Rico es la fuente de autoridad para las leyes de Puerto Rico”, indicó Landau.

¿UN STATUS  ÚNICO? 

El juez Breyer, del grupo liberal del tribunal y con experiencia sobre la Isla como exjuez del Primer Circuito de Apelaciones de Boston,  argumentó a favor de que el Congreso haya podido crear un nuevo status constitucional de Estado Libre Asociado, entre medio del estado y el mero territorio.

La jueza boricua Sonia Sotomayor también buscó explorar por qué no reconocer, como se hace con tratados con países extranjeros, un acuerdo con efectos similares “con sus territorios”.  “No hay principios que limiten las reglas y regulaciones que el Congreso puede hacer”, sostuvo Sotomayor.

Pero, también consideró “histriónica” la afirmación del Gobierno de Puerto Rico de que la fuente de poder está en “nosotros el pueblo”.

“¿Dónde dice en la Constitución (de EE.UU.) que el Congreso no tiene la autoridad de asociarse con otra entidad en la forma de un ELA?”, cuestionó Breyer, al indicar que en 1953 “fuimos ante las Naciones Unidas” a afirmar que Puerto Rico dejó de ser una colonia.

“¿Cómo le dijimos a las Naciones Unidas que (Puerto Rico) ya no era una colonia? ¿Por qué no estamos reportando (a la ONU) sobre esta colonia cada año?”, cuestionó Breyer.

“¿Quiénes somos nosotros?”, respondió, medio en broma y medio en serio, el conservador Scalia, distanciándose de los argumentos de Breyer sobre la existencia de compromisos estadounidenses sobre Puerto Rico a nivel internacional.

Como la liberal Kagan y el conservador moderado Roberts, Scalia pareció simpatizar con la idea de que pese a la ley de relaciones federales de 1950 y la adopción de la Constitución del ELA en 1952, la última fuente de poder en Puerto Rico está aún en manos del Congreso.

El hecho de que el Congreso no haya querido intervenir con el sistema de justicia criminal, “no quiere decir que no lo puede hacer”, sostuvo Scalia.

Para Kagan, aun bajo la teoría del abogado del Gobierno de Puerto Rico de que el Congreso “invitó” a los puertorriqueños a asumir el control de sus asuntos, esa misma afirmación aún coloca al legislativo federal “en el asiento conductor”.

“Meparece que la autoridad… para autorizar a Puerto Rico a adoptar su Constitución provino del Congreso”, afirmó Roberts, quien intervino poco en la audiencia.

A diferencia de Puerto Rico, advirtió la jueza Ruth Bader Ginsburg, la decana de los liberales del Tribunal Supremo, las tribus indias –a las que como a los estados se les reconoce soberanía propia para efectos de la cláusula constitucional de  doble exposición–, tenían soberanía antes de la creación de EE.UU.

Pero, también preguntó si el Congreso puede legislar para incluir a Puerto Rico dentro del estatuto en el que tiene a Guam, Islas Vírgenes y Samoa, que impide a esos territorios y al gobierno federal llevar casos criminales independientes por los mismos hechos.

El juez Anthony Kennedy –muchas veces el voto decisivo en casos espinosos–,  tuvo una limitada intervención, pero afirmó que reconocer que la última fuente de poder en la Isla reside exclusivamente en el Congreso puede suponer revocar hasta cuatro precedentes del foro judicial.

Por ello pareció interesarle un análisis alternativo. Acentuó, por ejemplo,  que “soberanía” es una palabra “resbaladiza” que los arquitectos de la Constitución estadounidense obviaron.

Al igual que la procuradora adjunta, el abogado Unikowsky afirmó que aunque  Puerto Rico “tiene un grado significativo de autonomía”, el poder final sigue en manos del Congreso.

A nombre del Gobierno de Puerto Rico, el abogado Landau sostuvo que no reclaman una “soberanía con S mayúscula”, sino un poder delegado a la Isla a través del voto de los puertorriqueños en 1952, por el cual el Congreso entregó la fuente de poder última sobre sus asuntos locales al pueblo de Puerto Rico.

“¿Reclama que existe una soberanía de segunda clase y otra de primera clase?”, cuestionó  Kennedy.

Los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas no hicieron preguntas.  Para Thomas es una norma.

Landau cerró la sesión  con dramatismo: “Por favor, no le arrebaten su Constitución al pueblo de Puerto Rico”.