Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con una década de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
Por Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO – 1-14-16
WASHINGTON, DC.- Luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos discutió en una vista oral si Puerto Rico tiene o no soberanía propia, el comisionado residente Pedro Pierluisi, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia; y el secretario de Justicia, César Miranda; coincidieron en que sus expectativas son de que el máximo foro judicial haga una expresión que incida en la relación política entre ambos países.
El máximo foro judicial de Estados Unidos tiene hasta verano -aunque pudiese ocurrir una expresión durante la primavera- para emitir una opinión tras la vista oral celebrada ayer en la capital federal.
A preguntas de EL VOCERO, Pierluisi dijo que fue “impresionante” cuando los jueces le preguntaron a la representante del procurador general, Nicole A. Saharsky, si el Congreso tiene el poder legal de “echar abajo nuestra Constitución, cambiarla o sustituirla”.
“Sin ningún tipo de resquemor contestó en la afirmativa. Eso fue impactante porque eso queda en el récord del Tribunal Supremo para siempre”, destacó el comisionado residente a su salida de la audiencia.
A Pierluisi le llamó la atención además que el representante del Gobierno de Puerto Rico, el licenciado Christopher Landau, intentara limitar la discusión al debate de la doble exposición a un mismo delito.
Mientras, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, indicó que aunque los jueces siempre se enfocan en lo específico, hay posibilidades de que discutan el marco legal de la creación del Estado Libre Asociado (ELA).
“Esta es la gran oportunidad para que Puerto Rico salga de ese debate y el Tribunal Supremo ayude a superar el problema tan grande que hay sobre la estructura legal del Estado Libre Asociado”, agregó Bhatia.
El líder senatorial destacó la participación del juez Stephen Breyer y dijo que el togado fue consistente porque es el autor “del único caso que desarrolla la teoría del ELA”.
Bhatia se refiere a Cordoba v. Chase Manhattan Bank de 1984 emitido por el Primer Circuito de Apelaciones de Boston, foro que atiende las apelaciones del Distrito de Puerto Rico.
“Mi esperanza es que este caso entre en la esencia fundamental de si el Congreso puede delegar los poderes que un segmento grande de Puerto Rico -que me incluye a mí- entiende que se puede delegar o si por el contrario la Constitución de Estados Unidos, como argumentó el Gobierno federal, es una camisa de fuerza que no permite que eso se haga”, manifestó.
“Yo quisiera pensar que los jueces van a dividirse y yo espero que la mayoría piense que el Congreso no debe tener una camisa de fuerza y se puede crear una relación como la del Estado Libre Asociado”, apuntó Bhatia.
¿Y qué pasa si no se podía crear?, preguntó EL VOCERO.
“Pues yo creo que también es bueno que lo sepamos para movernos de dónde estamos en este momento. Es hora ya de superar el ‘impasse’ (punto muerto) que tenemos por décadas y este caso puede ayudar en esa dirección”, sentenció.
Bhatia sostuvo, en entrevista con este rotativo, que la postura del procurador general de Estados Unidos, al afirmar que Puerto Rico es un territorio no soberano, es una decepción.
“Ella mismo lo dijo (Nicole Saharsky, representante del procurador general) cambiamos de opinión y ese cambio de opinión es poco serio y una posición que países como Estados Unidos no deben tomar. Pero, tenemos que ceñirnos al realidad, que es la nueva posición del Gobierno de los Estados Unidos”, manifestó.
“Yo creo que no va ser un caso unánime, creo que va ser un caso cerrado y veremos pronto de qué lado están por lo menos cinco jueces”, concluyó al salir del máximo foro judicial estadounidense.
En tanto, el secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, sostuvo que independientemente de la visión política, la audiencia “fue lo que todos queríamos”.
“Todos queremos que haya ya una definición categórica de la relación política y jurídica de Puerto Rico con Estados Unidos”, sostuvo.
Sin embargo, admitió que si los jueces pueden limitarse a atender exclusivamente el tema de doble exposición lo harían.
“Creo que la expectativa es, y por la forma que lo presentamos ya que fue todo diseñado así, en alguna medida estamos tratando de forzar que haya una expresión más amplia”, manifestó Miranda.
El titular de Justicia justificó que el licenciado Christopher Landau representara al Gobierno de Puerto Rico y no un abogado puertorriqueño. Dijo que históricamente se han contratado abogados familiarizados con el foro. Estimó la inversión de la contratación en $400,000. No obstante, dejó claro que la cifra estimada incluye la litigación del caso visto ayer y el de la Quiebra Criolla, que también estará bajo consideración del Supremo federal.
Otros líderes políticos que acudieron a la vista oral fueron el portavoz de la mayoría de la Cámara, Charlie Hernández y el presidente de la Comisión de Hacienda cameral, Rafael (Tatito) Hernández Montañez.
El portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) dijo, a preguntas de este rotativo, que finalmente “el Tribunal se tiene que confrontar al problema de la naturaleza de la relación actual de Puerto Rico”.
“Empezando el juez (Antonin) Scalia dice que si es una ley, se puede cambiar. Eso rompe un modelo histórico para los que creían que el ELA no se podía alterar unilateralmente”, sostuvo Hernández.
El portavoz de la mayoría PPD dijo, sin embargo, que es difícil interpretar el silencio de otros jueces que no se expresaron.
En tanto, Hernández Montañez opinó que los jueces se verán posiblemente obligados a debatir sobre el estatus político. “Se ha cuestionado quién tiene el poder último y eso los obliga a entrar en el debate del estatus. ¿Quién tiene ese poder último?”, apuntó.
“No creo que haya manera de no afrontar el tema del estatus”, sostuvo Hernández Montañez al argumentar que el estatus político está 
cuestionado. “Aquí ha sufrido un gran golpe el ELA”, concluyó.
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con una década de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
Lo que dijo Justicia federal que causó el reperpero colonial navideño (documentos)
Lo que dijo Justicia federal que causó el reperpero navideño (documentos)
Donald B. Verrilli, Jr., Procurador General de Estados Unidos. (Georgetown University)
Eva Laureano
28/12/2015 08:58 am
El caso de Puerto Rico v. Sánchez Valle, que en su superficie trata sobre si una persona convicta por el Tribunal Federal puede ser procesada por el mismo delito en un tribunal puertorriqueño, ha probado ser mucho más e incluso, para buena parte de la clase política, puede ser el caso que redefina la relación política de los Estados Unidos con Puerto Rico.
Ese aspecto se volvió más crucial después de que el Procurador General de los Estados Unidos, Donald B. Verrelli Jr., sometiera un escrito al Supremo federal como «amigo de la corte» en el que plantea que el gobierno federal tiene interés en ser oído en este caso criminal porque lo que se determine puede afectar la forma en que se manejan «la legislación y políticas federales relacionadas a Puerto Rico a lo largo de un campo amplio de áreas sustantivas, incluyendo representación congresional, beneficios federales, impuestos federales, quiebras y la defensa».
Verelli entonces concluyó que «aunque Puerto Rico ejerce autoridad local significativa, con gran befeficio para su gente y para los Estados Unidos, Puerto Rico sigue siendo un territorio bajo nuestro sistema constitucional».
«Puerto Rico no posee soberanía independiente a la de los Estados Unidos», remató.
Pero, ¿por qué un caso criminal en el que el gobierno federal no es una parte llega a estas alturas históricas?
Luis Sánchez Valle fue acusado en los tribunales de Puerto Rico por vender un arma y municiones sin permiso. Luego, por esos mismos hechos, se declaró culpable a nivel federal. Tras esto, el tribunal local desestimó los cargos locales con el fundamento de que sería violarle su derecho a no ser procesado dos veces por los mismos hechos. En un argumento que el Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo, el tribunal inferior dijo que había doble exposición porque Puerto Rico no es una jurisdicción separada de la federal porque es un territorio sin soberanía. Ese procesamiento doble se había estado realizando por uso y costumbre con todo tipo de caso incluyendo algunos notorios como el exsecretario de Educación, Víctor Fajardo, y el exsenador Jorge de Castro Font.
En el centro de los casos de la llamada doble exposición (double jeopardy) está la pregunta de dónde emana el poder para poder aplicar las leyes. Si vienen de la misma fuente, entonces aplica la doble exposición pero si decide que vienen de fuentes distintas de poder, entonces no aplicaría.
El Departamento de Justicia federal, basándose en precedentes legales que se remonta a más de un siglo, ha instado al Supremo federal a declarar que Puerto Rico sigue siendo un territorio cuya fuente de poder emana del Congreso, que es la misma fuente de poder del gobierno federal para aplicar leyes.
De esa forma, la Administración Obama golpea de frente la afirmación del gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) de que en el 1952, cuando la isla aprobó su constitución, hubo un cambio en la relación con los Estados Unidos en la que Puerto Rico se convirtió en una entidad autónoma con su propia legislatura y libertad de escribir leyes propias, incluyendo leyes penales.
De acuerdo al gobierno federal, el propio Supremo federal ha dicho que Puerto Rico tiene un grado de gobierno propio “comparable al que poseen los estados” pero sigue siendo un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Aunque a Puerto Rico se le dio permiso en el 1950 para escribir su propia constitución, eso no le concedió el grado de autonomía que gozan los estados, dice el documento del gobierno federal.
«Esos eventos tuvieron un profundo significado en la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos pero no alteraron la condición constitucional de Puerto Rico como territorios. Los Estados Unidos no cedió su soberanía sobre Puerto Rico como estado o al darle independencia sino que le dio autoridad para regir sus asuntos locales. Este acuerdo puede ser revisado por el Congreso y las autoridades federales y de Puerto Rico entendieron que la adopción de una constitución no cambio la condición constitucional de la isla. La última fuente de poder de Puerto Rico se mantiene en el Congreso”, dice el escrito.
La designación de la isla como un Estado Libre Asociado tampoco cambió su estatus constitucional. El término Estado Libre Asociado fue escogido por el pueblo de Puerto Rico para reflejar los poderes de gobierno propio y “capturar la relación especial con los Estaos Unidos” pero el ELA no es una condición de independiente soberano, dice el escrito.
El Procurador General contrastó la situación constitucional de Puerto Rico con la de los cincuenta estados y las tribus indígenas de Estados Unidos. Los estados eran soberanos tras la independencia de los Estados Unidos y retuvieron ese estatus después de que se formó la Unión. Las tribus indígenas ya tenían su propio estado soberano como naciones indias antes de que el gobierno de Estados Unidos las tomara para su propia protección, y siguen siendo soberanas.
La Constitución de los Estados Unidos no contempla “territorios soberanos”, dijo el Procurador General al establecer que igual opinión ha sido manifestada en informes de la Casa Blanca del 2005, 2007 y el 2011 al igual que una opinión de la oficina de Justicia del 1994.
La opinión del Procurador General no entra en lo que sucedió en el 1953 cuando Estados Unidos dijo que no tenía que someter informes sobre Puerto Rico porque era una entidad autónoma. También falla en no mencionar que reconoce el gobierno propio que tiene la isla.
Los abogados de Sanchez Valle al igual que el Procurador General federal abogan que la doctrina de la doble exposición aplica a Puerto Rico porque la última fuente de poder sobre la isla emana del Congreso.
La postura del Gobierno de Puerto Rico
Por su parte, ante el mismo Supremo federal para el caso de Sánchez Valle, el Departamento de Justicia local citó jurisprudencia, la Ley 600 que permitió la redacción de la constitución del ELA y comentarios que Estados Unidos hizo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 1953 para argumentar que Puerto Rico, al igual que los estados, tiene dos sistemas judiciales separados, el federal y el estatal, cada cual son sus propias leyes, por lo que personas convictas en el Tribunal federal puede ser procesadas por los mismos delitos en el sistema estatal. Según Justicia, el poder de hacer leyes en Puerto Rico emana del pueblo de Puerto Rico a través de su constitución por lo que es una soberanía separada para propósitos de la doctrina de doble exposición.
«La clausula de doble exposición de los Estatos Unidos no impone una barrera para que hayan procesos judiciales tanto bajo la ley de Puerto Rico como bajo la ley federal ya que esas leyes emanan de distintas fuentes de poder. El concluir como hizo el Tribunal Supremo de Puerto Rico que las leyes del ELA emanan por la autoridad del Congreso es menospreciar la dignidad del Pueblo de Puerto Rico que estableció la constitución del ELA en el 1953”, sostuvo Justicia local.
Al decretar que Puerto Rico y los Estados Unidos son entes soberanos para propósitos de la leyes penales, Justicia alega que el Tribunal Supremo de Puerto Rico parece haber caído en una trampa semántica. Debido a que la doctrina relevante se llama la doctrina de soberanía dual, los tribunales concluyeron que Puerto Rico no podía invocarla a menos que pudiera afirmar que es un «soberano» a todos los efectos, y que no podía hacer tal afirmación a medida en que se mantenga sujeta a la autoridad federal en virtud de la Cláusula Territorial.
La doctrina de la soberanía dual respeta el sistema federal, dijo Justicia local, al compararlo con un átomo que se divide en dos. “Porque las personas en los Estados Unidos están sujetas a dos gobiernos, uno estatal (o territorial) y uno nacional, puede ser que una persona tenga que responder a ambos por el mismo acto”, dijo al citar jurisprudencia del 1875. “La soberanía no es o todo o nada y un gobierno de un estado o territorio puede ser soberano sin interferir con la soberanía del gobierno federal”, sostiene el gobierno.
Un grupo de exsecretarios de Justicia y exgobernadores estadistas radicaron recientemente una moción como amigos de la corte en donde coinciden con la opinión del Procurador General sobre Puerto Rico. De otra, parte el gobernador Alejandro García Padilla denunció el cambio de postura del gobierno federal ante la ONU. En su comunicación al Secretario General, el Gobernador recordó que en 1953 Estados Unidos obtuvo la autorización de las Naciones Unidas para suspender la transmisión de informes sobre la situación de Puerto Rico bajo el Artículo 73 de su Carta Constitutiva, a base del grado de soberanía que Puerto Rico obtuvo en el proceso constitucional de 1952.
El caso de Sánchez Valle, que tiene vista oral el 13 de enero próximo, será el primero de los dos casos sobre el estatus de Puerto Rico que verá el Supremo federal, siendo el segundo el que tiene que ver con la constitucionalidad de la ley de quiebra criolla.
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