EL VOCERO

Si hasta ahora el gobierno central no le cumplía con las aportaciones legisladas para mantener un nivel “aceptable” de sus activos al Sistema de Retiro de Empleados Públicos, hasta el cierre del presente año fiscal le deberá todavía más al recortarle otros $19 millones.

El gobierno que legisló las aportaciones especiales al completar la reforma del sistema bajo el argumento de que “dejar de actuar no es una opción”, vuelve a incumplir con el sistema ante la merma en recaudos en el Fondo General.

Esto tendrá el efecto de colocar en una situación más vulnerable al Retiro, si se toma en cuenta que en el más reciente informe actuarial elaborado por la firma Milliman, plantearon la necesidad de aumentar la aportación especial hasta $352 millones, una cifra mayor a la original que no se ha cumplido.

Ayer, a un día del anunció de la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre el recorte de $254 millones en el presupuesto general del Estado Libre Asociado (ELA) que vence el 30 de junio, y que incluye los $19 millones de Retiro, el administrador del Sistema de Retiro, Pedro R. Ortiz Cortez, no estuvo disponible para entrevista. El presidente de la junta de directores, Harry Vega Díaz, tampoco lo estuvo.

El anunciado recorte contribuirá a incrementar el déficit al cierre del este año fiscal. Según había publicado este diario en un análisis realizado sobre las fianzas del sistema, la caída en financiación fue de $730 millones al cierre del 2015 en junio pasado y de $698 para el corriente (antes de los recortes). El déficit actuarial supera los $30,000 millones.

Por su parte, los legisladores Jesús Santa y Rafael “Tatito” Hernández, advirtieron por separado a EL VOCERO, que el recorte en la aportación especial, sumado a los incumplimientos previos, dejan un saldo más complicado para las finanzas del Retiro.

Santa, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro de la Cámara, lamentó la determinación de OGP y opinó que “debieron haber visto otras áreas”, antes de decidir recortarle a Retiro.

“Yo puedo entender la situación fiscal, pero tú tienes que hacer los ajustes. Lamento mucho que se haya recortado las asignaciones especiales a los retiros cuando su situación es igual o peor que la del gobierno, y por eso se aprobó una medida (de las aportaciones)”, destacó Santa, y añadió que el recorte “no ayuda a mejorar la condición”.

Según Santa, “eso complica mucho la posible rehabilitación del Sistema, porque la ley depende de que se le siga añadiendo aportaciones, y eso que se hizo no ayuda a su recuperación. El mecanismo funcionaba en la medida que el gobierno aporta”.

Para el cierre del año fiscal 2014-2015, la aportación especial era de $120 millones del gobierno central y apenas cumplieron con $21.3 millones.

A pesar de la reforma impulsada por el actual gobierno, el legislador Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, entiende que se necesitan más cambios. “Es imprescindible reconfigurar la forma que financieramente se nutre el Sistema de Retiro de Empleados del ELA para evitar que estén a la merced de los vaivenes del Fondo General”, sostuvo.

Hernández señaló que “se debe copiar el modelo de COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante), COFIM (Corporación de Financiamiento Municipal) o el ´securitization´ de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para resolver el problema y cumplir nuestro compromiso social con todos los empleados gubernamentales”.

En el Retiro, con el cuadro financiero actual, se incrementa su necesidad futura de efectivo para poder cumplir con el desembolso de beneficios a los pensionados, para cubrir sus gastos administrativos y para el servicio de su multimillonaria deuda, ya que estas obligaciones excederán las aportaciones del patrono y empleados. El gobierno central es responsable del 59% del total de las contribuciones patronales al Retiro, del otro 41% de la responsabilidad de las corporaciones públicas y los municipios, y del 100% del total de la aportación patronal a los sistemas de retiro de maestros y de la judicatura.

La insolvencia del gobierno central, que ya comenzó a incurrir en impago a sus bonistas, representa un riesgo de alta preocupación para la estabilidad del Retiro, que tiene una alta exposición a COFINA, donde colocó gran parte de sus inversiones. Si el Retiro quedará sin dinero, es el gobierno central que debe responder, en la medida que cuente con los recursos para ello.

Carlos Antonio Otero, EL VOCERO

Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.