El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, criticó el rechazo del candidato del Partido Popular Democrático, David Bernier, en entrar en la discusión del status de Puerto Rico, como invitara el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) a ambos partidos.
“Es lamentable que en momentos donde Puerto Rico necesita un liderato comprometido con dar un paso al frente para aportar a las soluciones de los problemas que enfrentamos como pueblo, David Bernier haya optado por continuar posponiendo la discusión del asunto del estatus”, indicó en declaraciones escritas.
“Si algo nos ha demostrado la presente crisis es que resolver el tema del estatus es una prioridad. No es de líderes rehuir la discusión de un tema tan importante para nuestra Isla”, manifestó Pierluisi, comisionado residente en Washington.
“El señor Bernier rehúye a su deber patriótico, poniendo los intereses de su partido por encima del bienestar de los puertorriqueños. El decir que tenemos que esperar por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para discutir el tema del estatus de nuestra Isla es la evidencia mas contundente de que los consume el dilema del colonizado”, agregó.
Pierluisi insistió en que está “en la mejor disposición de reunirnos para discutir tan importante tema”.
InterNewsService
Lea Sobre los Fondos Federales –
http://www2.pr.gov/agencias/FederalFunds/
Documents/Fondos%20Fderales%20vFINAL.pdf
La junta fiscal federal
Por: Roberto Rivera Cruz, abogado
Se discute en Washington la posibilidad de establecer una junta o autoridad federal que fiscalice las maltrechas finanzas del
Gobierno de Puerto Rico. Aunque se debate la función específica de dicha junta—control o supervisión fiscal—lo cierto es que esta acción puede tener un resultado limitado. Independientemente del rol que finalmente ejerza la junta, el efecto de este ente federal será efímero si no atiende simultáneamente el problema principal responsable de nuestra crisis: el fracaso y colapso de nuestro estatus territorial-colonial bajo el ELA y las limitaciones que impone a nuestro desarrollo.
La historia sigue dejando al desnudo nuestra realidad colonial bajo el ELA y desenmascarando las mentiras y mitos de los defensores de la colonia. De hecho, recientemente, la Administración Obama consignó diáfanamente en el récord del caso Puerto Rico v. Sánchez Valle en el Tribunal Supremo federal, que el ELA carece de soberanía propia y que es un territorio sujeto a los poderes del Congreso.
Pero además de este pronunciamiento legal—expresado anteriormente en informes del “TaskForce” de Casa Blanca, bajo presidencias republicanas y demócratas—nuestra condición de inferioridad política continúa quedando evidenciada con hechos concretos, como el estado de indefensión y estancamiento en que el ELA nos ha dejado ante los retos fiscales y el colapso
de nuestra economía. Y a esto se añade ahora, el establecimiento por el Congreso de una junta federal para tratar de estabilizar las finanzas del Gobierno de Puerto Rico y poner la casa en orden en un sistema colonial que implosionó, descontrolado y que se le ha ido de las manos a sus creadores y al actual gobierno en la Isla.
Distinto a un país independiente, Puerto Rico no tiene a su disposición la asistencia de organismos como el Fondo Monetario
Internacional. Y por no ser estado, tampoco tiene disponible remedios como el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, ni la igualdad y el poder político para atender adecuadamente nuestros asuntos en Washington. De esta forma, y como por justicia poética, queda demostrado una vez más que el ELA es en realidad lo peor de dos mundos.
Es por ello que, aunque la junta fiscal federal que se establezca logre resultados en su gestión, los mismos serán temporeros y
terminarán siendo parchos si no se atiende y resuelve al mismo tiempo nuestro estatus político. De hecho, el más reciente informe del “Task Force” de Casa Blanca reconoce que “la identificación de la manera más eficaz de contribuir a la economía de Puerto Rico depende de la resolución de la fundamental cuestión del estatus”, y que “el bienestar económico a largo plazo de Puerto Rico mejoraría considerablemente con una pronta decisión sobre el asunto del estatus”.
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