El gobernador Alejandro García Padilla reiteró que su administración permanece atenta a los movimientos del gobierno federal en tres frentes que pudieran limitar el autogobierno de la Isla: la aprobación de una Junta de Control Fiscal por parte del Congreso de Estados Unidos, la decisión del Tribunal Supremo sobre la soberanía del Estado Libre Asociado y la posición de la administración Obama en el caso de la Quiebra Criolla ante la consideración de ese mismo foro.

García Padilla contó ayer que aprovechó su reunión el miércoles con el equipo del Tesoro federal para destacar su indignación por la postura que asumió el procurador general de Estados Unidos, Donald Verrilli, quien opinó que Puerto Rico carece de soberanía y que la fuente última de poder en el cual está basada su Constitución es el Congreso de Estados Unidos.

“Una de las cosas que le afirmé ayer (miércoles) a la gente de Casa Blanca que estaba en la reunión es que a mi juicio el procurador general le hizo un flaco servicio a Estados Unidos en su escrito, que luego no se atrevió a defender en la Corte… envió a un subalterno”, reaccionó el gobernador.

“Hay que tener… eh… esófago… en la Oficina del Procurador General para ir a decir que el presidente (Harry) Truman, (Dwight) Eisenhower, John Kennedy, (todos ellos) le mintieron a la ONU… por no mencionar a (Richard) Nixon, a (Lyndson) Johnson, a (Gerald) Ford, a (Jimmy) Carter, a (Ronald) Reagan”, enfatizó en tono molesto. Entonces agregó: “venir a decir que eso que dijo el memorando de Truman-que está en blanco y negro en las cartas de Eisenhower y Henry Cabot Lodge Jr. como embajador de la ONU-era mentira, es un descaro monumental”.

Desde el periodo- antes y después-de la aprobación de la Resolución 748(VIII) de la ONU en la que se eximió a Estados Unidos de la obligación de presentar informes sobre el territorio de Puerto Rico, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Partido Comunista y el Partido Nacionalista de Puerto Rico presentaron cartas en oposición porque aducían que Puerto Rico continuaba siendo un territorio no autónomo. Esas cartas y las solicitudes de audiencia fueron ignoradas, detalló Wilma Reverón Collazo, presidenta del Comité Puerto Rico en la ONU, en un escrito.

Durante la visita del Tesoro federal a Puerto Rico el miércoles, García Padilla aprovechó para cuestionar cuál será la posición del procurador general en el caso del ‘Recovery Act’ o la Ley de Quiebra Criolla que está ante la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tiene hasta el martes 26 de enero para integrarse como amigo de la corte.

Reconoció, sin embargo, que el secretario del Tesoro le recordó que no tiene jurisdicción para intervenir en esa consideración. “Lo que acordamos es tener cautela en la determinación de comparecer o no, y si se comparece con qué argumentos”, mencionó el gobernador en su conferencia de prensa el miércoles a su salida de la reunión con el secretario Jacob Lew.

García Padilla insistió, además, en que la posición del procurador general es “independiente” a la administración de Obama, pese a que el alegato establece claramente que se trata de una intervención oficial del gobierno de Estados Unidos como amigo de la corte.

Mientras, se espera por la determinación del Tribunal Supremo federal, el Congreso de Estados Unidos se dispone a aprobar una Junta de Control Fiscal que pudiera contener cláusulas bastante estrictas para supervisar las decisiones de los gobernantes en Puerto Rico, según expresó a EL VOCERO el presidente de la Cámara, Jaime Perelló.

Para apoyar esa Junta, García Padilla ha puesto como requisito que se respete la autonomía de la Isla, pero cuando EL VOCERO le preguntó al secretario de Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortiz, si el gobierno de Puerto Rico tomaría alguna acción legal de aprobarse una junta que viole el autogobierno garantizado por la Constitución del Estado Libre Asociado, descartó emitir comentarios porque prefiere “esperar cuál es el proyecto que finalmente sobrevive”.

García Padilla ha dejado claro que Puerto Rico no busca un rescate sino reestructurar su deuda. “Nosotros no estamos pidiendo, ni ellos nos están ofreciendo un rescate económico”, aseguró al salir de su reunión el miércoles.

Fuentes de EL VOCERO comentaron que la visita de Lew es parte de un protocolo para justificar algún tipo de asistencia limitada por vía ejecutiva federal, pero hasta el momento el secretario no ha hecho ningún compromiso y continúa enfatizando en la necesidad de hacer “frente común” en un reclamo por la reestructuración de la deuda de la Isla- que alcanza los $72,000 millones- ante el Congreso.

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