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Para dar paso a la revocación del Primer Mandatario y de los legisladores, sería necesario enmendar la Constitución de Puerto Rico. (GFR Media)

Una resolución concurrente que enmendaría la Constitución de Puerto Rico para permitir revocar el mandato del gobernador y de los legisladores de turno antes de que finalice su término fue sometida a la consideración de la Legislatura por un ciudadano.

Edgardo Rodríguez Nieves, quien se identifica como “un constituyente de Mayagüez”, envió la medida tanto al Senado como a la Cámara para que consideren su petición de proyecto de ley.

“(El proyecto) es esperado por la inmensa mayoría de este País y se hace patente en los momentos actuales en que vivimos como consecuencia de la última década; específicamente desde el 2004 al momento actual”, indica Rodríguez Nieves en la misiva que envía a los legisladores con el borrador del proyecto de 34 páginas.

AGP con su inglés de tercer grado colgao es un bochorno para Puerto Rico.

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Al hablar del sufrimiento del pueblo, se refiere a la crisis socio económica y política que vive Puerto Rico, que aseguró se ha agudizado.

“Es una crisis es social, económica y política. Hay una crisis de liderato y aunque lo podemos palpar, se oculta a través de las mismas colectividades. Los mismos partidos impulsan falsos líderes, personas que no tienen las facultades para el cargo (que ostentan)”, dijo Rodríguez Nieves, quien hasta el 2010 fue empleado del Banco Gubernamental de Fomento y ahora es profesor en Gerencia de Recursos Humanos en la Pontificia Universidad Católica de Ponce, Recinto de Mayagüez.

Rodríguez Nieves no ha recibido respuesta de los legisladores. “De ellos no asumir la responsabilidad histórica en esto, lo hacen por proteger sus propios puestos electivos. Lo que busco también es provocar la inquietud en el pueblo y que sea el mismo pueblo, a través de llamadas y cartas, el que le reclame este proceso democrático que hace falta”, señaló.

La resolución, redactada en el formato legislativo y de la que obtuvo copia este diario, propone enmendar la sección 2 del Artículo IV (Del Poder Ejecutivo); la sección 4 del Artículo VI (Disposiciones Generales); e incorporar a la Constitución una nueva sección 21 al Artículo II (Carta de Derechos). De esta forma, el cargo de gobernador y de los miembros de la Legislatura sería por un término de cinco años, con derecho a una sola reelección. “No necesariamente tiene que ser consecutiva esa elección. Pero solo serían dos términos”, precisó

Además, se le permitiría al pueblo el derecho a revocar el mandato del gobernador y de sus legisladores.

Para ello, la resolución concurrente propone un “referéndum especial” en el que se vote por la enmienda. Esa votación, propone la medida, sería el domingo, 10 de abril de 2016. “La Legislatura tendría que hacer una asignación (de fondos). ¿Cómo lo haría? Recortando en áreas que no sean necesarias como contratos de servicios profesionales”, dijo Rodríguez Nieves al ser preguntado sobre los fondos para sufragar la consulta al pueblo.

Aunque la medida reconoce que la Constitución de Puerto Rico es deavanzada, recalca que “existe ausencia de disposición sobre la figura de revocación sobre esos incumbentes” y que al establecer un término máximo al que pueden aspirar gobernantes y legisladores, se evita que se perpetúen en los cargos. “Con ello se afianzan las democracias”, dice la medida.

Menciona que países europeos y latinoamericanos ya tienen disponible esa herramienta. Destaca que cinco años es un término razonable para que un gobernante pueda poner en vigor su programa de gobierno y políticas para el País. Ahora bien, reconoce igualmente que el término puede ser “contraproducente”.

“Ese incumbente puede resultar en detrimento para el pueblo al ejecutar acciones nefastas al aspecto socio-económico del país, por lo que amerita establecer bajo la Constitución el proceso de revocación del mandato para el cual previamente fue electo el funcionario”, indica.

“Bajo el concepto revocatorio se busca una forma abarcadora de participación democrática como mecanismo de participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía. Teniendo ello un efecto disciplinario sobre funcionarios electos, en el que los representantes elegidos tomaran menos decisiones impopulares en contra del pueblo, si esto puede provocar que sean más susceptibles de ser objeto de una campaña revocatoria”, agrega.

Rodríguez Nieves justifica la medida indicando que el pueblo “ha venido experimentando y sufriendo, específicamente desde inicio de la década del 2000 hasta nuestros días” y reclama “mayores poderes que encausen las riendas del gobierno con el propósito de asegurar la continuación de las áreas programáticas y, por tanto, que los gobernantes de nuestro País piensen en los ciudadanos del futuro y no en sus reelecciones”.