Según la acusación, las agencias afectadas por el esquema fueron la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Cámara de Representantes y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). (Archivo/GFR)
El recaudador del Partido Popular Democrático (PPD) Anaudi Hernández Pérez alcanzó un acuerdo con la Fiscalía Federal para declararse culpable por corrupción pública y ayer solicitó al juez federal Pedro A. Delgado que paute una vista para admitir los hechos en su contra.
El juez federal Delgado, ayer mismo en la tarde, pautó la vista de admisión de culpa de Hernández Pérez para el próximo jueves 18 de febrero, a las 3:00 p.m., en la sala 3 del Tribunal Federal.
Ayer Osvaldo Carlo Linares, abogado del recaudador del PPD, radicó la moción de cambio de alegación de culpa y solicitó que se pautará cuanto antes.
“El acusado ha llegado a un acuerdo de culpabilidad con los Estados Unidos y solicita respetuosamente a este tribunal que paute una vista para cambio de alegación lo antes posible”, reza la moción.
Fuentes de El Nuevo Día detallaron que la solicitud de admisión de culpa de Hernández Pérez, quien es amigo cercano del gobernador Alejandro García Padilla y del presidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló, responde a una negociación de cooperación que el recaudador del PPD tiene con la Fiscalía Federal.
AGP dijo días después del arresto a su Amigo del Alma Anaudi, que recomendó a miles como a Anaudi. Esperamos que afloren, que se les acuse y juzgue con la doctrina «El Búho», 12 años de presidio por cada $600.00 malgastados.
Desde hace varios meses las autoridades federales aúnan esfuerzos para ampliar una pesquisa por corrupción pública que involucra a varios allegados a la administración de García Padilla y al PPD.
El juez federal Delgado impuso una orden de mordaza en el caso de Hernández Pérez, que incluye a todas las partes, razón por la que ayer fue imposible conseguir alguna reacción de la defensa del empresario y recaudador del PPD ni de las autoridades federales.
El pasado 3 de diciembre de 2015 un Gran Jurado federal emitió un pliego acusatorio de 25 cargos por conspiración, soborno, extorsión, destrucción de evidencia, declaraciones falsas, obstrucción a la justicia y lavado de dinero, entre otros, contra el recaudador del PPD Hernández Pérez; la exadministradora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL) Sally López Martínez; contra Sonia M. Barreto Colón, quien fue la directora de compras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); Ivonne Falcón, tesorera y exvicepresidenta ejecutiva de la AAA y su hermana Marielis Falcón; así como contra los empresarios Javier Muñiz Álvarez y Carlos Luna Cruz; el administrador de la Cámara de Representantes, González Calderón; y su asistente Rivera Pizarro; y Víctor Burgos Cotto, exdirector de Informática y Tecnología de la Cámara.
Según el pliego acusatorio, que consta de 64 páginas, Hernández Pérez utilizó sus conexiones políticas en La Fortaleza para asegurarse de que se nombraran personas de su confianza a posiciones claves en distintas agencias en las que le interesaba obtener contratos con sus distintas compañías.
Las personas de confianza de Hernández Pérez le enviaron al recaudador del PPD sus resumés a fin de que el empresario les consiguiera trabajo en el gobierno a través del hermano del gobernador, Luis Gerardo “Jerry” García Padilla.
Y según la acusación federal, así lo hicieron los imputados Sally López, Sonia Barreto, Xavier González Calderón y Glenn Rivera Pizarro.
Asimismo, la acusación destaca que Hernández Pérez, sin limitarse a solicitar nombramientos en puestos clave, también utilizó la influencia del hermano del gobernador para pedir despidos de funcionarios ligados al Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
En resumen, el pliego acusatorio estableció que Hernández Pérez participó de tres esquemas de corrupción distintos que se llevaron a cabo en la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Cámara de Representantes y la AAA.
El primer esquema establece que el 4 de enero de 2013 Hernández Pérez le pidió al hermano del gobernador, Luis Gerardo García Padilla, ayuda para que se nombrara a Sally López Martínez en el Departamento del Trabajo.
A cambio, López Martínez favoreció a las compañías de Anaudi en varias propuestas y licitaciones para contratos en ADL. Intencionalmente, según la acusación, el nombre de Anaudi se obvió de los documentos públicos.
El segundo esquema, tal como establece la acusación, ocurrió entre Hernández Pérez e Ivonne Falcón Nieves, expresidenta ejecutiva de la AAA, y Sonia Barreto Colón, directora de Compras y Logística de la AAA, a quienes impulsó que fuesen nombradas a sus puestos a cambio de que favorecieran sus empresas en el otorgamiento de contrato.
Hernández Pérez, durante el 2013 y 2014, premió a ambas funcionarias del gobierno con obsequios como cenas en restaurantes de lujo, bolígrafos y boletos a conciertos y a eventos sociales.
En tanto, el tercer esquema se llevó a cabo, según la acusación, en la Cámara de Representantes con el propósito de que 3Comm Global obtuviera el contrato para reemplazar y dar servicio al sistema telefónico. La empresa recibió una ventaja competitiva sobre los demás licitadores basada en parte por su relación con el presidente de la Cámara, con González y Rivera Pizarro.
Anaudi Hernández pide declararse culpable por corrupción
Así consta en una moción radicada por su abogado Osvaldo Carlo, contenida en el expediente electrónico del caso
Todos los que saben predicen que el arreglo con los federales incluye declarar todo lo que sabe.
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO – 12:41 pm
El empresario Anaudi Hernández Pérez, acusado junto a otras nueve personas por participar en un esquema de corrupción, extorsión y lavado de dinero, para la obtención de contratos y beneficios en varias agencias de gobierno y corporaciones públicas para lucro persona, pidió al juez federal Pedro Delgado declararse culpable en relación a este caso.
Así consta en una moción radicada por su abogado Osvaldo Carlo, contenida en el expediente electrónico del caso.
La solicitud de Hernández Pérez surge un día después de que Carlo sometiera una moción en la que le informó al juez que se reunió con con uno de los fiscales del caso José Capó, -para discutir la evidencia con la que cuenta el ministerio público contra el acusado-. Durante una vista de status celebrada el pasado 25 de enero, el juez Delgado ordenó a cada uno de los representantes legales de los 10 acusados a reunirse con el gobierno para discutir la prueba contra estos.
Hernández Pérez y los restantes acusados, fueron arrestados el pasado 3 de diciembre. Durante una conferencia de prensa celebrada ese día, la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez y el exdirector del FBI en la Isla Carlos Cases, anticiparon que la pesquisa sobre este caso continúa, y que esos arrestos fueron la primera fase del caso.
El pliego acusatorio, cubre tres esquemas de soborno, extorsión y un patrón de corporación pública orquestado por Hernández Pérez y otros, desde finales de 2012 hasta el presente. Los 25 cargos están basados en tres conspiraciones o esquemas separados cuyo propósito era obtener contratos y beneficios con un valor aproximado de más de $2 millones con el gobierno de Puerto Rico para entidades corporativas controladas por Hernández Pérez, esto a través de influencias y pagos indebidos a varias agencias de Gobierno. Estas son: la Autoridad de Desarrollo Laboral (ADL), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Cámara de Representantes.
Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude a programas federales, soborno, conspiración de lavado de dinero, declaraciones falsas al gran jurado, obstrucción a la justicia y conspiración de fraude electrónico para privar al gobierno de Puerto Rico de dinero y propiedad.
También incluye un cargo de confiscación por el dinero producto de estos esquemas de sobre $2 millones y la lujosa mansión de Hernández Pérez de unos $4 millones, ubicada en Aguadilla.
Los restantes acusados son Ivonne Falcón, ex vice presidenta de la AAA; su hermana, Marielis Falcón; Sonia Barreto, directora de Compras de la AAA; Víctor Burgos, exempleado de la Cámara de Representantes y director de la Oficina de Sistemas de Información del Departamento de la Familia; Sally López, de la Oficina de Ayuda al Ciudadano en La Fortaleza; Glenn Rivera, excandidato al distrito de Fajardo por el PPD y empleado del Capitolio; Xavier González, administrador de la Cámara de Representantes; Javier Alexis Muñiz, precandidato a la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y Carlos Luna.
Se alega que a pocos días de las elecciones, el nuevo empresario y hoy acusado, Hernández Pérez, quien es íntimo amigo del gobernador Alejandro García Padilla y del presidente de la Cámara, Jaime Perelló, comenzó a repartir “el botín de guerra, Puerto Rico”.
Hernández Pérez es amigo del contable Lutgardo Acevedo López. Estos se conocieron cuando ambos eran policías. Anaudi fue testigo de cargo durante el juicio contra el exmagistrado del Tribunal de Aguadilla Manuel Acevedo Hernández. Acevedo López y Acevedo Hernández son convictos por corrupción judicial.
Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude a programas federales, soborno, conspiración de lavado de dinero, declaraciones falsas al gran jurado, obstrucción a la justicia y conspiración de fraude electrónico para privar al gobierno de Puerto Rico de dinero y propiedad.
También incluye un cargo de confiscación por el dinero producto de estos esquemas de sobre $2 millones y la lujosa mansión de Hernández Pérez de unos $4 millones, ubicada en Aguadilla.
Se alega que luego de las elecciones, Hernández Pérez utilizó sus conexiones políticas para asegurarse que se nombraran personas de su confianza a posiciones claves en distintas agencias del gobierno.
Estas personas, que sabían de sus influencias políticas, enviaron resumes a Hernández Pérez y este los enviaba al hermano del gobernador y le pedía ayuda para que fueran nombradas en posiciones de confianza.
Alegadamente, muchas de estas personas fueron nombradas a posiciones claves dentro de varias agencias gubernamentales, a cambio de la recomendación de Hernández Pérez, el nombramiento y cosas de valor como artículos de lujo, cenas y conciertos, entre otros, autorizaron contratos, órdenes de compra, propuestas y pagos para beneficio de Hernández Pérez y sus coconspiradores.
La acusación indica que Hernández Pérez no se limitó a solicitar nombramientos, sino que también solicitó al hermano del gobernador Luis Gerardo “Gerry” García Padilla, que se despidieran varios empleados que ocupaban puestos de confianza en la AAA por razones de su afiliación al Partido Nuevo Progresista (PNP).
El ministerio público cuenta con un correo electrónico que evidencia la gestión.
Esto ocurrió durante este mismo periodo de tiempo que Hernández Pérez viajó a Europa con entre otros, el primer ejecutivo, su hermano y sus respectivas familias, según dijo la fiscal Rodríguez.
Alegadamente, mientras el proceso de nombramientos en la nueva administración de gobierno seguía su curso, Hernández Pérez y varios coacusados -y personas que en este momento no han sido acusados- se dieron a la tarea de crear corporaciones para comenzar a hacer negocios con las distintas agencias del nuevo gobierno.
Se alega que estas personas comenzaron a estudiar y discutir propuestas, contratos y potenciales negocios en los cuales podían intervenir para lucrarse personalmente a través de estas entidades corporativas.
De acuerdo a la acusación, desde finales del 2012 hasta principios del 2013, Hernández Pérez y los acusados, planificaron con cuáles agencias iban a hacer negocios. Entre estas, la AAA, la Cámara de Representantes, la Administración de Servicios Generales (ASG), el Departamento de Salud, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSEC), el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico, la Administración de Seguros de Salud y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), entre otras.
Las corporaciones involucradas fueron identificadas como 3 Comm Global, Inc., Links Group, Kendall Consulting Group, Inc., JM Profesional & Training Group, Waffler Avenue, EKO Technologies -todas vinculadas a Hernández Pérez. La empresa I A Mech Chem, Inc -no está vinculada a Hernández Pérez. No obstante, este pidió $100 mil al “Contratista A”, para utilizar su influencia y contactos en la AAA para obtener el pago de casi $1 millón adeudado a esa empresa.
Durante la rueda de prensa el día de los arrestos, la fiscal Rodríguez señaló que “el nivel de confianza de Hernández Pérez dentro del gobierno era tal que el 4 de mayo del 2013, celebró su cumpleaños en la suite privada del gobernador en el Coliseo de Puerto Rico. Esa noche había un concierto en el Coliseo. La lista de invitados para dicha fiesta incluía jefes y empleados de alto nivel de agencias y corporaciones públicas y oficiales electos”.
La acusación señala que Hernández Pérez envió un correo electrónico a un empleado de La Fortaleza en el cual se seleccionaba la comida y bebida que iban a consumir sus invitados.
ESQUEMA UNO
Según la acusación, el 27 de diciembre del 2012, López Martínez, envió su resume por correo electrónico a Hernández Pérez. Ello, para que Hernández Pérez le pidiera ayuda a “Gerry” García Padilla, a fin que ayudara a nombrar a su amiga en el Departamento del Trabajo. El primer ejecutivo nombró a López Martínez como administradora de la ADL.
Se alega que, además de haberla recomendado para su puesto en la ADL, durante los años 2013 y 2014, Hernández Pérez le dio a López Martínez obsequios y artículos de valor para que a cambio de estos favoreciera sus compañías con la agencia.
El pliego acusatorio indica que Hernández Pérez le regaló a López Martínez carteras Carolina Herrera, Ferragamo, boletos de conciertos e invitaciones a otros eventos sociales.
Hernández Pérez mantenía récords electrónicos de estos obsequios.
Desde principios del 2013 y 2014 la compañía Links Group LLC, firmó un contrato con ADL el 23 de septiembre de 2013 por concepto de servicios profesionales para organizar y llevar a cabo entrenamientos de empleo. El contrato era de hasta $300 mil.
López Martínez firmó un contrato con 3 Comm Global el 30 de julio de 2013 por concepto de servicios profesionales con un tope de $86,720.00
López Martínez firmó un contrato por $200 mil el 17 de septiembre del 2013 por servicios profesionales para organizar y ofrecer ferias de empleo. El contrato fue enmendado el 3 de junio de 2014 para aumentar la cantidad a $800 mil.
El 17 de octubre del 2013, las partes suscribieron un segundo contrato de servicios profesionales para la realización de ferias de empleo por $300 mil.
Este contrato fue enmendado varias veces por López Martínez. El 20 de noviembre de 2013 incrementó en $460 mil; el 26 de febrero del 2014 para aumentar a $659 mil; el 22 de mayo para incrementar a $709,500; el 30 de junio de 2014 se subió a $809,500 y en septiembre del 2014 en $994,500.
El 13 de agosto de 2013 Waffler Avenue Inc., firmó un contrato de arrendamiento con la Corporación para el Desarrollo Hotelero para su local en la Ventana al Mar en Condado. El alquiler mensual acordado era de $2,506.22. Este contrato fue enmendado el 20 de marzo de 2015 para bajar la renta mensual a $2,254.80. El 8 de enero de 2014 López Martínez firmó un contrato con esta compañía para otorgarle fondos para entrenar a 42 nuevos empleados. Este contrato fue por $165,974.00.
SEGUNDO ESQUEMA
El segundo esquema involucra a Ivonne Falcón y Barreto Colón.
En enero del 2013 Falcón Nieves, fue nombrada vicepresidenta de la AAA.
El 6 de enero de 2013 Barreto Colón, envió un correo electrónico a Hernández Pérez y a otros coconspirador en el que anejó su resumé. En el correo electrónico indicó que trabajaba en la AAA como tesorera y que le interesaba ocupar el puesto de directora de Compras.
Se alega que el 30 de enero Hernández Pérez envió el resumé de Barreto Colón a un asesor en La Fortaleza. En febrero de 2013, el presidente ejecutivo -Alberto Lázaro-, recibió recomendaciones de un coconspirador y “presión” de La Fortaleza para nombrar a Barrero Colón al puesto. -Lázaro fue uno de los funcionarios de gobierno que compareció ante el gran jurado-.
Durante los años 2013 y 2014, Hernández Pérez y los coconspiradores le dieron obsequios y cosas de valor a Falcón Nieves y a Barreto Colón, para que a cambio de estos, favorecieran sus compañías en asuntos ante la consideración de la AAA, les dieran trato preferencial y les facilitaran información confidencial.
El 16 de mayo de 2013, Hernández Pérez alegadamente causó que se hiciera un pago en efectivo de $2,565.31 al CRIM para pagar una deuda que tenía Barreto Colón en la oficina regional de Aguadilla. También recibieron cenas en restaurantes de lujo (Morton’s $320), bolígrafos fuente ($1,665), boletos a conciertos e invitaciones a otros eventos sociales. Hernández Pérez mantenía récords electrónicos de todos los obsequios que le hizo a las acusadas.
La acusación señala que la compañía I A Mech, Inc., tenía un contrato de mantenimiento y servicio con la AAA desde el 2010 al 2013. Para febrero del 2013 la AAA le debía a esta empresa aproximadamente $1 millón. Entre febrero y junio de 2013 Hernández Pérez y los coconspiradores, utilizaron sus contactos en la AAA -incluyendo a Barreto Colón e Ivonne Falcón- para conseguir que se le pagara parte sustancial de la deuda a esta compañía. Como pago por haber conseguido que la AAA pagara esta deuda, Hernández Pérez y sus coconspiradores pidieron y recibieron de la compañía la cantidad de $100 mil.
Alegadamente, entre abril y junio del 2013 Barreto Colón y Falcón ayudaron a Hernández Pérez y sus cuates en la redacción de varias propuestas, las cuales eventualmente no prosperaron- para las páginas web en los departamentos de compras y recursos humanos de la AAA y para la creación de un sistema de identificación de radio frecuencia. Estos contratos -no logrados- hubiesen generado sobre $ 1 millón a 3 Comm Global. Para los mismos, las funcionarias supuestamente, les facilitaron en numerosas ocasiones, información confidencial, estudios internos e información técnica de la AAA para mejorar las propuestas que estaban preparando.
TERCER ESQUEMA
El tercer esquema involucra a Hernández Pérez y el defectuoso cuadro telefónico instalado por su empresa 3 Comm Global, la cual fue inforporada el 9 de noviembre del 2012, a solo días de las elecciones generales.
El 13 de noviembre de 2012 Xavier González Calderón le envió un correo electrónico a Hernández Pérez anejando su nombre y una carta al gobernador en la que expresaba su interés en trabajar en alguna agencia de gobierno.
El referido correo electrónico enviado a Hernández Pérez decía “GANAMOS!!!”.
En enero del 2013 el presidente de la Cámara Jaime Perelló, nombró a González Calderón a la posición de administrador de la cámara baja.
En esta plaza González Calderón tenía la autoridad de otorgar y firmar contratos.
La acusación señala que el 7 de febrero de 2013 Burgos Cotto envió un correo electrónico a González Calderón recomendado que los sistemas de comunicación en el referido cuerpo legislativo se debían integrar y modernizar.
El 18 de marzo de 2013 se iniciaron las comunicaciones entre la “Persona E” (Empleado de 3Comm) y un coconspirador no acusado, Burgos Cotto exdirector de Información y Tecnología de la Cámara y Hernández Pérez, pidiendo información para someter la propuesta para el contrato del cuadro telefónico. Entre el 21 de marzo y el 9 de mayo del 2013 -cuando Glenn Rivera Pizarro publicó la solicitud de propuesta formal ya 3 Comm, a través de la persona E, había sometido dos propuestas – una por $507,251.00 y la segunda por $499,122.00
El contrato de 3Comm fue firmado por González Calderón el 9 de octubre y aunque originalmente era de $149,900 fue enmendado en febrero del 2014 para añadir $37,205.00 Dos semanas después Rivera Pizarro le envió un correo electrónico a Hernández Pérez anejando su resume y solicitando ayuda para conseguir una posición en el gobierno.
Durante la rueda de prensa, Cases afirmó que el cuadro telefónico confrontó serios problemas técnicos y tuvieron que terminar el contrato con 3Comm y contratar los servicios de otra compañía “para arreglarle el desbarajuste dejado por 3 Comm. Pero aun así la Cámara le siguió pagando a 3 Comm $13,500 mensuales por el mantenimiento de de un cuadro telefónico que nunca pudo poner a funcionar correctamente”.
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