El gobernador, Alejandro García Padilla, no cree que la megatienda Walmart descontinuaría sus operaciones en la Isla si prevalece vigente Ley 72, la cual le impone a la multinacional una contributiva estimada de 91.5 por ciento.

“Pobres muchachos de Walmart. Yo creo que Walmart ha decidido demandar al pueblo de Puerto Rico en el momento en que el pueblo más necesita. Por supuesto que no les creo. Lo dije cuando estaba en DACO, y no es correcto que tengan una tasa efectiva de 91 %. Vamos a ver si el juez se decide por Puerto Rico o  por Walmart, esa es la decisión del juez”, explicó el primer mandatario en el programa ‘Jugando Pelota Dura’.

Las reacciones del primer mandatario surgen luego de que el  vicepresidente de impuestos especiales de Walmart, Anthony Walker, afirmara que  de permanecer vigente la Ley 72, le impedirá continuar sus operaciones en Puerto Rico.

“Los consumidores tiene que saber que Wal-Mart está demandando por dinero, Walmart está demandando por chavos a Puerto Rico en el momento que Puerto Rico tiene una crisis económica”, dijo el gobernador.

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Walmart Puerto Rico radicó en el tribunal federal un recurso legal en contra del secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, por la Ley 72, que dispone un cambio en la tributación entre la compañía matriz y a las operaciones en Puerto Rico (transfer pricing), que ha inflado la tasa contributiva efectiva estimada en un 91.5%.

La alegación de Walmart Puerto Rico, es que la Ley 72 viola la Cláusula de Comercio Interestatal, la Cláusula de Igual Protección y la ley de Relaciones Federales.

Según Walmart, “por su propia naturaleza (la Ley 72) es una discriminación contra el comercio interestatal”. Alegan que solo evalúa las compras de bienes y servicios de las entidades establecidas fuera de Puerto Rico y que exime específicamente las compras  que se encuentran en el interior de la isla. “La historia legislativa de la Ley 72 demuestra que este efecto discriminatorio se contempla expresamente, y, de hecho, fue el objetivo de la legislatura”, reza la demanda, por lo que la catalogan como inconstitucional bajo la Cláusula de Comercio Interestatal.

Bajo argumentos similares, alegan que viola la Claúsula de Igual Protección y la Ley de Relaciones Federales.

Solicitan que se deje sin efecto el estatuto y que se declare inconstitucional, ya que es la tasa más alta que paga cualquier empresa en la isla y la más alta que paga Walmart en cualquier parte del mundo que operan, según argumentaron. Además, pidieron que el gobierno incurra con los gastos de honorarios y abogados.

“Estamos retando la Ley 72 porque es inconstitucional y penaliza arbitrariamente a Walmart”, dijo través de un comunicado de prensa, Lorenzo López, portavoz de la empresa en Arkansas. A su vez, dijo que el estado es un castigo para la empresa, a pesar de “ser la empresa privada que más empleos genera en la Isla y uno de los mayores contribuyentes a su economía”.

A través de la comunicación escrita, la empresa alega que decidió hacer frente a la Ley en el foro federal, en vez de pasarles el aumento en las contribuciones a los clientes.

Según las cifras que provee la megatienda, cuentan con aproximadamente 14 mil asociados; compran $1.6 millones a suplidores locales e invierten $500 millones en productos manufacturados o cosechados en Puerto Rico. Además, indicaron que pagaron $94 millones en impuestos estatales y municipales  y remitió más de $100 millones en impuestos sobre la venta y uso (IVU).

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