El aspirante a la nominación del Partido Nuevo Progresista para Comisionado Residente, Carlos I. Pesquera, instó al gobernador Alejandro García Padilla, que utilice los servicios de Charlie Black, cabildero republicano previamente contratado por el gobierno, para mejorar relaciones con los congresistas republicanos.
Black fue contratado en el 2013 por la administración de García Padilla para cabildear en contra de la estadidad entre los congresistas republicanos. “Si fue bueno para que se le otorgara un lucrativo contrato para hablar en contra de la Estadidad para Puerto Rico, deben utilizarlo ahora para que medie entre el liderato del PPD en el gobierno y los congresistas republicanos”, expresó Pesquera.
Pesquera destacó una entrevista que le hiciera el Caribbean Business a Black en febrero de 2013, en la cual el cabildero expresó que sería un suicidio para el Partido Republicano darle paso a la Estadidad a Puerto Rico debido a que eso representaría considerables aumentos en los programas de ayuda a Puerto Rico.
En la misma entrevista destacó además que los puertorriqueños votarían masivamente en favor de los demócratas, lo que significaría que los dos senadores y los seis representantes que Puerto Rico enviaría a la Cámara serían igualmente demócratas.
“No sé si al presente el señor Black tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico o con el PPD. Sin embargo, los ha tenido y se ha lucrado con dinero del pueblo de Puerto Rico, dinero que pertenece a nuestra gente y que tanta falta nos hace para atender la realidad de la isla. Es razonable pensar entonces que el Gobernador debe pedirle ahora que dé la cara por Puerto Rico abogando por nosotros ante sus amigos republicanos”, concluyó el candidato a la nominación del Partido Nuevo Progresista para comisionado residente.
Según se expuso, previo a la entrevista de Charlie Black en Caribbean Business, el actual Gobernador reconoció la existencia del contrato con Black a razón de $525.00 la hora. Dicho contrato fue canalizado a través de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington (PRFAA). Sin embargo, lo justificó diciendo que los $250,000.00 tope del contrato eran menos que lo que había gastado la administración de Fortuño en la capital federal.
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