El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, reconoció que la meta de la aprobación de la Ley 72-que eleva el impuesto que grava las compras entre las compañías matrices y sus filiales en Puerto Rico-‘transfer pricing’-tenía el propósito de recaudar de fondos para las arcas del gobierno.

“Esto no se trata del ‘transfer pricing’, ¿la meta era recaudar fondos?”, cuestionó a Zaragoza, Neal Manne, uno de los abogados de la multinacional.

“Eso es correcto”, respondió el funcionario.

“¿Es un impuesto Walmart?”, preguntó el letrado. “Es correcto”, contestó Zaragoza.

Las declaraciones del titular de Hacienda se produjeron durante el tercer día del juicio sobre la demanda que radicó Walmart contra el gobierno de Puerto Rico en la que la empresa reta la constitucionalidad de la Ley 72, que cambió la tributación sobre compras entre la compañía matriz y sus oficinas en la Isla. El juicio se celebra ante el juez federal José Fusté.

Zaragoza indicó que no sabe de ninguna otra empresa en la Isla que caiga en ese “bracket” (escala contributiva) para el pago de ese impuesto.

De la discusión surgió que Zaragoza no fue el proponente del controvertido impuesto y que incluso, había recomendado que se redujera el “transfer pricing”.

Zaragoza sí había propuesto que se vigilaran a los evasores contributivos y que se hiciera una lista de cadenas multinacionales que reportaban pérdidas y que a Hacienda le parecía sospechoso. El funcionario afirmó que Walmart no figuraba en ese listado.

Durante el contrainterrogatorio a cargo de Susan Brooke, abogada del gobierno de Puerto Rico, Zaragoza explicó que la aprobación de la Ley 72 surgió luego de que no se aprobara la implementación de un Impuesto al Valor Añadido (IVA) de 16 por ciento.

Destacó que como no se podía reducir los gastos operacionales como nómina, ni imponer adicionales al alcohol y cigarrillos, ni las contribuciones a los individuos, la única opción era impuestos a las corporaciones como el “transfer pricing”.

En cuanto a la búsqueda de asistencia de entidades al problema fiscal de la Isla, Zarazgoza comentó que recientemente solicitaron la colaboración del Departamento del Tesoro.

Insisten en desestimación de la demanda 

De otro lado, luego de que Walmart concluyera la presentación de su prueba del caso, José González Castañer, abogado del gobierno de Puerto Rico, pidió al juez que desestime la demanda al argumentar que la corte federal no tiene jurisdicción en el caso.

El letrado expuso que según la Ley Butler las cortes federales no deben intervenir en asuntos contributivos de los estados.

A su vez, planteó que el foro estatal es el “foro ideal” para obtener el remedio que los demandantes solicitan.

“Los números que ellos retan son prácticamente los mismos que pagaron el año pasado”, argumentó el representante legal del Estado Libre Asociado (ELA).

Por su parte, Manne se opuso a la desestimación del caso y afirmó que presentaron la evidencia necesaria para demostrar que la corte federal tiene jurisdicción.

“Walmart no busca un trato especial. Walmart quiere ser protegido de ser tratado de forma diferente…el secretario concedió que fue un impuesto para Walmart…Hacienda diseñó un impuesto basado en Walmart”, sostuvo.

Fusté se reservó el fallo sobre la petición del ELA hasta tanto no evalúe la prueba del gobierno de Puerto Rico.

En horas de la tarde de ayer declaró Víctor Pizarro, secretario de Rentas Internas de Hacienda.

Walmart radicó una demanda contra el gobierno de Puerto Rico en el Tribunal federal en la que impugna la constitucionalidad de la Ley 72, al alegar que penalizar arbitrariamente la empresa al imponerle una tasa contributiva estimada en 91.5 por ciento, la cual entienden que es la más alta para cualquier compañía en la Isla.

La empresa alega que el estatuto solo evalúa las compras de bienes y servicios de las entidades establecidas fuera de Puerto Rico y que exime específicamente las compras que se encuentran en el interior de la Isla.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal