Un balde de agua fría.

Ese parece ser el efecto que ha tenido en algunos analistas y bonistas aquí, la propuesta de Puerto Rico para renegociar su deuda pública y que contempla, en principio, una moratoria de dos años, ajustes en la tasa de interés y recortar el principal de todos los créditos entre 30% y 70%.

Desde la tarde del viernes y durante todo el fin de semana, decenas de inversores, analistas de fondos y los asesores de varios de los grupos de bonistas de Puerto Rico no paran de comentar acerca de la propuesta que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y los asesores en reestructuración de Puerto Rico presentaron a unos seis grupos de acreedores en la ciudad de Nueva York.

Según una declaración emitida por el BGF, el viernes pasado, hubo seis reuniones separadas en las que participaron los representantes de los principales fondos institucionales, las cooperativas, los fondos de cobertura de riesgo y las aseguradoras municipales.

Una de las fuentes conocedora de la posición de los inversores institucionales y consultada por este diario, describió la propuesta local como “decepcionante” porque no considera la prioridad de pago concedida en la Constitución del Estado Libre Asociado.

Por su parte, el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica (Gtrfe) de Puerto Rico catalogó la propuesta como “justa, balanceada y que refleja la actual capacidad de pago de Puerto Rico a largo plazo”.

Como anticipó  El Nuevo Día  el pasado viernes, la propuesta que se hizo a los acreedores supone recortes más “drásticos” que los estimados iniciales que hicieron varios analistas y asesores de bonistas el año pasado, cuando Puerto Rico presentó el Plan para la Recuperación Económica y Fiscal.

Entonces, el BGF reveló que en un plazo de cinco años, el Gobierno y sus agencias estarían cortos por unos $14,000 millones.

En ese momento, al menos dos analistas en Wall Street, incluyendo uno de la empresa Morgan Stanley, argumentaron que los supuestos del plan de Puerto Rico eran demasiado pesimistas.

En conversaciones con este diario, analistas que gestionan los bonos de la Isla, indicaron que sus escenarios de pérdidas partían de la premisa de que los bonistas con las mayores garantías (es decir, las Obligaciones Generales o GOs y los llamados bonos Cofina primarios o senior) no experimentarían recortes en principal o en el peor de los casos, una moratoria de tres a cinco años y recortes no mayores de un 15%.

A menos garantías, más pérdidas. No obstante, según dos fuentes consultadas por este diario conocedoras de los procesos en curso, la propuesta que Puerto Rico hizo el viernes a los bonistas de GOs y los bonos Cofina senior propone, de entrada, recortes de entre 30% y 40%.

El grado de recortes aumentaría escalonadamente. Mientras menos garantías tenga el bono, mayor sería el recorte de principal y este podría llegar hasta 70%, dijeron las fuentes.

A mediados de enero, Puerto Rico actualizó el plan para concluir que su deficiencia hasta el 2020 es de unos $16,000 millones.

Al presente, los GOs vendidos en marzo de 2014, se cotizan en unos 72 centavos de dólar.

En enero,  la deuda del BGF con vencimientos entre 2017 y el 2023 –y que poseen menos protecciones en ley- se vendió en el mercado secundario, entre 21 y 27.8 centavos de dólar.

La oferta hecha a los bonistas continúa atada a la estructura del llamado superbono, mecanismo que busca consolidar en un solo crédito los bonos emitidos por la Isla a través de 13 entidades distintas.

A la fecha, los bonos de las autoridades de Energía Eléctrica (AEE) y la de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Agencia para el Financiamiento Municipal, la Administración para el Financiamiento de la Vivienda y los bonos del Fideicomiso de los Niños no forman parte del proceso de renegociación.

El viernes pasado, The Wall Street Journal publicó detalles de la propuesta del gobierno puertorriqueño, indicando que los bonistas que acepten intercambiar su acreencia actual recibirían dos bonos.

El primer bono reconocería el descuento de principal y aceptaría la moratoria de dos años de principal y la reducción en la tasa de interés.

A partir del 2021, el bonista recibiría intereses a razón de 5%.

El segundo bono que recibiría el acreedor, reconocería la diferencia de principal que se descuenta de la primera serie de bonos, así como intereses.

Este bono, sin embargo, comenzaría a pagarse 10 años después de su emisión lo que daría tiempo para que la economía de la Isla y las finanzas públicas mejoren.

Si los recaudos superan las proyecciones en el presupuesto anual, los bonistas recibirían el 25% del exceso en recaudos estimados.

El Nuevo Día  confirmó, por separado, los detalles del mecanismo propuesto y que fue reseñado por el diario financiero.

Según el servicio de noticias Bloomberg, el Gobierno divulgaría los detalles de la propuesta hoy.

Aunque las dos fuentes indicaron a este diario que la propuesta “no puede aceptarse como está”, no descartaron la posibilidad de negociar.

“Es nuestra esperanza que nuestros acreedores trabajen con nosotros en una solución que nos permita invertir en Puerto Rico y acrecer nuestra economía para que el futuro de la Isla descanse sobre una base fiscalmente estable”, indicó el Gtrfe.