El gobernador Alejandro García Padilla advirtió ayer que si el Tribunal Supremo de Estados Unidos decide en contra de la postura oficial del Estado Libre Asociado en el caso del pueblo de Puerto Rico v. Sánchez Valle constituiría “fraude monumental”.
Al catalogar como “detractores del ELA” a quienes validan la postura del Ejecutivo federal, incluso previo a que el Supremo tome su determinación, García Padilla comentó que si se determina inválida la Constitución de 1952, se estaría admitiendo ante el mundo que el discurso que mantuvo Estados Unidos durante medio siglo fue una mentira.
“Le dijeron al mundo que Puerto Rico no era una colonia y ahora, 63 años después, cambian su posición”, contestó durante una conferencia de prensa donde presentó la Nueva Escuela Virtual de Puerto Rico.
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“La posición del pueblo de Puerto Rico es que no le mentimos a la comunidad internacional. La posición del procurador general (de Estados Unidos) es que ellos le mintieron a la comunidad internacional. Vamos a ver a favor de quién decide el Tribunal Supremo… si todo lo que pasó fue que Estados Unidos cometió un fraude monumental contra la comunidad internacional y contra Puerto Rico, o si dijeron la verdad”, sostuvo.
A preguntas de la prensa, García Padilla minimizó la postura oficial de la administración del presidente Barack Obama, puesto a que son los jueces y juezas del Supremo quienes tienen el poder de interpretar y decidir en torno a la ley. En esta ocasión, la judicatura examina si la fuente de poder de Puerto Rico emana de la Constitución del ELA o del Congreso de Estados Unidos.
“¿Cuál es la última fuente de autoridad sobre el pueblo de Puerto Rico? La última autoridad del pueblo puertorriqueño fue un acto del Congreso (debido a que la Constitución del ELA la aprobó el Congreso). Si mira hacia atrás, la última fuente de autoridad fue el Congreso”, le indicó la jueza Elena Kagan al abogado del gobierno de Puerto Rico, Christopher Landau.
García Padilla simpatizó, sin embargo, con los planteamientos del juez Stephen Breyer quien pidió distanciarse de la controversia del estatus de la isla al decir que las implicaciones son abrumadoras de uno u otro lado. “Si escribimos una opinión que dice que es sólo un territorio, tiene enormes implicaciones. ¿Cómo le dijimos a la ONU que no era una colonia? ¿Por qué no estamos informando sobre esta colonia cada año?”, comentó el juez quien pareció inclinado a favorecer al gobierno de Puerto Rico.
Breyer está relacionado al tema de Puerto Rico porque fue juez del Primer Circuito de Apelaciones de Boston-foro que revisa las decisiones del Distrito de Puerto Rico- y además, el hermano del gobernador, Antonio García Padilla, fue su oficial jurídico.
El primer ejecutivo aconsejó esperar a que el Supremo federal tome su determinación previo a anticipar el fin del ELA. Además, dijo que no podía poner palabras en boca de Obama. “El presidente no se ha expresado. No creo que el procurador general le consultó al presidente”, respondió ignorando que es a esa oficina que le corresponde representar al gobierno, en este caso, del presidente Obama.
Indignado, aseguró que se trata de un cambio de postura del gobierno federal, y no de una interpretación errónea del gobierno de Puerto Rico y del Partido Popular Democrático en torno a la soberanía de la Constitución del ELA. “Fíjate que ellos no están diciendo que nosotros malinterpretamos la postura de (el presidente Harry) Truman y el Senado, ellos están diciendo que se está cambiando la postura de Truman y el Senado”, diferenció a preguntas de EL VOCERO.
“Vergüenza les debería dar decir que próceres de Estados Unidos que tienen monumentos a menos de diez cuadras de donde él estaba hablando, le mintieron al pueblo de Puerto Rico”, insistió sobre la postura del gobierno federal.
Durante la vista oral en el Supremo federal, la procuradora general adjunta, Nicole Saharsky, admitió que Estados Unidos cambió su posición.
“Eso es correcto. El gobierno tomó esa posición en dos tribunales de apelación y lo defendió en un escrito en oposición a esta Corte, donde también dijo que el asunto no tenía importancia. Pero desde entonces, hemos revisado este tema, dado considerable atención al mismo, y nuestra posición como se establece en nuestro alegato es que no es un soberano independiente. Eso es totalmente coherente con el resto de las cosas que hemos aprendido y el testimonio de que el Departamento de Justicia y otros han dado al Congreso sobre el estado actual de Puerto Rico y las opciones para el futuro”, explicó Saharsky a preguntas de la jueza Ruth Ginsburg.
“Las opciones de Puerto Rico no están escritas en piedra. No creemos que están escritas en piedra. Sólo pensamos que en este momento Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, y como resultado no goza de soberanía separada bajo la cláusula de doble exposición”, puntualizó la abogada del gobierno estadounidense.
García Padilla aseguró que incluso artículos del Time Magazine de 1958, que ojeó de camino a la escuela Inés María Mendoza, en Caimito, concluían que la isla tenía gobierno propio, por lo que el Congreso no podía revocar sus leyes.
Saharsky dijo tajantemente que sí, que el Congreso puede revocar la Constitución, y distinguió la soberanía del autogobierno. “Puerto Rico, a pesar de su autogobierno significativo, no es soberano en su Constitución”, expresó la representante del Ejecutivo en la audiencia oral ante el Supremo.
El gobernador minimizó estas expresiones y criticó a los analistas que le han dado más peso a las posturas de la abogada del Ejecutivo de Estados Unidos que a la perspectiva de lo que dijeron los jueces. Bromeó que habían analistas “que parecía que estaban en la vista de extradición del Chapo” porque vieron algo enteramente diferente a lo que él leyó. Se mostró esperanzado en que la decisión sea favorable para el ELA.
El gobernador envío una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, a quien prometió mantener informado sobre el caso para que pidan al presidente Obama aclarar su postura respecto a Puerto Rico. Ante ese foro fue que en 1953, el gobierno estadounidense pidió que se excluyera al territorio de la lista de colonias.
Parte del alegato que presentó Justicia federal ante el Supremo se basa en que hablar de un “territorio soberano” es un contrasentido, mientras el ELA sostuvo que “la relación de Puerto Rico y Estados Unidos no tiene precedentes”.
A destiempo propuesta del PIP
EL VOCERO supo que el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, contestará en las próximas horas con una carta la invitación del presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos, para que los presidentes de los partidos políticos coordinen una reunión con el presidente Barack Obama para exigir juntos la descolonización de Puerto Rico.
No obstante, ayer, el primer ejecutivo García Padilla, opinó que la invitación del PIP está a destiempo.
“Me sorprendió porque creía que la candidata era María Lourdes Santiago. Digo, yo creí haber leído una noticia donde decía que era María de Lourdes Santiago… Don Rubén ha estado al frente del PIP desde antes de yo nacer. Me parece que anticipa una decisión del Supremo que no se ha dado. Si la determinación del Tribunal fuera a favor de Puerto Rico obviamente el llamado del presidente del PIP no tendría una razón de ser. Si la solución del Tribunal Supremo fuera en contra de la posición del pueblo de Puerto Rico, pues entonces aplicaría lo que ya el Partido Popular anticipó en la resolución que aprobó por unanimidad el día 7 de enero”, sentenció García Padilla.
Laura M. Quintero, EL VOCERO
Supremo federal pudiera redefinir el ELA
La historia de Puerto Rico y su relación con Estados Unidos está marcada en parte por decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que comenzaron como casos relativamente sencillos que no tenían que ver con la Constitución. Ahora, nuevamente, este foro tiene la opción de redefinir el Estado Libre Asociado (ELA) por vía de un caso criminal.
El catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Efrén Rivera Ramos, dijo que en los casos conocidos como casos insulares, el Tribunal Supremo de Estados Unidos definió la relación con Puerto Rico con casos que no tenían que ver necesariamente con este tema. Mencionó por ejemplo un caso en el que una compañía que envió chinas a Estados Unidos objetó el impuesto que pretendían cobrarle.
“El asunto, si uno lo mira, puede ser un asunto muy concreto, pero el Tribunal aprovecha para hacer expresiones muy abarcadoras del poder de Estados Unidos sobre el territorio. Así es como opera muchas veces el Tribunal. A partir de un asunto muy concreto, para resolverlo, hace estas expresiones abarcadoras”, dijo Rivera Ramos. “Otras veces evita hacer estas expresiones abarcadoras y no entran en los asuntos más amplios”.
El Tribunal Supremo celebró una vista oral el miércoles sobre el caso Puerto Rico v. Sánchez Valle, en el que se discute si una persona puede enfrentar cargos aquí por delitos que ya hayan sido juzgados a nivel federal. El caso ha tomado un giro constitucional, con las partes planteando que se decida si Puerto Rico tiene soberanía y hasta dónde llegan los poderes en su relación con Estados Unidos.
“El gobierno de Puerto Rico, en su memorando, invitó al Tribunal a pronunciarse sobre el aspecto mayor y el gobierno de Estados Unidos hace lo mismo, mucho más todavía. El gobierno de Estados Unidos, mediante la comparecencia de la procuradora general auxiliar y el procurador general de Estados Unidos en su escrito, invita al Tribunal a que se pronuncie sobre si Puerto Rico tiene o no soberanía propia. Qué va a hacer el Tribunal, eso es lo que no sabemos”, dijo Rivera Ramos, quien tiene un doctorado en derecho y es profesor de derecho constitucional, teoría del derecho y sociología del derecho.
Rivera Ramos dijo que, aunque se pueden identificar algunas inclinaciones de los jueces a base de sus preguntas, no se puede saber todavía cuál será la decisión del máximo foro judicial a nivel federal.
“Saber cuál es la posición de cada uno es muy difícil porque falta la discusión interna entre ellos. A veces hay en esos procesos negociaciones internas sobre cómo abordar el asunto quién va a escribir la opinión y quién se va a unir a ella”, explicó.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Más de 15 años de experiencia. Asignada a cubrir temas legislativos.
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