Puerto Rico se ha deteriorado tanto que para muchos la primera opción es abandonar la isla y buscar calidad de vida en uno de los estados de la nación.
Los recientes asesinatos de una joven fiscal y una joven de 18 años convaleciente en un hospital de Mayagüez han sacudido al pueblo hasta hacernos pensar si la isla se nos fue totalmente de las manos o si aún tiene remedio.
Hay que felicitar a la Policía, al Departamento de Justicia local y federal así como a sectores de la ciudadanía que cooperaron para solucionar ambos crímenes.
Las sabandijas acusadas del asesinato de la fiscal son un claro ejemplo de la calidad de ciudadanos que estamos forjando en Puerto Rico. Asesinaron a una joven fiscal porque les gustó el carro que ella manejaba y había que matarla para quitárselo. Otro de igual calaña asesinó, a saber por qué a una joven convaleciente de un parto.
Hace poco más de cuatro años escribí un artículo titulado: “La Constitución no puede ser impedimento para combatir la criminalidad.”
Señalé en aquella ocasión lo siguiente:
“Asaltar para robar o hacer ‘carjacking’ ya no es suficiente. Ahora hay que asesinar viciosamente a la víctima del robo. Por mirar a una joven, un varón inseguro y celoso con ínfulas de macharrán mata a cualquiera de varios disparos. Pisar sin querer el zapato de un joven-a pesar de disculparse- es motivo para asesinarle a disparos. Para este nuevo cosecho de asesinos concebidos y criados en la década de los años 80 en adelante la vida no vale nada”.
Desgraciadamente hemos producido dos generaciones con un porcentaje demasiado alto de individuos que no respetan las leyes, la autoridad, a sus padres, maestros, a nada ni a nadie. Muchos de estos son sociópatas (trastorno de personalidad antisocial) que no tienen noción de la importancia de las leyes, normas sociales ni de los derechos de los demás. La mayor parte de los asesinatos y matanzas del presente con su secuela de víctimas inocentes son cometidas por sociópatas o sicópatas sin conciencia ni sentimientos. En estos últimos en sus cerebros ya han ocurrido cambios irreversibles que hacen que no sean susceptibles a tratamiento ni a rehabilitación, por lo que las opciones que tiene el Estado son, encerrarlos de por vida en cárceles de máxima seguridad, o-dependiendo de sus crímenes-aplicarles la pena capital.
Las leyes, así como la aprobación de la Constitución que rige a un pueblo en una democracia, son decisiones que se toman respondiendo a la realidad, de las circunstancias y de las aspiraciones del pueblo. En 1952, cuando se aprobó nuestra Constitución conteniendo la prohibición de la pena de muerte, los problemas del país eran muy distintos a los del presente. Las drogas, ni la criminalidad, ni el SIDA, ni la violencia doméstica, ni la mayor parte de los problemas que hoy padecemos habían hecho su entrada a nuestro entorno, y los de éstos que existían se encontraban en niveles socialmente tolerables. Por consiguiente, los padres de la Constitución no previeron el mundo en el que seis décadas más tarde nos tocaría vivir, ni el tipo de problemas que confrontaríamos.
Para frenar esta situación la ciudadanía exige del gobierno acción inmediata con todas las medidas preventivas y punitivas existentes. Pero el país no puede enfrentarse a la presente ola criminal y a estos asesinos con las restricciones y limitaciones que le impone una constitución que fue diseñada para circunstancias muy distintas. Esta no puede ser impedimento para lograr una sociedad que sea capaz de reaccionar a la altura de los retos del presente… es ya tiempo de que a nuestro pueblo se le consulte respecto a enmendar la Constitución para adoptar la pena capital como otra importante medida para lidiar con esta deplorable situación.
La pena capital es una importante herramienta adicional para luchar contra el flagelo de la criminalidad rampante. Por todas partes el sentir del pueblo es que hay que implantar la pena capital enmendando la constitución o de la manera que sea. Si vivimos en un régimen democrático donde se respeta la voluntad del pueblo… consúltesele. Estoy seguro de que el apoyo a esta medida será masivo. El país ya no aguanta más. ¡Ya es hora de hacerlo!”
Estas cuatro sabandijas de ser encontradas culpables confrontarán una pena de cárcel de por vida. Los contribuyentes tendremos que mantenerlos a razón de $40,000 anuales por cada uno. O sea $160,000 anuales. Asumiendo que permanezcan en la cárcel 60 años, habremos invertido en ellos $9,600,000.00. ¿Vale la pena?
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