En los últimos seis meses, la deuda del gobierno con las compañías subcontratadas para dar servicios a la población ha aumentado $163 millones con un total acumulado de $1,800 millones a diciembre de 2015.

Así consta en la revisión del plan fiscal y económico publicado por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) este mes, en el cual se detalla que la deuda con suplidores creció de $1,700 millones en junio de 2015 a $1,800 millones en diciembre de ese mismo año. Esto contrasta con las cifras que ha estado ofreciendo públicamente el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, al hablar de una deuda de $330 millones, o una sexta parte de la cantidad total que adeuda el gobierno por servicios ofrecidos.

Zaragoza detalló, en una declaración escrita a preguntas de EL VOCERO, que la cantidad que Hacienda tenía de cheques emitidos al 31 de diciembre, era aproximadamente $377 millones. Esa cifra no toma en consideración la cantidad total de facturas pendientes que aún no han sido procesadas por las agencias del gobierno.

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“Esa cantidad ($1,800 millones) no son cheques ni facturas en manos de Hacienda. Es un estimado de todo lo que está ya contractualmente obligado y que el gobierno se comprometió a pagar. No es una cuantía estática”, explicó el secretario quien estuvo durante el día de ayer participando en un seminario junto a directores de la agencia.

“Si se utiliza el universo de lo que está pendiente de pago (cheques emitidos), más le añades facturas pendientes de aprobación para pago y obligaciones contractuales del gobierno, suman los 1.8 billones estimados en el FPEG (plan fiscal y económico)”, agregó.

El equipo fiscal sostuvo en su informe que el gobierno solo pudo pagar la deuda de obligación general en enero mediante medidas de emergencia para obtener liquidez más allá de las descritas en el informe comisionado a la firma Conway Mackenzie. Al gobierno toparse en diciembre con que la entrada de efectivo había sido menor a la proyectada por $347 millones, recurrieron entonces a la retención adicional de $163 millones en las cuentas por pagar a los proveedores.

En los últimos meses, múltiples contratistas han amenazado con paralizar la provisión de alimento a los reos, las terapias a los niños y niñas de educación especial, la gasolina a la flota vehicular del gobierno, así como el mantenimiento a la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, debido a deudas millonarias de las distintas dependencias gubernamentales. Estas amenazas han apresurado al gobierno a buscar acuerdos y planes de pago para garantizar la operación de los servicios.

El propio secretario de Hacienda ha dicho que la gestión que tiene a su cargo consiste en hacer “malabares” para poder cumplir con los pagos y mantener el gobierno abierto.

Ante la insuficiencia de recursos, Hacienda ordenó a los jefes y jefas de agencias a identificar los desembolsos urgentes para el funcionamiento de las dependencias. “El Departamento de Hacienda se reserva el derecho de denegar total o parcialmente cualquier solicitud de desembolsos que no cumpla con las directrices”, lee la Carta Circular 1300-15-16.

Estableció, además, como prioridad en este mismo orden: el pago de la deuda garantizada por la Constitución, las sentencias finales dictadas por tribunales en los casos de expropiación forzosa, y entonces en un tercer plano, quedan los servicios esenciales de salud, seguridad y educación, así como el pago de la nómina y pensionados en un cuarto lugar.

En declaraciones escritas, el secretario de Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortiz, expresó que la administración de Alejandro García Padilla “antepondrá los servicios esenciales de los puertorriqueños ante cualquier medida fiscal. Entiéndase, los servicios garantizados por la Constitución así como los que benefician a los miembros de la sociedad más vulnerable”. Al cierre de esta edición, La Fortaleza no proveyó la lista de prioridades que sometieron los jefes y jefas de agencia.

En el plan revisado, destacaron también la retención de $309 millones de asignaciones que le corresponden a la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Autoridad de Carreteras y Tránsito, el BGF, la Autoridad de Edificios Públicos y la Compañía de Fomento Industrial.

Estas medidas se sumaron a las originales que había anunciado el gobierno como aplazar el pago de reintegros de las planillas de los contribuyentes, así como detener el pago de $93 millones mensuales a la reserva de los GO´s (bonos de Obligaciones Generales) y emitir un pagaré en anticipación de contribuciones de ingresos (TRANs) de $400 millones que se hizo en agosto al quitar fondos a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) y el Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal (SINOT).

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.