A veces las crisis son buenas. Nos fuerzan a poner los pies en la tierra. Nos hacen ver lo obvio que eran soluciones que teníamos delante y no reconocíamos.
Tal parece ser el caso del más reciente informe sobre la Universidad de Puerto Rico (UPR) comisionado por la Asociación de Juntas de Gobierno de Universidades y Colegios.
Hay muchas cosas que están mal en la universidad del estado. Y una de las peores es el estado de sus finanzas. Por años, la UPR se ha beneficiado de una longeva pero absurda e ineficiente práctica presupuestaria que determina la subvención del gobierno central no a partir de las necesidades fiscales de la institución sino como un porciento arbitrario del Fondo General.
Independientemente de las buenas intenciones de quienes en su día establecieron tal fórmula, hoy es evidente que la misma ha fomentado la indisciplina presupuestaria y la ineficiencia administrativa. Mientras mayor ha sido el presupuesto del gobierno central, mayor la partida que se le ha asignado a la universidad. Hasta ahí, bien. Pero el monstruo se acostumbró a tragar mayores presupuestos cada año, de forma tal que cuando la crisis fiscal requirió reducciones en el presupuesto del estado, la puerca entorchó el rabo. Resultado: un desbarajuste fiscal sin precedente, el crédito de la UPR degradado a chatarra y una estrechez en el flujo de caja que tiene al sistema al punto de la insolvencia.
Ahora, un informe recomienda una serie de soluciones que se caen de la mata: consolidar los recintos regionales, dotar de mayor autonomía a los recintos más grandes, reducir los costos operacionales de la administración central en un 25%, reducir personal, establecer una meta de ahorros anuales de 5% en servicios a la Junta de Gobierno, y ajustes en el modelo gerencial de “gobierno compartido” que a menudo resulta en que nadie asume responsabilidad por las decisiones que se toman, entre otras.
Está por verse cuál será la voluntad de la UPR en adoptar estas recomendaciones. Pero el mero hecho de reconocer la necesidad de cambio -aunque haya sido forzado por la crisis fiscal que confronta- es un paso en la dirección correcta.
Un paso en la dirección correcta es también la decisión del Presidente Obama de incluir en su petición presupuestaria para el año fiscal federal 2017, un mejor trato para Puerto Rico bajo los programas federales de salud Medicaid y Medicare, así como el de créditos contributivos por ingresos devengados (EITC, por sus siglas en inglés), reclamos que habría hecho el Comisionado Residente Pierluisi en proyectos que hasta ahora estaban durmiendo el sueños de los justos.
La petición presupuestaria de Obama, que tendría que ser refrendada por el Congreso, les daría a los puertorriqueños el mismo trato que se les da en los estados bajo Medicaid a personas que están bajo el nivel de pobreza federal. La medida no solo corregiría una gran injusticia social, sino que aliviaría enormemente la precariedad fiscal del gobierno. En parte por el trato desigual bajo Medicaid, a través de los años el gobierno local ha tenido que endeudarse para poder proveer servicios de salud adecuados a los médico-indigentes. La propuesta presupuestaria de Obama aumentaría el financiamiento federal del sistema de salud en Puerto Rico la friolera de $30,000 millones durante los próximos 10 años. Son buenos.
El presupuesto también propone proveerle a Puerto Rico trato como el que reciben los estados bajo el EITC, un poderoso incentivo al empleo que debe ayudar a reducir la tasa de pobreza y aumentar la tasa de participación laboral. Se estima que la propuesta de EITC para la Isla resultará en $6,000 millones adicionales para los trabajadores puertorriqueños durante los próximos 10 años. También son buenos.
Finalmente, el presupuesto de Obama también urge al Congreso a aprobar un mecanismo de reestructuración de deuda para Puerto Rico. Aunque hay diversos criterios sobre la naturaleza y el alcance de cualquier autoridad para dicha reestructuración, parece haber un consenso creciente de que Puerto Rico necesita dicha facultad para salir adelante.
Ya veremos qué respuesta da el Congreso.
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