WASHINGTON.- Demócratas del Congreso consideran que si la mayoría republicana busca una alternativa para suavizar la crisis fiscal y de deuda pública que no implique un nuevo gasto federal, puede autorizar que el gobierno de Puerto Rico reestructure su deuda a través del código federal de bancarrota.
Tras las expresiones del líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), de que cualquier respuesta federal no debe costarle dinero al gobierno estadounidense, demócratas como el senador Charles Schumer y la congresista Nydia Velázquez indicaron que permitir el acceso del gobierno de la Isla al capítulo 9 de la ley federal de quiebras es la respuesta inmediata.
«El senador McConnell dice que quiere una solución que no cueste dinero. Hay una: permitan que Puerto Rico se declare en bancarrota», indicó Schumer (Nueva York), quien se perfila como el próximo líder demócrata del Senado estadounidense.
Si no se actúa pronto, dijo Schumer, la crisis fiscal de la Isla se convertirá en «un problema inmenso» y terminará costando «mucho más dinero».
Mientras, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, afirmó que cualquier paquete legislativo «que no busque reducir algunas» de las disparidades en el acceso que tiene Puerto Rico a los programas federales «no representará una solución integral».
«El trato desigual a Puerto Rico bajo los programas federales es quizás el mayor causante de la crisis económica fiscal y migratoria de la Isla», agregó.
El comisionado Pierluisi sostuvo que el paquete legislativo que el Congreso aprobó entre 1995 y 1997 para Washington D.C. – además de imponer una junta federal de control fiscal-, «ha provisto miles de millones de dólares a la ciudad y ha salvado otros miles de millones más».
«Ese paquete fue aprobado por una Cámara y un Senado republicano, igual que lo que tenemos ahora. ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo para Puerto Rico, cuando las disparidades que confrontamos son más atroces que las que enfrentaba Washington D.C.», cuestionó Pierluisi.
El presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Orrin Hatch (Utah), ha expresado, como McConnell, preocupación con el costo de algunas de las propuestas que buscan aliviar la crisis fiscal, como mejorar las asignaciones de salud.
El senador Hatch ha indicado que aumentar las asignaciones a la Isla supone reducir el gasto en «otras prioridades, aumentar impuestos o generar más deuda federal».
En su proyecto 2381, que persigue crear una nueva autoridad federal que puede asumir el pleno control de las decisiones fiscales del gobierno de Puerto Rico, Hatch propone asignar $3,000 millones para resolver a corto plazo el problema de liquidez y reducir de 6.2% a 3.1% el pago de nómina al Seguro Social.
Los $3,000 millones sugeridos por Hatch, sin embargo, se les quitarían a fondos asignados a los estados por medio de la reforma federal de salud (Obamacare), lo que fuentes del Ejecutivo han considerado que «no es una oferta seria».
Para acentuar la dificultad de un acuerdo legislativo sobre la crisis fiscal de la Isla, mientras el liderato republicano se centra en una posible junta federal de control fiscal y no acoge la propuesta del capítulo 9, los más conservadores han estado renuentes a que el Congreso intervenga.
Propuestas para imponer una junta de control fiscal en la Isla, como la que se creó para Washington D.C. en 1995, serán discutidas el martes en una audiencia del subcomité de Asuntos Insulares de la Cámara de Representantes. La sesión del martes será la séptima vista pública del Congreso, durante el último año, sobre la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico.
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