El presidente del Comité de Recursos Naturales del Cámara de Representantes de Estados Unidos, Rob Bishop, anunció ayer que trabajará un nuevo proyecto de ley junto al comisionado residente en Washington D.C., Pedro Pierluisi, cuyo enfoque será crear una junta de control fiscal como remedio republicano a la crisis económica y fiscal que se ha extendido durante una década en la Isla.

Bishop, quien bromeó al principio de su deposición con que la discusión sobre béisbol era más importante que el tema de Puerto Rico, hizo cuatro preguntas puntuales para definir el poder que tendrá la junta federal que supervisará las finanzas de Puerto Rico y que tendrá entre sus responsabilidades preparar un presupuesto balanceado y hacer proyecciones más acertadas de ingresos y gastos.

La autoridad o junta que finalmente se establezca pudiera tener poderes no sólo para controlar las finanzas gubernamentales de Puerto Rico sino para reestructurar la deuda pública, según se derivó de las intervenciones de Pierluisi ayer durante la vista del subcomité de Asuntos Indígenas, Insulares y Nativos de Alaska.

Todo parece indicar que los republicanos cumplirán la promesa que hizo el líder de la Cámara de Representantes federal, Paul Ryan, de atender la deuda de más de $72 mil millones de Puerto Rico antes del 31 de marzo. Ryan se reunió ayer con el presidente Barack Obama y discutió, entre varios temas, “lo que podrían hacer por la crisis de endeudamiento de Puerto Rico”, confirmó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.

Entretanto, Pierluisi destacó que conforme a las conversaciones que ha sostenido con Bishop y con el portavoz demócrata de la comisión, Raúl Grijalva, ambos “son conscientes de que la legislación no debe limitarse a la creación de la junta o autoridad y que debe corregir por lo menos algunas de las disparidades que sufrimos en programas como el Medicaid y el de créditos contributivos federales”.

“Aproveché la vista para sentar las bases para la posible creación de una junta o autoridad que asista al gobierno de Puerto Rico a poner su casa en orden y a reestructurar el pago de sus obligaciones. También, durante la audiencia tuve la oportunidad de consultar al presidente de la comisión- Bishop- y al portavoz de la minoría de la comisión- Raúl Grijalva- sobre los parámetros de la legislación que se estará laborando en el futuro inmdiato”, sostuvo Pierluisi a preguntas de EL VOCERO.

El ala republicana del Congreso estadounidense todavía está definiendo el alcance y la estructura que debe tener la junta federal. Además, mediante varias intervenciones se dejó plasmado que cualquier medida de reestructuración debe estar sujeta a que el gobierno de Puerto Rico primero restablezca la credibilidad de los mercados mediante reformas gubernamentales “difíciles”.

Incluso, el republicano Raúl Labrador, que en el pasado se ha opuesto a una herramienta de reestructuración, indicó ayer que “está abierto a la reestructuración” aunque no le parece que esa alternativa “sea un plan, sino un paso en el plan”.

Coincidió el congresista republicano del distrito de Alaska, Don Young, un tradicional defensor de la estadidad para Puerto Rico, quien aseguró que la extensión del Capítulo 9 del Código de Rentas Internas federal para permitir que corporaciones públicas radiquen quiebra “era un proceso, pero no una solución” a la crisis como lo ha hecho ver la administración de Alejandro García Padilla y ambos líderes legislativos por el Partido Popular Democrático (PPD).

Las preguntas de Bishop fueron dirigidas a encontrar un balance entre lograr que Puerto Rico mejore su credibilidad y transparencia financiera para conseguir una clasificación alta de sus bonos que le permita regresar al mercado de valores, mientras cuenta con una herramienta legal para forzar a los acreedores más intransigentes a la mesa de negociación.

“Para aquellos que abogan por una junta asesora, ¿cómo va el gobierno de Puerto Rico a convencer a alguien de que va a seguir el consejo de esa junta cuando parece que ya le han dado buenos consejos que ha ignorado?”, cuestionó Bishop.

Entonces, agregó: “pero para aquellos que abogan por una junta de control fuerte, ¿cómo podría la junta llevar a cabo su propósito, con el debido respeto a la gente de la Isla y a la integridad de su gobierno?”. Este cuestionamiento surge luego de que García Padilla y Pierluisi han insistido en que se debe respetar la autonomía de la Isla.

El proyecto que presentaría Bishop sería el tercero relacionado a la crisis fiscal de Puerto Rico que se presentaría ante el Congreso, pero el primero que contaría con un puertorriqueño-Pierluisi- sentado en la mesa de redacción. Se espera además que el presidente del Comité de Recursos Naturales celebre una audiencia sobre la medida, supo EL VOCERO.

En tanto, el exalcalde del Distrito de Columbia, Anthony Williams, respondió a esa pregunta pidiendo al Congreso de Estados Unidos que la junta de control fiscal que finalmente se apruebe para Puerto Rico sea una con suficiente poder, y no meramente de asesoría o supervisión, sobre el gobierno del Estado Libre Asociado.

“Creo que debe ser una junta de control fuerte, pero que trabaje junto al gobierno. Esta noción de que una junta de control fuerte será como un Darth Vader de la cual todo el mundo va a huir, no tiene que ser así si se hace de forma correcta”, expresó quien fue el principal oficial financiero de Washington D.C. que trabajó mano a mano con la junta de control fiscal aprobada por el Congreso a finales de la década de 1990.

Williams testificó sobre su experiencia manejando el déficit millonario de la capital federal cuando adquirió poder para contratar y despedir a todo la plantilla de la división de presupuesto en 1996, pese a la oposición del alcalde Marion Barry. Dijo que lo ideal es que sea una estructura de cinco personas expertas en temas financieros que trabajen junto al gobierno y la legislatura de Puerto Rico con la meta de aumentar los ingresos mediante una mayor inversión de capital privado estadounidense.

Estas expresiones encontraron eco en los argumentos del defensor legal de los dueños de los bonos de Puerto Rico, Thomas Moers Mayer, quien refutó que a Puerto Rico se le permita reestructurar su deuda al reducir el problema a uno “de mala administración”.

Cuando Labrador preguntó la razón de su oposición aún si el gobierno de Puerto Rico tomaba las medidas de estabilidad financiera para garantizar la salida posterior al mercado de bonos en repago a la deuda, el abogado de los bonistas contestó que solo querían condicionar la opción de quiebra al voto de los acreedores.

“No creo que pueda recobrar acceso al mercado si usa el Capítulo 9. Creo que tendrá efecto ‘knock-out’ en todo Estados Unidos”, sentenció el abogado de los bonistas que representa a los fondos de cobertura Franklin Advisors y Oppenheimer, dueños de $10 mil millones de bonos de Puerto Rico supuestamente pertenecientes a 600 mil clientes.

A preguntas de la congresista demócrata Nydia Velázquez, el exalcalde de D.C. reconoció que la deuda que tenía la capital federal en los noventa es incomparable a la magnitud de la deuda pública de más de $72 mil millones que ya el gobernador García Padilla ha declarado impagable.
Moers Mayer recordó, además, que el Capítulo 9, tal y como está redactado, solo le permitirá a Puerto Rico reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Velázquez le recordó a Moers Mayer que ya el gobierno de Puerto Rico ha aumentado el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a 11.5%, el más alto en Estados Unidos, redujo el desempleo, cortó gastos por 20%, aprobó reformas de pensiones, consolidó cientos de escuelas. Recordó incluso que Puerto Rico tomó $400 millones prestados en pagarés por anticipación de ingresos de Hacienda provenientes de los fondos de seguro de trabajadores, a la vez que ha recurrido a la venta de activos del Sistema de Retiro.

“Es un camino carretera abajo que continuará a menos que haya un cambio sustancial. Una reestructuración justa y equitativa de la deuda debe ser incluida como alternativa. Creo que se debe reestructurar toda la deuda”, coincidió el profesor Simon Johnson del MIT Sloan School of Management al avalar la propuesta del Tesoro federal para que se incluya un Capítulo especial que le permita a Puerto Rico reestructurar la deuda de obligación general, en lugar de únicamente las corporaciones.

Justo cuando su tiempo se expiraba, Velázquez le recordó a Moers Mayer que “ellos (los bonistas) sabían de las condiciones (de riesgo) en que estaban comprando los bonos con anterioridad a la compra”, como también lo hizo el congresista puertorriqueño Luis Gutiérrez: “no pongan en nosotros toda la responsabilidad por algo que ustedes vendieron a los ‘senior citizen’… fue el mercado quien hizo la venta”.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.